El pasado 22 de noviembre de 2018. en el Senado de la República, senadoras y organizaciones de la sociedad civil se reunieron con Ángela Quiroga Quiroga, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien aseguró que los sistemas estatales y municipales para erradicar la violencia contra las mujeres no están funcionando.
Durante la reunión se analizaron las políticas y programas enfocados a prevenir, erradicar y sancionar dicha violencia, así como la declaratoria de alerta que se implementa en estados y municipios.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que los gobiernos municipales, estatales y federales se han destacado por una gran “simulación discursiva, muchísimas omisiones y un gran agravio a las organizaciones de la sociedad civil”.
Los planes de seguridad que presenten las autoridades estatales, con la ausencia de las mujeres, “no sirven para nada, porque no se está incorporando la perspectiva de género”, expresó la legisladora.
Dijo que las lagunas en la ley, las omisiones en los estados, las facultades limitadas de la Conavim; así como decisiones “lamentables” para el acceso a la justicia de las mujeres y procesos administrativos que “limitan y obstaculizan” los derechos de género, son parte de las observaciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil.
La alerta, precisó, busca acabar con la impunidad de la violencia contra niñas y mujeres que agravian a la sociedad y son elemento fundamental de los feminicidios.
Señaló el compromiso de esta Comisión para caminar con las organizaciones de la sociedad civil para plasmar todas las observaciones que hagan. “Porque estamos aquí para representar los intereses de las mujeres”, concluyó.
La senadora Bertha Alicia Caraveo, precisó que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua es el cuarto estado con más homicidios dolosos de mujeres en el país.
Pese a ello, precisó, se desechó la solicitud para aplicar la Alerta de Violencia de Género que organizaciones de la sociedad civil realizaron ante la Conavim. Lo mismo ocurrió en 8 estados, como Guanajuato donde –de 2014 a la fecha- se incrementaron los asesinatos violentos de mujeres en 150%.
De acuerdo con datos del INEGI, de 2006 a 2016, la violencia contra las mujeres no ha disminuido significativamente, apuntó por su parte la senadora Nuvia Mayorga Delgado. En este sentido, dijo, es necesaria la ayuda de las entidades federativas y los municipios, pues ahí se ha frenado el tema de políticas públicas, al no darles seguimiento, agregó.
En julio de este año la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió recomendaciones al país en materia de violencia de género y discriminación contra las mujeres, entre otras, dirigidas a los 3 poderes e incluso a gobiernos locales.
La senadora Nadia Navarro Acevedo, dijo que la voluntad política de los gobernadores para enfrentar este problema es un factor muy importante porque cuando no se tiene el apoyo y no se hace una causa común con ellos, los mecanismos para erradicar la violencia quedan cortos.
Puntualizó que debe erradicarse el feminicidio, encontrar la causa y emprender una lucha en común en lugar de politizar el tema.
La senadora Indira Kempis Martínez, aseguró que sobre el tema se vive una grave crisis en los estados. Nuevo León, apuntó, es uno de los primeros estados en feminicidio este año, con 30 de ellos. Hay una falta de sensibilidad de las autoridades respecto al tema, insistió.
El reto es cómo involucrar a autoridades a comprometerse y “alejarse de colores y otras situaciones que no valen la pena en este momento”. La pregunta es cómo hacer para incidir en lo local y cuál es el escenario hacia futuro con la nueva administración.
La senadora Blanca Estela Piña Gudiño, aseguró que “todas las mujeres tenemos miedo de vivir en este país”. La situación en lugar de disminuir se agrava, pues a los gobiernos federal y estatales no les ha interesado atender la situación de las mujeres. Hubo 40 asesinadas en Michoacán en un mes, recalcó.
Preguntó cuántas entidades de las 16 que tienen alerta de género han presentado informes de avance y cuál es el diagnóstico de los mismos.
La senadora Citlalli Hernández destacó la importancia de este tipo de encuentros. “Poner la lupa” en temas que en ocasiones se tratan con poca sensibilidad o se minimizan.
La legisladora recordó que se ha rechazado la alerta de género en 8 estados de la República, incluida la Ciudad de México. ¿Hubo presiones políticas o cuál es la razón para que detuvieran esta demanda?, preguntó.
Ángela Quiroga Quiroga señaló que la alerta de género no tiene el impacto que debería tener en los estados y subrayó que es indispensable enfocar las políticas y mecanismos para disminuir los niveles de violencia familiar.
En este sentido, refirió:
- El segundo delito más denunciado en México es la violencia familiar, con tendencia al alza.
- De 117,860 mujeres que son víctimas de violencia familiar,
- 44 mil 219 también sufren violencia sexual;
- de ellas, 1,426 se reportan como mujeres desaparecidas;
- 1,187 se suicidan;
- y 585 resultan en un feminicidio.
- 44 mil 219 también sufren violencia sexual;
- Por cada 100 mujeres víctimas de violencia, 1 se suicida; 1.2 desaparecen; 0.5 son víctimas de feminicidio; y 37.5 lo son de violencia sexual, destacó.
Aseguró que el delito que más sufre una mujer en México es el de lesiones seguido de violencia familiar. “Ahí tenemos una venda sobre los ojos”, porque por cada 100 mil mujeres víctimas de esta agresión, 10 o más mujeres desaparecen.
El 30% de todo el trabajo que tienen las procuradurías y fiscalías de los estados está relacionado con un delito de violencia contra las mujeres.
No tenemos en México una política pública direccionada que atienda la violencia familiar. Los modelos de atención no están pensados en el conjunto de lo que sucede; se enfocan a mujeres que ya fueron violentadas, puntualizó.
En la reunión participaron:
- Programa Interdisciplinario de Estudios de Género;
- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad;
- Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
