Primera Jornada de Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar

Al iniciar las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, manifestó que la iniciativa para crear este órgano, es la estrategia del gobierno federal para cambiar de manera radical estos servicios en el país.

El objetivo, afirmó, es iniciar la ruta que nos lleve a la prestación universal de servicios médicos a toda la población, con acceso a medicamentos y sustituir el Seguro Popular que, a 15 años de su instrumentación, muestra claras insuficiencias y ha propiciado niveles muy graves de corrupción.

Al inaugurar estas audiencias, el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, hizo votos porque sean productivas en el intercambio de ideas de conocimientos y sentimientos por el bien de la salud de los mexicanos.

Señaló que México vive tiempos de resistencia al cambio, en un proceso que conjuga la influencia de valores culturales, su implicación en la transformación misma, los beneficios percibidos y la autoestima,

Esos factores, dijo, tienen efecto en comportamientos resistentes a iniciativas de cambio, y se pondera la capacidad de la autoestima en el trabajo para condicionar el efecto de los valores culturales sobre la resistencia del profesional de la salud.

Por eso, agregó, no se debe llegar “al extremo de que el individuo se resista al cambio y se ignoren las consecuencias, las oportunidades de entender y resolver los problemas reales de la sociedad que afronta un proceso de transformación”.

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame Castillo, expresó que para legislar sobre salud todos están convocados y debe ser una política social de Estado, por tanto, “debe estar más allá de cualquiera programa, proyecto o apetito menor o secundario; mucho más allá de los colores partidistas, de los periodos administrativos o de gobierno, porque la salud no tiene colores partidistas ni políticos, tiene que ver con la vida y el bienestar de los mexicanos”.

Luego de afirmar que “con la salud todo y sin la salud nada”, expuso que este derecho humano fundamental fue reconocido en la Constitución a partir de la década de 1980.

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván, subrayó que lo que se busca es el bien para la ciudadanía y “estamos dispuestos a trabajar, a ser congruentes y a participar activamente y aportando para que este proyecto de creación del Instituto Nacional de Salud del Bienestar sea algo que realmente aporte a la población sobre todo a la más vulnerable”.

Expresó su convicción de que “este ejercicio democrático y abierto nos ayudará a contar con los elementos necesarios para elaborar un dictamen robusto, serio, debidamente fundamentado y motivado, completo y enriquecido con las opiniones de personas calificadas y conocedoras del tema, y que sirva de plataforma para la construcción de una institución que garantice el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable y desprotegida”.

Sánchez Galván recordó que hace unas semanas el diputado Mario Delgado Carrillo presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes General de Salud, de Coordinación Fiscal y de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados para las personas que no poseen seguridad social, la cual fue turnada para su dictamen a la Comisión que preside, y para opinión a la Comisión de Hacienda.

Explicó que la Comisión de Salud acordó celebrar estas audiencias públicas, a fin de allegarse de elementos suficientes hacia un proceso de dictaminacion que incluya las voces y opiniones de funcionarios, trabajadores de la salud, expertos, investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general.

La salud es un derecho humano fundamental

El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, afirmó que se tiene la intención de posicionar a México como líder en salud global, para lo cual se requiere una forma revolucionaria de acceso a los servicios que cumpla con el uso racional y eficiente de los recursos, la tecnología y la innovación.

Durante la primera mesa de trabajo de las audiencias públicas de parlamento abierto con miras a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, titulada “La Transformación del Sistema de Salud Pública”, afirmó que la salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho de las personas y responsabilidad del gobierno.

“No necesitamos de mercaderes del más allá, de boroneros de la enfermedad, guardianes de padecimientos o comerciantes codiciosos de la salud, sino reconstruir la política en la materia para despertar de cualquier somnolencia dogmática y escoger el trabajo con la comunidad que refuerce la sociedad, sus convicciones y recuperemos el futuro”.

Señaló que el sistema de salud de México está muy fragmentado, segmentado, debido a las políticas que, bajo regímenes anteriores, fueron una fuente de corrupción e influencias, abandonando los servicios de las comunidades.

