Senadores y diputados piden garantizar acceso oportuno e integral de adolescentes embarazadas a los servicios de salud

La Comisión Permanente del Congreso exhortó el pasado 18 de mayo de 2016 al gobierno federal y a los de las 32 entidades federativas, a fortalecer sus planes, programas y estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes; además, para que a través de las secretarías de Salud y Educación, robustezcan, amplíen e impulsen las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en jóvenes.

En particular, hizo un llamado a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, para fortalecer sus acciones y estrategias enfocadas a garantizar el acceso oportuno e integral de las adolescentes embarazadas a los servicios de salud.

Al presentar el punto de acuerdo, la senadora Carmen Dorantes Martínez, destacó que a pesar de las campañas de comunicación e información sobre prevención, y de la promoción de la salud sexual y reproductiva para las adolescentes, los casos de embarazo en este sector se mantienen como un reto que obliga a redoblar esfuerzos.

Destacó que desde el gobierno federal se han implementado acciones para reducir la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, pero no han sido suficientes.

Por otra parte, señaló que los embarazos en adolescentes son de alto riesgo, debido a que todavía no alcanzan la plena madurez física, emocional y económica. Asimismo, precisó que según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, del total de las mujeres adolescentes entre 12 y 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales, más de la mitad quedó embarazada.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 señala que en el grupo de edad de 15 a 19 años, 44.9% de las mujeres reportó no haber usado protección durante la primera relación sexual, subrayó. Además, en 20% de los nacimientos en México, la madre es una joven menor de 20 años de edad, situación que se agrava cuando se da cuenta que 36% de los embarazos en adolescentes no son planeados y que cerca de 40%, pertenecen a un estrato social bajo.

En el mismo contexto, expone que a pesar de que 90% de las adolescentes reportan haber escuchado sobre métodos anticonceptivos, 14.7 de los hombres y 33.4 de las mujeres no los usaron en su primera relación sexual, y en el sector de los jóvenes hablantes de lengua indígena, hay proporciones de matrimonios infantiles superiores al 40% en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, propuso agregar un resolutivo al punto de acuerdo en el que se llame a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a implementar los recursos etiquetados para evitar que las adolescentes abandonen sus estudios al estar embarazadas y posteriormente, cuando ya sean madres.

Subrayó que se debe trabajar:

• en la implementación de las leyes aprobadas por el Congreso
• insistir en la reeducación de las familias
• en la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes
• en la promoción de una cultura de igualdad de género que reconozca y condene todas las formas de violencia sexual hacia niñas y adolescentes
• en garantizar su acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo
• así como en eliminar el matrimonio infantil y las relaciones de hecho entre adolescentes menores de 18 años.

Por su parte, el senador Héctor Flores Avalos, explicó que la evidencia muestra que los hijos de padres que tuvieron un embarazo adolescente son más proclives a experimentar la misma situación, por lo que es imprescindible contar con estrategias y líneas de acción para mejorar la salud sexual y reproductiva de este sector y garantizar que las jóvenes embarazadas se reincorporen al sistema educativo.

Reconoció que el aumento de embarazos adolescentes presenta nuevos desafíos como sociedad. Uno de ellos es evitar que afecte la educación de las jóvenes y sus oportunidades de empleo.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza, puntualizó que en México nacen cada año más de 450 mil bebés de madres de entre 15 y 19 años. Este problema de salud pública se ha incrementado a consecuencia de la política económica y social de los últimos sexenios que no ofrecen oportunidades a los jóvenes del país.

Advirtió que entre 2010 y 2015 se reportaron 10,295 delitos sexuales contra mujeres y niñas, y aunque la legislación permite el aborto para casos de violación, ninguna pudo interrumpir su embarazo. En 2015, 487 niñas veracruzanas entre 10 y 14 años dieron a luz; la mayoría de ellas fue violada, el nacimiento obligado de estos niños representa una forma de tortura. Por ello, el legislador pidió incentivar una campaña masiva para que los jóvenes usen métodos anticonceptivos.

Cabe destacar que, a petición de la senadora Angélica de la Peña Gómez, se modificó el primer resolutivo y se agregó otro al punto de acuerdo que fue aprobado de urgente resolución por el Pleno de la Comisión Permanente.