La diputada Elba Lorena Torres Díaz promueve iniciativa que reforma el artículo 330 de la Ley General de Salud, a fin de establecer que cualquier institución de salud pública deberá sufragar los gastos de trasplantes, previo estudio socioeconómico.

La secretaria de la Comisión de Salud, detalló que con esta modificación se busca que las instituciones médicas se hagan cargo de los costos de los estudios de compatibilidad, hospitalización, traslados, en caso de requerirse, cuidados y recuperación de los pacientes, tratándose de donante y receptor, sin considerar si son derechohabientes o no, de algún régimen de salud o seguridad social.

Además, estipular que el Sistema Nacional de Salud podrá establecer convenios con particulares, para que, en caso de imposibilidad para brindar los servicios señalados, éstos sean accesibles a las personas.

La legisladora enfatizó que de concretarse este cambio normativo se lograría beneficiar a las más de 21 mil personas que están registradas en espera de un órgano o tejido para trasplante, pues desafortunadamente, sólo se realizan cerca de 180 de estos procedimientos cada año, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes.

Explicó que los principales trasplantes en México son de córnea, médula ósea (progenitores de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón.

Refirió que, de igual manera, es primordial promover desde la juventud una fuerte cultura de la donación de órganos y tejidos.

Aclaró que si bien la donación, la educación y las leyes sólo son una parte del problema, también lo es destinar los recursos y la infraestructura necesaria para este fin.

“Si hoy se duplicaran los donadores de poco serviría, porque no tenemos los suficientes cirujanos especializados ni las instalaciones requeridas”, advirtió la diputada Torres Díaz.

Destacó que el problema en el índice de donación de órganos no sólo radica en cambiar la mentalidad sobre la cultura de los donadores o incluso de los familiares, sino de los recursos de las instituciones públicas, las cuales deben atender desde el traslado hasta el procedimiento quirúrgico.

Asimismo, el equipamiento de hospitales, la preparación y capacitación de médicos, estudios de compatibilidad e incluso el tratamiento con inmunosupresores, que dada la condición de algunos pacientes su uso se puede extender de por vida, afectando severamente su economía y la de sus familias.

Por tanto, consideró que los trasplantes con fines terapéuticos deben ser cubiertos, en su totalidad, por parte de las instituciones de salud pública[.]