Por ello, dijo, es necesario reconstruir la política de salud y esto se logrará con el espíritu del lema incrustado en la declaración de Alma-Ata: salud para todas y todos. Además, garantizar en el artículo 4° constitucional que los servicios de salud y los medicamentos sean accesibles, estén disponibles para toda la población, independientemente de la situación socioeconómica.

Esto se logrará, dijo, implantando el modelo de atención primaria a la salud, federalizando el sistema fragmentado que tenemos hoy, organizando la regulación y fortaleciendo la industria farmacéutica nacional y la investigación innovadora. “No hay otra”.

Mencionó que el Seguro Popular no se enfocó en la prevención de enfermedades o la promoción de la salud. Aunque fue la propuesta para resolver los problemas de la población desprotegida, las personas afiliadas y los millones de no afiliados, carecen hoy de acceso a la atención médica de manera oportuna y de calidad.

“Se trató, indudablemente, de una estrategia en alianza con el capital privado que buscaba beneficiarse de las enfermedades, más que tratarse de una institución social sólida que ofreciera servicios de atención universal a todas las personas vulnerables, a todas las que han pasado a ser vulnerables y a las no trabajadoras”, indicó.

Resaltó que “algunos siguen viendo a la salud como una oportunidad para que el sector privado colonice mercados vírgenes. Esto está cambiando, el sector privado está haciendo su aportación”.

Hizo un llamado a la acción por parte del Estado, porque sin condiciones integrales y de calidad no hay derecho a la salud, especialmente para aquellos que están en una situación vulnerable. “No podemos limitar la salud a un conjunto de paquetes y medidas como lo propone el Seguro Popular”.

Con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, dijo, es momento de mirar al futuro, hacia los próximos 40 años. Ésa es la tarea, el camino no es fácil, exige perseverancia y compromiso.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Roberto Morales, dijo que el país es la segunda región, a veces la primera, “lo disputamos con África, con el nivel de inequidades en el ingreso más pronunciadas en el mundo y en donde sus sistemas de salud tienden, lamentablemente, a reproducir estas inequidades sociales, en lugar de mitigarlas”.

Reconoció que México ha experimentado “avances impresionantes” en materia de salud en los últimos 15 años; la mortalidad materna pasó de 74 a 36 por cien mil nacidos vivos, entre 2000 y 2015. Asimismo, la mortalidad infantil pasó de 15 a 12 por mil nacidos vivos, en el mismo periodo; disminuciones del 51 y 20%, respectivamente.

Lamentablemente, continuó, subsisten también importantes inequidades, no sólo las mujeres chiapanecas enfrentan una mortalidad materna que es el doble del promedio en el país, pero las mujeres ubicadas en el quintil uno; es decir las más pobres, tienen una mortalidad materna 34% más elevada que las del quintil cinco, que son las más acomodadas.

José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, expuso que existe una discrepancia entre las necesidades de la población y el diseño vigente de los servicios de salud, porque la demanda se concentra en la salubridad pública y la atención primaria, pero el diseño del sistema se concentra en la oferta hospitalaria.

Para avanzar hacia la equidad y hacer realidad este derecho, dijo, “se requiere una transformación institucional y política profunda. El sistema necesita cambiar de abajo hacia arriba, con un enfoque centrado en las personas y las comunidades, y así contribuir a consolidar un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar de todas y todos los mexicanos”.

El Consejo, expuso, ha buscado priorizar los insumos para la salud y garantizar el acceso a medicamentos eficaces, seguros y de calidad, así como certificar los establecimientos médicos, con el cual se da una atención de calidad enfocada a la seguridad del paciente.

Precisó que se convocó a los principales expertos de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social para depurar el cuadro básico y crear el Compendio Nacional de Insumos, que permita contribuir a uno solo, evitando la duplicidad. Además, para dar certidumbre a la elección de los medicamentos, se establecieron grupos focales de especialistas clínicos certificados, a fin de seleccionar claves efectivas, seguras y de calidad, con base en la evidencia científica y la experiencia clínica.

