Se reúnen especialistas en el Colegio Nacional para discutir retos de discapacidad en Seminario sobre derecho y salud

A 10 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Colegio Nacional llevó a cabo un seminario llamado “El derecho y la salud mental”. Esta actividad reunió a especialistas, del ámbito jurídico y de la salud, para abordar los retos pendientes en materia de los derechos humanos e inclusión de las personas con alguna discapacidad
psicosocial.

El pasado 7 de febrero, en el Colegio Nacional (Colnal), tuvo lugar el seminario ”El derecho y la salud mental”. En éste hubo especialistas que trataron el problema a través de cuatro temas:

1. Retos para la salud mental y el derecho
2. Interdicción
3. Inimputabilidad
4. Consentimiento y directrices anticipadas

Del primer tema destacó la intervención de la coordinadora del seminario, María Elena Medina-Mora, quien señaló que los principales problemas en la materia son:

• El abandono de estas personas en instituciones.
• La brecha de tratamiento, ya que más del 80% de discapacitados no tienen acceso a cuidados y medicación.
• La brecha de tránsito entre los resultados de investigación a la práctica clínica.

Además, la integrante del Colnal señaló que México “tiene uno de los índices más altos de inequidad y estigma en cuanto a los trastornos mentales, por encima de países como Colombia o Estados Unidos”. Medina-Mora abogó por una armonización entre el modelo social y el modelo médico para suprimir las barreras sociales y ambientales a las que se enfrentan las
personas con discapacidad, y concluyó enfatizando que “no atender la enfermedad mental es muy costoso para la sociedad”, ya que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha estimado que el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) se pierde cuando no se atiende a las personas que en algún momento de su vida sufren de un trastorno mental.

El resto de las conferencias estuvieron a cargo de:

• Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien se enfocó en la dicotomía medicina/derecho, afirmando que no puede leerse de modo absoluto.
• José Ramón Cossío dijo que el derecho trata el tema de la discapacidad de modo dicotómico, hablando en términos de bien y mal, cuando en medio hay otros factores que se están invisibilizando y tienen que abordarse.
• Mariana Mureddu Gilabert habló sobre la necesidad de nuevos modelos de justicia que tomen en cuenta la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Puso énfasis en la necesidad de evaluar la legislación para determinar avances en términos de prevensión, detecciín y tratamiento en la materia.
• Lorena Von Aguilar se centró en la perspectiva jurídca. Especificó que son una restricción de la capacidad jurídica de ejercicio aunque eso “no significa un menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia”.
• Arturo Luis Cossío Zazueta explicó que una persona inimputable no puede cometer un delito, tan solo una infracción, puesto que según la Ley Penal mexicana la inimputabilidad se define como el trastorno mental transitorio o permanente que impiden comprender la ilicitud o conducirse de acuerdo con esta comprensión.
• Nicolás Iván Martínez López señaló que el problema de la discapacidad psicosocial son todas las barreras que les ponemos a las personas que padecen un trastorno mental para que no puedan desarrollarse como el resto de personas.
• Zoraida García Castillo enfatizó que el consentimiento informado es la piedra angular en la relación médico paciente. Además, agregó que los principios éticos del consentimiento informado son la autonomía, la libertad, la dignidad, el derecho al acceso a la información y la justicia.
• Liliana Mondragón Barrios argumentó que las directrices anticipadas son una de las conquistas por parte de las personas con condiciones mentales particulares, por ejemplo, en el ejercicio de su autodeterminación y en aquello que tiene que ver en su salud de manera prevista.

El seminario concluyó con una mesa redonda en la que intervinieron María Luisa Rascón Gasca, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), Cecilia Guillén del Colectivo En primera persona, y Gabriela Cámara Cáceres, de la Asociación Voz Pro Salud Mental, quienes ofrecieron una visión del tema desde la perspectiva profesional, familiar y del activismo. Las ponentes reivindicaron la necesidad de la participación de los discapacitados en la confección de sus derechos y coincidieron en su condena al estigma de discriminación que aún sufren las personas con trastornos mentales.