Diputados exhortan para incluir tratamiento de insuficiencia renal en Catalogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular

La Cámara de Diputados exhortó este 23 de febrero de 2016 a la Secretaría de Salud a incluir la atención y tratamiento de la insuficiencia renal en el Catalogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, pues en México entre 8 y 9 millones padecen esa enfermedad, y entre 100 mil y 130 mil personas se dializan, para lo cual erogan 250 mil pesos anuales.




Al hacer la propuesta, Rosalinda Muñoz Sánchez señaló que de acuerdo con el último censo de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012 hubo 12 mil fallecimientos derivados de insuficiencia renal, siendo el Estado de México el de mayor incidencia, con 1,487 casos, seguido de la Ciudad de México, 948, Jalisco 920; en Puebla 756, en Guanajuato, 604 y en Nuevo León, 392 pacientes.

Refirió que lo más grave de la insuficiencia renal crónica es la desigualdad, pues los pacientes de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están cubiertos 100% con terapia de reemplazo renal, mientras que los del Seguro Popular no.

Es un desafío global que debe ser atendido”, apuntó, y llamó a no hacer caso omiso ante esta realidad que puede combatirse con acciones claras y puntuales.

Destacó que son insuficientes los esfuerzos para incrementar los trasplantes renales, que son la mejor alternativa para enfrentar ese mal, pero por los altos costos de los tratamientos no todos los enfermos tienen garantizada la atención médica. Si la diálisis y hemodiálisis se incorporaran al Seguro Popular, se requerirían 9,100 millones de pesos al año, más de 90% del total del dinero del Fondo de Gastos Catastróficos, explicó.

El exhorto refiere que la insuficiencia renal es un problema de salud pública a nivel mundial, y el número de pacientes se incrementa. Cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o hemodiálisis o, en su defecto, de trasplante renal, lo que incrementa progresivamente el costo de atención, puntualiza.

La Fundación Mexicana del Riñón precisa que en México hay actualmente 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102 mil personas con insuficiencia renal crónica y 37,642 con tratamiento continuo de diálisis. Se estima, además, que 55 mil pacientes reciben tratamiento renal sustitutivo con diálisis y que al menos la misma cifra no tiene acceso a este tipo de tratamiento



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Al manifestar su apoyo al punto de acuerdo, el Gonzalo Guízar Valladares afirmó que el Seguro Popular debe absorber a los pacientes que no tienen seguridad social para atender al 100% su padecimiento.

Hizo un llamado a las dependencias vinculadas en autorizar la disponibilidad presupuestal para que estos pacientes, tengan o no seguridad social, en las instituciones sean atendidos al 100% en su padecimiento, pues aunque no todos están en condiciones de vulnerabilidad, un gran porcentaje debe tener el respaldo de las secretarías y dependencias.




La diputada Carmen Victoria Campa Almaral expresó que es urgente garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos y cerrar la brecha de inequidad y de desigualdad social, por lo que el Estado debe generar condiciones para que sus ciudadanos vivan lo más saludables posible.

“Para ello fue creado el Seguro Popular; sin embargo, hasta el momento, su Catálogo Universal de Servicios de Salud no reconoce la cobertura de enfermos con insuficiencia renal”, el cual es un problema de salud que afecta a México y al mundo.

Dijo que, según la Fundación Mexicana del Riñón, 9,276 personas esperan un trasplante del órgano.




La diputada Marbella Toledo Ibarra indicó que la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial, “y ha alcanzado cifras de suma seriedad en México y ha llegado a dimensiones alarmantes”.

Mencionó que existe gran inequidad en el acceso al tratamiento, con desventaja para la población con menos ingresos. En Méxicolos beneficiarios del Seguro Popular no cuentan con acceso a terapia de reemplazo renal” y se deben tomar acciones para prevenirla y evitar que progrese.




Enseguida, el diputado Roberto Guzmán Jacobo destacó que incluir la insuficiencia renal y su tratamiento en el Seguro Popular es de vital importancia, por ser un problema de salud pública, y expresó que es responsabilidad de la Secretaría de Salud garantizar la atención en términos de la Norma Oficial 03-SSA-3-2010 que habla de la práctica de la hemodiálisis.

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Explicó que la insuficiencia renal y su tratamiento son parte, respectivamente, de un padecimiento degenerativo y un problema de inequidad ante otras enfermedades, ya que no se encuentra en el catálogo de patologías del Seguro Popular.




En La participación de diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones se aseguró que la incidencia de ese padecimiento pone en entredicho la capacidad de la infraestructura hospitalaria y de los recursos humanos con que cuenta nuestro sistema de salud para poder atenderlo. Además, por el costo del tratamiento en etapas avanzadas, los pacientes que no son derechohabientes de instituciones de salud públicas, se ven obligados a abandonarlo.

Esta enfermedad es resultado de un círculo vicioso en el que se conjugan obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Se deben tener en cuenta los altos índices de prevalencia de dichos padecimientos, que merman paulatinamente la función del órgano.




Al manifestar su voto a favor, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto indicó que el número de enfermos con este mal aumenta de manera alarmante, detectándose picos de afección en zonas con contaminación de aguas, asociada con otras enfermedades crónicas como diabetes y presión alta.

Además, el número pacientes que recurre a diálisis, hemodiálisis y, por último, trasplante, crece debido a la falta de una política de Estado de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento temprano. Añadió que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, 61.2% de la población mexicana no tiene seguridad social, por lo que se debe asumir integralmente los costos del tratamiento correspondiente.




El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya consideró indispensable incluir, paulatinamente, un mayor número de padecimientos en el catálogo universal de la salud y que las autoridades adecuen los programas públicos para responder a las necesidades de la sociedad.

Indicó que en México cada vez hay más personas que deben recurrir a un procedimiento de diálisis, hemodiálisis o trasplantes renales para tratar esta enfermedad silenciosa, gastando entre 80 y 170 mil pesos mensuales. Reconoció la endeble situación financiera del gobierno, “pero en lo que toca al derecho de la salud deben incrementarse los esfuerzos para que todos los mexicanos puedan ejercerlo”.



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Al manifestar su postura, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, afirmó que ésta es la primera causa de enfermedad de niños menores de 5 años. En Jalisco se requieren 3 mil riñones para niños y 11 mil para todo el país, por lo que cuestionó de dónde se obtendrá esa cantidad de órganos para donar y ayudar a esos niños. “Los adultos también padecen esta enfermedad. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencias crónicas y respiratorias son causas para esta enfermedad”.

Llamó a sumar esfuerzos para que el Seguro Popular contemple la enfermedad que termina con niños y adultos, que se tomen en cuenta diálisis, trasplante y seguimiento al tratamiento inmunosupresor. Pidió “promover a nivel nacional el hospital donante, para que cada vez más instituciones capaciten a su personal para que sean donantes”, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del mundo se dan 850 millones de muertes al año por esta enfermedad. “México está en el número 12 del mundo y en el 2020 será la primera causa de muerte y discapacidad en México”.




La diputada Delia Guerrero Coronado dijo que la insuficiencia renal se encuentra entre las 20 enfermedades de mayor importancia en el país, representando más de 10 mil muertes al año; de ahí la trascendencia de incluirla en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Como legisladores debemos poner especial énfasis en promover una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un factor determinante en su desarrollo”, puntualizó.

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