Santos Preciado destacó que los temas que corresponden al 80% de la inversión en medicamentos tienen que ver con oncología, metabolismo, cardiología, infectología, material de curación y salud reproductiva. “Este instrumento definitivamente cambiará la política pública de selección, adquisición y uso de los medicamentos”.

Respecto de la Certificación de Establecimientos de Atención Médica, se ha logrado garantizar la calidad en 330 consultorios públicos y privados, lo cual sienta las bases para instituir una estrategia. La misma también aplicará a los consultorios adyacentes a farmacias, que atienden día a día a 350 mil enfermos. En la actualidad, se trabaja en el diseño de un modelo de certificación para atención primaria en salud.

Del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales, resaltó que debe darse prioridad al nuevo modelo de atención primaria y establecer claramente su importancia en la ley, porque “gran parte de la problemática que se tiene es el abandono del primer nivel. Ese es el punto flaco del sistema de salud y que el Seguro Popular no pudo componer”.

Sobre el financiamiento, dijo que se debe revisar a profundidad. Consideró que la cuota social per cápita o su equivalente a salario por persona es un mecanismo menos arbitrario y más protegido que el esquema actual, basado en destinar mayores recursos cada año, ajustados a la inflación, esto podría tener impacto grave para sostener las acciones de salud y atender a la población sin seguridad social, “con un presupuesto incrementalista anual”.

El programa IMSS Bienestar seguirá prestando de manera gratuita servicios de salud y medicamentos asociados para quienes carezcan de seguridad social. Consideró que las dosis unitarias hospitalarias y en farmacias implicaría un ahorro del 30& para el instituto. “Es una gran innovación que se debe impulsar. Lo vemos como una buena iniciativa”.

La directora general adjunta del Centro de Información para Decisiones en Salud Pública (Cenidsp) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Hortensia Reyes Morales, expresó que se requiere promover el diseño e implantación de políticas intersectoriales. Resaltó que las instituciones del sector enfrentan desafíos enormes dada la cantidad de personas que deben atender bajo un escenario de escasez de recursos.

Precisó que cuando son accesibles estos servicios se logra reducir hasta en 80% la mortalidad, principalmente la perinatal, infantil y materna. Para fortalecerlos, dijo, es fundamental emprender reformas, pues el avance en esta dirección reduciría la segmentación y la fragmentación del sector y contribuiría a la unificación de los servicios.

Los cambios que se proponen para desarrollar políticas efectivas y fortalecer la salud pública son:

• gobernanza y rectoría; es decir arreglos institucionales para reforzar el liderazgo de la Secretaría de Salud ante las demás dependencias;
• mejorar el financiamiento, a través de una reingeniería en la asignación y operación de presupuestos;
• generar recursos, por medio de una política explícita, nueva y fundamentada en recursos humanos;
• optimizar la provisión de servicios
• y establecer un sistema de información en salud, el cual es indispensable a fin de recolectar, procesar, reportar y utilizar el conocimiento y mejorar las políticas y programas.

Reyes Morales puntualizó que los riesgos clave son:

• contaminación ambiental
• uso de sustancias adictivas como el tabaco y alcohol
• alimentación y nutrición
• lesiones de tránsito
• violencia
• intervenciones esenciales para las personas adultas mayores
• salud reproductiva
• salud materna y del recién nacido
• prevención de adicciones
• salud mental
• actividad física
• enfermedades crónicas
• y la discapacidad.

Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica AC, afirmó que la innovación es uno de los pilares de la prolongación de la vida de los pacientes y ha permitido tener acceso a la vacunación y medicamentos los cuales han tenido un buen impacto, pues hay reducciones en la mortalidad del cáncer cuando hay detección temprana y tratamiento oportuno; el VIH–Sida se volvió una enfermedad crónica, y la curación del hepatitis C tiene mayor porcentaje.

