Proponen reformas para garantizar respeto y protección de derechos de la niñez

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados se analiza una iniciativa para dar continuidad al proceso legislativo iniciado con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al compromiso adquirido con las generaciones presentes y futuras.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos analiza una iniciativa de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca en donde se indicó que México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying –acoso infantil–, el cual afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Romo Fonseca, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, también mencionó en su documento que de acuerdo con el Informe de Maternidad en la Niñez, del Fondo de Población de Naciones Unidas, México se coloca en el primer lugar entre los integrantes de la OCDE en embarazos de adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años de edad, con una tasa de 64.2 nacimientos por cada mil.

Agregó que la discriminación, exclusión y constante violación de los derechos de la niñez exigieron acciones decididas; por ello, continuó, el pasado 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento que significa un parteaguas en el reconocimiento de este grupo poblacional como sujeto de derechos.

La diputada dijo que es necesario dar continuidad al proceso legislativo iniciado, así como al compromiso adquirido con las generaciones presentes y futuras.

“Resulta fundamental realizar las adecuaciones necesarias a efecto de homologar, transversalizar y dotar de congruencia a la legislación implicada, a efecto de que la niñez mexicana logre el pleno reconocimiento, respeto, ejercicio y goce de todos los derechos que le son inherentes”, subrayó.

Para perfeccionar este marco jurídico, propuso reformar el artículo 7 Ley General de Educación, con el objetivo de reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los mismos.

Planteó además modificar el artículo 42 para establecer que las autoridades educativas deberán
observar los principios rectores establecidos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.

Estas reformas permitirán asegurar al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Además, brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

Puntualizó que la educación básica debe considerarse como el canal fundamental en la promoción de los valores, que animen una vida colectiva democrática, en la cual el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos sea una realidad, una forma de vida cotidiana y no sólo un postulado.