En el Segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión, organizado por la Universidad Veracruzana, especialistas educativos de América Latina reflexionan al respecto a la la importancia de la equidad de género.
Resolver el problema de la desigualdad de género es, sin duda, uno de los grandes retos del siglo XXI; desmontar una historia de inequidad y una cultura patriarcal y excluyente no es labor sencilla, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.
Pero no por ser difícil es inalcanzable y todos los esfuerzos y estrategias que podamos compartir e implementar para lograrlo son pasos certeros hacia un progreso, dijo al participar en el “Segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión”, que se llevó a cabo a distancia en la Universidad Veracruzana.
Urgen medidas que transformen las estructuras de exclusión
Durante el panel “Acciones para transversalizar la perspectiva de género, la interculturalidad e inclusión en la educación superior”, moderado por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Graue Wiechers consideró: se debe reconocer que hay avances, que no son suficientes y a veces se antoja que son un pesado buque que vira despacio buscando nuevos horizontes.
“No hay que cejar en ello. Necesitamos y nos urgen medidas que transformen las estructuras de exclusión que restringen el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de derechos y oportunidades”, señaló ante la coordinadora para la Igualdad de Género, de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz.
Advirtió que el cambio debe darse de manera permanente en las casas de estudio, donde se tiene una responsabilidad ineludible para garantizar la inclusión, interculturalidad e igualdad de género dentro del marco de acción de las universidades.
Comentó que si se practica la igualdad y la inclusión, el estudiantado se formará diferente: asimilará una cultura de igualdad de oportunidades y de respeto a los géneros y las diversidades. Si en ese ambiente los educamos y convivimos, ellas y ellos las practicarán en su área de influencia y podrán transformar a la sociedad.
“Pensar y reflexionar en distintas perspectivas, ver nuevas realidades y avanzar hacia escenarios más justos, debe ser la meta a perseguir y reconocer, de una vez y para siempre, el valor de la dignidad humana y el deber que tenemos, todas y todos, de nutrirlo y protegerlo”, enfatizó el rector.
Instituciones de educación superior se deben basarse en el enfoque de derechos humanos, respetando el principio de inclusión
En su oportunidad, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se refirió a la nueva Ley General de Educación Superior (publicada en abril de 2021). En la cual se contempla la incorporación de la transversalidad y la perspectiva de género en las funciones académicas de enseñanza, investigación, extensión y difusión de la cultura; así como las actividades administrativas y directivas con el propósito de contribuir a la igualdad y la equidad en el ámbito de la educación superior e impulsarla en la sociedad.
“La Ley establece que las acciones que realicen las instituciones de educación superior se basen en el enfoque de derechos humanos, respetando el principio de inclusión, y que tengan una perspectiva de juventudes, de género y de interculturalidad”, expresó.
Compromiso social de las instituciones de educación superior en temas de equidad de género
Al hacer uso de la palabra, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó el compromiso social de las instituciones de educación superior en temas de equidad de género.
Ratificó la intención de la dependencia federal de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; así como promover actividades de aprendizaje en la vida de los seres humanos.
Rodríguez Armenta subrayó que en el nuevo ordenamiento el Estado reconoce la importancia de la equidad de género, y coadyuvará a garantizar que las instituciones de educación superior se constituyan como espacios libres de todo tipo y modalidad de violencia[.]