Indicó que sólo el 10% de medicamentos aprobados por Cofepris termina en las instituciones y, de ese porcentaje, aquellos que fueron validados tempranamente tarda más de 4 años y medio en llegar al acceso de los pacientes, cuando “en padecimientos crónico-degenerativos eso es muy tarde y con poco impacto para los pacientes”. Se manifestó por un modelo de compra por resultados; es decir que “si realmente los medicamentos innovadores logran resultados, lo que se propone es que se pague por él”.

Dijo coincidir con el propósito de la iniciativa que busca el fortalecimiento institucional y sus reglas para lograr una cobertura universal y la provisión gratuita de medicamentos; no obstante, se necesitan reglas al financiamiento, que el Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos asegure recursos y haya montos para los gastos catastróficos; crear el Convenio Nacional de Insumos para la Salud, e impulsar valoraciones técnicas concernientes a presentaciones diferenciadas en los sectores público y privado e implementación de un sistema de dosis unitarias en el tema de presentación de los empaques de medicamentos para el mercado público y privado.

Patrick Devlyn Prorras, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que existen personas y familias sin empleos asalariados y que se encuentran en situación de marginación. “Tenemos el compromiso con todas las mexicanas y mexicanos de evolucionar hacia un sistema que logre ampliar el acceso efectivo a la salud y de hacer esto con mayor eficiencia, calidad y asegurando su sustentabilidad financiera”.

Dijo que se debe analizar la urgencia que tenemos en el entorno regulatorio sobre mejoras que se pueden hacer para óptimos procesos licitatorios, así como contribuir hacia estructurar una estrategia integral en prevención más efectiva.

“Un país saludable es una nación que tiene una población que puede acceder a la educación, progreso, crecimiento económico y a mejores niveles de bienestar. Por ello, desde el sector privado, y en particular del CCE, confiamos que este ejercicio de parlamento abierto sea uno que verdaderamente trascienda y nutra la iniciativa que crea el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar”, agregó.

Indicó que juntos se puede mejorar y modernizar el sistema de salud el cual atiende a tantas personas sin derechohabiencia y con mayor nivel de marginación.

Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud de Chiapas y director general del Instituto de Salud, señaló que el sistema de asistencia durante décadas no ha logrado liberarse de las ataduras del modelo político y económico impuesto; “en donde el derecho a la protección es determinado por la condición laboral y social de las personas y no corresponde a un derecho ciudadano consagrado en la Constitución”.

Consideró que se requiere “una intervención urgente de forma, pero también de fondo”, que redimensione propósitos, redefina valores y ponga a la sociedad en el centro de su interés. Planteó establecer un organismo transitorio que coordine a las instituciones de seguridad social con miras de integrarlas en una sola, con lineamientos estandarizados. Además, coordinar los servicios de salud de los estados; establecer a la salud pública como la columna vertebral de desarrollo social que atraviesa horizontalmente a todos los sectores y los 3 órdenes de gobierno.

El presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud AC, Héctor Valle Mesto, indicó que se debe transitar a un sistema de salud único, público y con complementariedad privada, basado en atención primaria, con acceso a médicos, infraestructura, medicamentos, dispositivos y que sea solidario.

Respecto de la propuesta de modificar las leyes General de Salud, de Coordinación Fiscal y la del Instituto Nacional de Salud, expresó que centralizar los servicios aleja la solución de los problemas, por lo que se requiere incluir a estados y comunidades.

Consideró que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos debe permanecer y enriquecerse; llamó a reflexionar sobre la desaparición de la Comisión de Protección Social en Salud y del Seguro Popular, pues sus logros son innegables, aunque tengan pendientes en materia de administración y corrupción.

También se pronunció por regularizar el sistema laboral de médicos y respecto al Convenio Nacional de Insumos para la Salud pidió impulsar un trabajo con médicos y especialistas para que resuelva la inequidad. Expresó su preocupación sobre la construcción de más infraestructura en lugar de utilizar la existente.

