COFEPRIS y SAT decomisan alcohol ilegal en Veracruz e Hidalgo
La COFEPRIS y EL SAT aseguran más de 825,000 litros de alcohol etílico y bebidas alcohólicas en dos empresas por irregularidades sanitarias y fiscales. El volumen asegurado en un solo operativo equivale a casi todo lo decomisado en 2013-2014 por parte de la autoridad sanitaria.
Se trata de alcohol etílico y bebidas alcohólicas de diferentes marcas que pretendían comercializarse al margen de la legislación sanitaria y fiscal.
En la compañía veracruzana, cuyo nombre se reserva porque continúa abierta la investigación, los inspectores del SAT iniciaron la revisión de comprobantes en materia de Impuesto Interno y Comercio Exterior, por ser un contribuyente presuntamente vinculado con la comercialización y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas.
En tanto que los verificadores de la COFEPRIS procedieron al aseguramiento de las bebidas alcohólicas y al cierre de la empresa, para prevenir riesgos a la salud, ya que se detectaron las siguientes anomalías:
- Bebidas en tanques de almacenamiento con malas prácticas.
- Alcohol etílico a granel.
- Malas condiciones sanitarias de almacenaje.
- Mal etiquetado.
- Bebidas sin demostrar su trazabilidad.
- Inconsistencias en el formato de registro de producción.
- Insumos sin calidad ni seguridad.
En la compañía de Veracruz los inspectores sanitarios decomisaron 788,155 litros de alcohol y bebidas irregulares, mientras que los restantes 37,518 litros se aseguraron en la empresa hidalguense.
En esta última, el SAT embargó 1,728 botellas de whisky por no contar con documentación que acredite su legal estancia en territorio nacional y detectó 16,972 botellas con marbetes apócrifos. Además, emitió tres órdenes de revisión de impuestos a contribuyentes vinculados a esta red.
El volumen asegurado en este operativo por la COFEPRIS equivale a casi todo el alcohol ilegal decomisado en los dos últimos años.
La COFEPRIS y el SAT reiteran que continuarán combatiendo juntos el mercado ilegal de vinos y licores, con el fin de proteger la salud de la población y evitar daños a la recaudación fiscal.
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