La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar el Artículo 198 de la Ley General de Salud, para que los establecimientos que prestan servicios de hemodiálisis, cuenten con autorización sanitaria para su funcionamiento y control, y de esta forma vigilar que cumplan estándares de calidad para brindar una buena atención a los pacientes.

Se indica que actualmente México no cuenta con un registro nacional de enfermos renales crónicos y se estima que hay más de 102 mil con esta enfermedad, de los cuales sólo 37 mil cuentan con ese tratamiento sustitutivo de manera continua y 80% son atendidos en el IMSS o el ISSSTE. Pero esta proporción tiene un crecimiento anual de 11%, lo que representa una demanda de servicios de hemodiálisis claramente elevada, reveló el documento.

Indica que en México no hay un procedimiento para evaluar el adecuado funcionamiento y estructura de las unidades privadas de hemodiálisis y se han identificado más de 300 unidades pero es muy probable que exista un número mayor; no existe un registro de unidades de hemodiálisis y falta información sobre su funcionamiento, estructura y efectividad.

Faltan procesos para referencia y contrarreferencia de pacientes, lo que explica el retraso en el ingreso a estas unidades; faltan exámenes de laboratorio para evaluar el estado de los pacientes previo a la sesión de hemodiálisis; falta personal calificado (nefrólogos) durante el proceso de la hemodiálisis, el promedio es de 57 a 73 pacientes atendidos por nefrólogo, cuando la norma recomienda una proporción de 40-50 pacientes por especialista.