Modelo para asegurar ejercicio pleno con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar

En México no hay garantía del derecho a la salud, por lo que el actual gobierno tiene diseñado un modelo para asegurar su ejercicio pleno con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que superará insuficiencias y deficiencias, a fin de responder a las necesidades de la población, expresó Juan Ferrer, propuesto por el Ejecutivo para dirigir ese organismo.

Durante su participación en la segunda mesa de trabajo en las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar, afirmó que la pieza clave del nuevo sistema es la rendición de cuentas con información veraz al pueblo, a instancias normativas y a la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Ya no más opacidad en la gestión de salud de este país”.

Afirmó que la población quiere un modelo que atienda padecimientos y enfermedades desde el nacimiento hasta la muerte. Por ello, “garantizaremos que tendremos medicinas, médicos y especialistas y recursos en todos los centros de salud, clínicas y hospitales, con una labor coordinada entre las instituciones del sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex”.

Añadió que se construirán y rescatará con planeación estratégica centros de salud, hospitales regionales y nacionales. “Hay que mirar y corregir el alto número de unidades de salud que no funcionan y que están a medio construir, abandonadas, semidestruidas, sin equipamiento, en ruinas. Existen 309 establecimientos desperdiciados“.

Señaló que esos inmuebles fueron construidos con los recursos del pueblo, con tanta necesidad de salud “y el dinero mal invirtiéndose. Aquí no hubo planeación, esto fue una total ocurrencia”.

En el pasado, dijo, la edificación de hospitales respondió a entregas de contrato para hacer negocios, vil corrupción al amparo del Seguro Popular, a través del fondo que hoy tanto defienden.

“No lo digo yo, revisen las supervisiones y dictámenes que realiza la ASF desde los años anteriores al que hoy está corriendo”.

Refirió que “con el Insabi iniciará una nueva manera de prestar el servicio a la población para garantizar su derecho a la salud. En el proceso de transformación del sector, las entidades federativas se adhieren voluntariamente a un acuerdo para garantizar el acceso efectivo a servicios médicos, medicamentos, material de curación y análisis clínicos gratuitos, tal y como lo plasma el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.

Aseguró que se implantará un modelo de atención de salud y bienestar integral, centrado en la persona, la familia y la comunidad, y universal, que significa “acabar con enfermedades no cubiertas y tratamientos no reconocidos en el mal llamado Seguro Popular”.

Adelantó que una de las tareas primordiales del nuevo instituto será regularizar al personal médico eventual y por contrato, que en la actualidad suma más de 80 mil trabajadores que apoyan los servicios de salud sin garantías.

Previamente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que el Instituto de Salud para el Bienestar será un mecanismo efectivo, a fin de coordinar la atención y articular la agenda primaria que permita colocar a las personas en primer lugar y, “no los negocios, no las oportunidades de inversión, no la privatización subrepticia y oculta que ha desplazado las capacidades técnicas, como el tamiz metabólico, a corporaciones oligopólicas que hacen un uso abusivo de los modelos de adquisiciones públicas”.

Llamó a no confundir con falsos dilemas ni tensar el ambiente, porque el Seguro Popular fue un instrumento de financiamiento no de servicios de salud, ya que la afiliación de 55 millones de personas no garantiza la atención al no existir condiciones para otorgarla, debido a que la inversión desde el inicio fue insuficiente y se agudizó con el crecimiento de la población.

El consenso es aumentar la cobertura de servicios; optimizar el gasto, no para reducirlo, sino usarlo cuidadosa y sensatamente con equidad que solvente las carencias.

“Los objetivos es la salud y la vida, no el lucro, ni apostar a las oportunidades de negocio que lleva a la ganancia y no a cuidar la vida de las personas”, aseguró.

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván, anunció que el próximo martes 13 de agosto, a las 17:00 horas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Alejandro Robledo Aburto, planteó reunirse con diputados de esta instancia legislativa para abordar el tema de estas audiencias públicas, “toda vez que hoy no pudo acudir”.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, señaló que el tema del sector salud es uno de los rubros que más devastado está hoy en día y lamentó que en Oaxaca las clínicas están desmanteladas y los hospitales hayan quedado inconclusos.

