Erradicación de la violencia política hacia las mujeres requiere una transformación cultural

El Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), organizaron el pasado 12 de octubre de 2015 el Seminario “Violencia Política: La Transgresión de los Derechos Políticos de las Mujeres”, el cual es un espacio de análisis, debate y experiencias para encontrar posibles soluciones a esta problemática.

Al inaugurar el evento, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refrendó el compromiso de la autoridad electoral nacional para fomentar la participación política de las mujeres y vigilar el cumplimiento de la paridad en la postulación de las candidaturas a nivel local y municipal.

“Estaremos muy vigilantes para que nunca más vuelva a haber una decisión en el ámbito local que vulnere el principio de paridad establecido en diversas normas en materia electoral”, señaló.

Lorenzo Córdova adelantó que el INE ejercerá a plenitud su rol de autoridad rectora del sistema electoral y, en breve, el Consejo General establecerá los criterios para garantizar el cumplimiento de la paridad de género en el ámbito local y municipal.

“Que a nadie le quede duda, y nadie pueda ser omiso, respecto del cumplimiento de lo que está establecido en muchas leyes, pero además está obligado por la jurisprudencia del Tribunal y que tiene que ver con la paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal”, dijo.

Informó que en la pasada elección federal participaron dos mil 248 candidatas. “Nunca antes tantas mujeres habían contendido en una misma jornada electoral, lo cual tuvo como resultado que de las 200 curules de representación proporcional, 95 sean ocupadas por mujeres y que los triunfos de mayoría obtenidos por las candidatas, pasaran de 89 en la legislación anterior a 117 en la LXIII Legislatura que recién ha iniciado“.

Córdova Vianello concluyó que es una realidad en México que los cambios normativos en materia de paridad avanzan más rápido que su implementación en las prácticas políticas, por lo que es necesario un cambio cultural.

Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres señaló que el fenómeno de la violencia política se acentúa por la falta de reconocimiento y de atención, por las múltiples omisiones que autoridades y partidos permiten y por las pocas herramientas de que se dispone.

Sin embargo, subrayó que gracias a las reformas jurídicas que establecieron el principio de paridad, “contamos con congresos paritarios en algunas entidades federativas y se elevó el número de presidentas municipales. Son cifras que nos alientan, pero también que exigen un trabajo comprometido de los partidos políticos y de las autoridades e instituciones electorales“, sostuvo.

“Si bien México hoy se ubica entre los países con los más altos índices de participación política de las mujeres, el fenómeno de la violencia política es uno de los principales pendientes“, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

Destacó que el Inmujeres impulsa la creación de Observatorios locales con la finalidad de que todas las entidades del país cuenten con su propio proyecto que les permita tener el panorama de la participación política de las mujeres en cada estado, así como hacer un seguimiento mucho más estricto que cuente con la visión especializada de las y los expertos que trabajan a nivel local en el tema.

Ello para conocer e impulsar el avance de las mujeres para lo que se cuenta con el Observatorio de Participación Política, un proyecto estratégico del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, en él participan los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la Administración Pública Federal explicó la presidenta de Inmujeres.

Agregó que no obstante los avances, debe reconocerse que los retos siguen. “Por eso, en este 62 Aniversario del Voto de las mujeres en México debe definirse con claridad y grandeza de miras hacia dónde dirigir los esfuerzos para que la paridad en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes de la unión, sea una realidad“, afirmó.

Finalmente, la presidenta del Inmujeres dijo que es fundamental impulsar reformas a la legislación electoral, conceptualizar la violencia política, definir sus alcances, sus implicaciones y delinear mecanismos de sanción específicos para quienes ejerzan este tipo de conductas hacia las mujeres.

Por su parte, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, dijo que las autoridades del Estado deben dirigir acciones directas e indirectas para lograr la paridad de género.

En este sentido, destacó las sentencias de la Sala Superior para asegurar la inclusión de candidatas y candidatos en las listas de puestos de elección popular y de representación proporcional a nivel federal, estatal y municipal.

“Se transitó hacia un esquema de paridad horizontal y vertical mediante una interpretación extensiva de lo ordenado en el artículo 41 de la norma fundamental, ha sido un ejercicio jurisdiccional que hoy sigue extrañamente generando muchas posiciones encontradas. Hay espacios de decisión en donde se afirma que la posición de la Sala Superior es desmesurada; se olvida el rezago histórico y la deuda moral que tenemos con las mujeres en México”, expresó.

“La igualdad de acceso a la justicia es el fundamento de la democracia y su defensa nos compete a todos”, afirmó el Magistrado Carrasco Daza.

En su intervención, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, señaló que en el pasado proceso electoral se registraron 38 casos de violencia política de género, a diferencia de los dos casos registrados en las elecciones del 2012.

Sin embargo, reconoció que se desconoce la cifra negra de delitos no denunciados de violencia política en contra de las mujeres, ante la omisa regulación en el marco normativo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Por ello, Santiago Nieto, subrayó la necesidad de tipificar el delito de la violencia de género y ratificó el compromiso de la FEPADE para combatir de manera enérgica la transgresión de los derechos políticos de las mujeres, consignando a los agresores y determinando un patrón jurídico de corte ministerial que impida volver a tener experiencias desagradables como las registradas en los procesos de 2014 y 2012.