Se realizó en San Lázaro Mesa de trabajo, “La obesidad en México: una política sólida para combatir la epidemia”; participantes suman esfuerzos para promover alimentación saludable y actividad física

Durante de la Mesa de trabajo, “La obesidad en México: una política sólida para combatir la epidemia”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 no presenta reducción en el programa para la atención del sobrepeso.

Una epidemia que se debe combatir a la brevedad.

En el acto, organizado por la secretaria de la Comisión de Salud, diputada Carmen Medel Palma, el funcionario relató que efectivamente en la propuesta del Ejecutivo los recursos para este programa llegaron en 33 millones, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un estudio que le arrojó que este era poco transparente y daba margen de discrecionalidad en las trasferencias presupuestales a las entidades federativas sin tener obligación de rendir cuentas.

Ante este panorama, los legisladores lograron 532 millones de pesos para el 2019; con estos recursos, comentó, se busca generar una política pública orientada hacia una salud integral donde exista la oportunidad de tener acceso universal a la atención médica, empoderar a la ciudadanía y lograr la transformación del Sistema de Salud.

Detalló que para esta tarea se requiere trabajar con los 3 órdenes de gobierno, ya que el problema de la obesidad no es asunto individual, sino colectivo.

Añadió que se debe modificar la perspectiva individualista y la sobremedicación con la que se ha conducido la salud pública por muchas décadas, ya que sólo se consideraban los estragos finales y se pensaba que la solución era construir más clínicas hospitales y sin actuar en la prevención.

“No quiero decir que no es importante que se tengan hospitales y medicamentos, pero se requiere una visión progresista y preventiva; ya no es válido el viejo truco de culpar a los pacientes por sus problemas de salud; es un acto atroz, los cuales son generados por los intereses egoístas de las corporaciones que tienen una enorme ganancia por la venta de sus productos”.

La diputada Carmen Medel Palma señaló que hay grandes contrastes en materia sanitaria, pues de un lado se encuentra la carencia alimentaria y por el otro tenemos el primer lugar de obesidad en el ámbito mundial.

Ante ello, enfatizó, se tiene el compromiso de responder a esta emergencia epidemiológica que afecta a la niñez, adolescencia y población adulta, por lo que es primordial diseñar acciones eficaces, efectivas, basadas en la evidencia y recomendaciones de especialistas.

En tanto, la presidenta de esta instancia legislativa, Miroslava Sánchez Galván propuso trabajar con representantes de las secretarías de Salud, Educación, Medio Ambiente, Hacienda y Crédito Público, y Economía para que se logre que el tema de salud sea transversal en el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración y generar una agenda de prevención del sobrepeso y diabetes.

La diputada Martha Tagle Martínez invitó a los integrantes de la comisión a realizar mesas de trabajo, a fin de generar reformas que atiendan esta pandemia sanitaria. Debemos dejar de hablar de lo que no se hizo en la anterior administración, sugirió.

Por su parte, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce propuso generar un capítulo especial del combate a la obesidad y sobrepeso, donde se recaben propuestas de especialistas y generar un diagnóstico, municipio por municipio, que mida índices de obesidad, actividad física y hábitos alimentarios, generar políticas publicas eficaces, es la meta.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz, dijo que se debe asegurar que lo recaudado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se destine al combate de la obesidad y sobrepeso.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé afirmó que la obesidad y sobrepeso son una epidemia, por lo que se debe investigar si la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en función de las empresas y no de la salud de la ciudadanía en materia del etiquetado frontal puede tener participación.

La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez mencionó que se debe lanzar una campaña para que se promueva la importancia de una alimentación saludable y promover que existan espacios adecuados para practicar deporte y bebederos públicos en las escuelas.

La diputada, Frinné Azuara Yarzábal, enfatizó que no se pueden regatear las políticas públicas enfocadas a prevenir la obesidad y sobrepeso, por lo que los integrantes de la comisión trabajarán para combatir estos padecimientos.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, dijo que es escalofriante saber que existan altos índices de obesidad, por lo que propuso diseñar estrategias orientadas a la regulación de la publicidad dirigida a niños, normar venta de productos en las cooperativas escolares y el etiquetado de alimentos procesados.

Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, sostuvo que se sumará a los esfuerzos para atender el tema de etiquetado y la parte normativa desde la Dirección General de Normas.

Además, se comprometió a buscar mecanismos que abatan los costos de pruebas, tratamientos y medicamentos que combatan la obesidad y sobrepeso de la población, así como promover la innovación tecnológica en materia sanitaria y atraer inversión al ramo de la salud.

En su intervención, Miguel Malo Serrano, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) indicó que el problema de sobrepeso y obesidad se triplicó en los últimos 40 años. “El índice de masa corporal creció 127% entre 1990 y 2017”.

No es un problema individual, sino de carácter social; depende de factores sociales, por lo que las políticas públicas tienen que enfocarse a cambiar el ambiente obesogénico; es decir, adecuar la dieta de la sociedad.

Indicó que la industria que contribuye al aumento de las enfermedades no transmisibles interfiere para que se logren reformas que eviten este terrible flagelo.

Juan Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) apuntó que se debe actualizar el marco jurídico en materia del control de la obesidad y evitar conflictos de interés, porque lamentablemente muchas de las decisiones pasadas fueron influenciadas de la industria desde alimentos procesados.

“Se requiere de un paquete integral de acciones dirigidas a promover la alimentación saludable y la actividad física. Esta administración, es la última oportunidad que tiene México para que esta catástrofe nacional se atienda”.

Simón Barquera Cervera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, pidió que sea un grupo de investigadores libres de conflictos de interés los que tomen la decisión del etiquetado de los productos procesados, porque el actual no sirve para tomar mejores decisiones alimentarias.

Arantxa Colchero Aragonés, investigadora en Ciencias Médicas de INSP, refirió que el IPES en sus primeros 2 años logró una reducción de bebidas azucaradas de 7.6%; la mayor disminución se presentó en los hogares más pobres de las áreas urbanas.

Solicitó a los legisladores que el impuesto se ajuste a la inflación y al crecimiento económico, o que se cobre por el contenido de azúcar que posean los productos y que lo recaudado realmente se utilice para prevenir la obesidad.

Mishel Unar Mungía, jefa del departamento de Nutrición Materna, del Niño y Adolescente del INSP, recomendó reformar los artículos 65 y 66 de Ley General de Salud para que las autoridades sanitarias, educativas y laborales apoyen acciones que promuevan la alimentación saludable y la actividad física.

Además, el artículo 212, a fin de incorporar en el etiquetado de alimentos y bebidas los contenidos de azúcares, sodio y grasas de acuerdo con las recomendaciones de expertos internacionales.

Yarishdy Mora Torres, directora de la Organización Salud Crítica y Contrapeso, sugirió que las políticas públicas integren a los 3 órdenes de gobierno, sociedad civil y académicos y que los etiquetados sean más claros en los productos.

Finalmente, Alejandro Calvillo, director de la asociación el Poder del Consumidor, consideró que se debe vigilar el etiquetado frontal de los productos procesados, pues está hecho al gusto de la industria.