Destacó que en México se habla de 20 millones de ciudadanos sin acceso a la salud, pero “es espantoso el desmantelamiento del sector salud y los elefantes blancos, pero más lamentable es que las clínicas funcionan a medias, carecen de medicamentos o los servicios únicamente son de lunes a viernes; las enfermeras o pasantes no cobran en meses ni contratos tienen. Esperamos se pueda revisar esta iniciativa lo antes posible; sí hay diagnósticos y se deben recorrer las comunidades”.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal externó su compromiso para apoyar a las comunidades indígenas y preguntó cómo se incorporará el bienestar al nuevo instituto y de qué forma se respaldará financieramente.

El diputado Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que es necesario fortalecer los recursos humanos de la Secretaría de Salud y de su personal. “Conocemos las deficiencias que hay, la inequidad, desigualdad, falta de oportunidades también para el personal, por lo que esto conlleva a poder fortalecer este proyecto y considerar el recurso humano que hace posible la atención primaria de la salud”.

El diputado Alfredo Villegas Arreola manifestó que es importante garantizar el acceso universal y gratuito de quienes no tienen seguridad social. “Es un objetivo primordial en nuestro país y fortalecerlo desde todos los ángulos es un gran reto para todos los mexicanos”.

Resaltó que la iniciativa tiene un gran alcance y en ese sentido deberá reforzarse para precisar cómo será el funcionamiento y la organización que tendrá este instituto, junto con la certeza laboral que se le tiene que dar a los trabajadores del Insabi.

El director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, Alejandro Svarch Pérez, señaló que existen 20 millones de personas desprotegidas, es por ello que se plantea la iniciativa y la creación de este instituto para garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos, basado en la atención primaria para la población sin cobertura.

Expuso que este nuevo modelo que se va a construir avalará el derecho a la salud de todos los mexicanos, como lo exige el mandato constitucional, con la gran necesidad de incluir al acceso a la salud a estos 65 millones de mexicanos que están excluidos porque a veces no reúnen ciertos requisitos.

Cecilia Acuña, de la Universidad de Chile, indicó que es necesario fortalecer los procesos de planificación en el nivel local con transparencia, participación de la comunidad y equidad para responder mejor a las necesidades de salud presentes y futuras de los habitantes y alcanzar la salud universal, no solo entendida como la ausencia de enfermedad, sino como un completo estado de bienestar.

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, Alejandro Mohar Betancourt, expresó que existe una complejidad en el financiamiento, porque hay recursos federales, de tabuladores propios, de terceros, de investigación y del Seguro Popular. Planteó corregir la diversidad de presupuestos. “Tradicionalmente estamos en déficit; nuestros recursos óptimos son cerca de diez mil millones de pesos”.

Refirió que, en promedio, cada año estas instituciones dan 3 millones de consultas y cuentan con una capacidad para la formación de recursos humanos en todas las especialidades. De la población que se atiende, sólo 30% reside en la Ciudad de México y, principalmente, dan servicios a la población más pobre que no tiene acceso a la seguridad social.

José Halabe, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México hizo votos por tener estímulos médicos, como mejor salario, casas cerca de los centros de salud y oportunidades para cursar una especialidad, siempre y cuando vayan a comunidades más alejadas y sin servicios.

Planteó la instrumentación de una farmacia en donde se distribuyan los medicamentos a granel; es decir, si requiero cinco pastillas se den esas y no más que después caducan o se desechan. “No podemos desentender el segundo y tercer nivel, porque si nos dedicamos sólo al primero vamos a descuidar muchas enfermedades”.

Gonzalo Olivares Velázquez, vicepresidente de Salud y Productividad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), garantizó la disposición del sector privado, proveedor de bienes y servicios, a mejorar las condiciones de salud de la población. No obstante, consideró riesgosa la desaparición del Seguro Popular por la incertidumbre que prevalece entre los beneficiarios, porque desconocen cómo continuarán accediendo a esos servicios.

Sólo se conoce un esbozo de la estructura que tendrá el Instituto de Salud para el Bienestar. “Hace falta más información sobre su diseño y sus reglas de operación para coadyuvar en su ejecución. Con lo que conocemos hasta el momento es positivo para superar las deficiencias del Seguro Popular”. Propuso reconocer los aspectos positivos de éste e incorporarlos en la nueva institución.

Planteó como ejes rectores:

• la transparencia y rendición de cuentas, porque los recursos del Seguro Popular no fueron bien usados en las entidades, establecer reglas claras de operación e involucrar a los ciudadanos.
• Garantizar la calidad en la atención, privilegiando la más alta cobertura y calidad, con profesionales de la salud bien pagados, con medicamentos e indicadores reales y “no a modo que evite politizarlos, para corregir lo que no funciona”.

Consideró que sería un gran error utilizar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para la creación del instituto.

En una segunda intervención en las audiencias de este día, Cristian Roberto Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, México, dijo que en nuestro país los múltiples subsistemas de salud existentes a través de instituciones públicas y privadas “dificultan una respuesta socialmente organizada que aborde los problemas en la materia de la población con oportunidad y calidad, y se definan acciones intersecretariales que mejoren las condiciones”.

La fragmentación y segmentación limitan la capacidad rectora de la autoridad dejando abierta la puerta al despilfarro, corrupción e ineficiencia. Prevalece un uso irracional de recursos disponibles, aumento innecesario de los costos de producción, baja satisfacción de los servicios recibidos y exclusión de los más pobres. En 2010, el Informe Mundial de la Salud estimó que hasta el 40% del gasto en salud público y privado se malgasta por estos problemas.

El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Recaredo Arias Jiménez, afirmó que el reto de dar acceso a la salud a todos los mexicanos requiere la participación de los sectores involucrados: público, privado y la sociedad.

Indicó que en México las aseguradoras pueden contribuir a reducir el gasto de bolsillo en salud, que asciende a 41%, el doble de la OCDE, que es del 20%. Añadió que el sector privado es un aliado estratégico para instrumentar el Instituto de Salud para el Bienestar y participar en la prestación de servicios donde no exista infraestructura pública para ello.

Planteó:

• definir un catálogo de servicios que dé claridad y transparencia;
• fortalecer el financiamiento para el nuevo sistema
• y, con base en estudios actuariales, se dote de presupuesto con recursos fiscales al Fondo de Gastos Catastróficos, en lugar de utilizarlo para sustentar el nuevo sistema.

El director general de Regulación y Transparencia del Consejo de Salubridad General, Marco Antonio de Stéfano Sahagún, apuntó que con la iniciativa de reformas legales se busca eliminar un esquema fallido para lograr el disfrute de servicios de salud y asistencia eficaces a la población.

Expresó que el Instituto de Salud para el Bienestar acortará las desigualdades, mediante servicios de igual calidad para todos, con independencia del ingreso de cada quien. Además, la Secretaría de Salud tendrá estructura pública suficiente a fin de lograr que los servicios y sus insumos sean más redistributivos.

Entre los cambios propuestos, enlistó:

• eliminación de cuotas familiares, la simplificación para determinar la imposibilidad de pago del paciente y su familia
• impulsará la universalidad de los servicios sin restricción y desaparecerá un sistema de salud fragmentado
• se fortalecerá la industria farmacéutica nacional y la verificación por el gobierno federal del uso y destino de bienes o servicios conferidos a los estados.

Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud de Querétaro, planteó realizar un diagnóstico en cada entidad que defina la incidencia de enfermedades y un modelo específico de atención; universalidad en los servicios e intercambio interinstitucional para evitar duplicidad, robustecer el financiamiento a través del Seguro Popular y mantener la descentralización.

Salomón Chertorivski Woldenberg, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional “Pensando en México”, sostuvo que el Seguro Popular vino a corregir una de las grandes inequidades del país al atender a millones de personas excluidas de la salud. “Es el componente más igualitario del contrato social”.