En donde se propuso instrumentar una política integral de seguridad ciudadana en espacios públicos para implementar un mecanismo en México con el fin de enfrentar las agresiones a mujeres, un banco nacional de datos sobre violencia contra las mujeres, la participación de entidades federativas, alerta de violencia de género y establecer acciones internacionales para combatir delitos contra mujeres migrantes.

El conversatorio “Nuevas violencias contra las niñas y mujeres jóvenes en contextos de conflicto, crimen trasnacional y migración” fue realizado del 25 al 26 de junio del 2014 y organizado por la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Angélica de la Peña Gómez, y que fue realizado en las instalaciones del Senado de la República.

Senado contra la violencia hacia las mujeres

En el primer día de actividades el pasado 24 de junio del 2014 la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez declaró que el Senado de la República respaldará acciones internacionales que permitan combatir acciones de violencia contra las mujeres y menores de edad, como la trata de personas.

Al participar en la inauguración del conversatorio, dijo que los actos de agresión a la dignidad se insertan en un contexto más amplio, a causa de la intervención directa de bandas del crimen organizado, en particular del narcotráfico y la trata de personas.

Hechos como el que la Red Interamericana de Refugios informe que atiende a mujeres violentadas por bandas delictivas internacionales, pone de relieve el tema y obliga a tomar acciones, incluidos acuerdos con países hermanos para obtener información y decidir, de manera convenida, la persecución de este tipo de delincuentes.

De la Peña recordó que el Senado emprendió reformas para perseguir y sancionar con más eficacia a los delincuentes, pues en México existen resultados vergonzosos en el combate a la trata de personas, y ello se evidencia en las procuradurías estatales, donde resulta irrisorio el número de sentencias emitidas frente a los casos denunciados.

La reforma contra la trata se desarrolló durante más de año y medio y actualmente está en la Cámara de Diputados, donde “esperamos contar con la voluntad política de los coordinadores parlamentarios para que en el próximo periodo de sesiones se concrete, enviemos esta reforma al Ejecutivo para su publicación lo más pronto posible y así tener la herramienta jurídica que permita la persecución eficaz de estos delincuentes”, concluyó.

La fiscal especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), Nelly Montealegre Díaz, reconoció la gravedad de la actividad de las bandas delictivas internacionales, que incluyen a países de América y de Europa.

Esta fiscalía especial detectó que en México se registra el fenómeno de las maras, organizaciones trasnacionales de pandillas criminales, como ejecutores de la trata de mujeres -particularmente contra menores hondureñas- que replican la violencia extrema que han sufrido en su país, por lo que son más agresivas que las pandillas guatemaltecas, salvadoreñas o ecuatorianas, reportó la funcionaria.

Estados Unidos ha manifestado su gran preocupación a México porque las mujeres migrantes detenidas en su frontera, principalmente menores de edad, están embarazadas porque fueron violadas dentro de territorio mexicano, situación que es ya incontrolable, e incluso se ha establecido entre la comunidad centroamericana que quienes pretendan cruzar por nuestro país, deben de tomar pastillas o inyectarse anticonceptivos.

Otro aspecto, subrayó Montealegre Díaz, es la presencia de bandas delincuenciales que involucran a países europeos, lo que se reveló en estadísticas de 2013: el mayor número de víctimas de trata en nuestro país provienen de Europa del Este, lo cual implica que debieron pasar por filtros de naciones de aquél continente como de América.

Margarita Guillé Tamayo, coordinadora de la Red Interamericana de Refugios, apuntó que México se ha convertido en uno de los trayectos más peligrosos del mundo para los migrantes, debido al aumento de la protección de la frontera con Estados Unidos, lo cual ha derivado en una crisis humanitaria por las vejaciones cometidas contra quienes pretenden cruzar esta franja.

Advirtió además que se ha dado paso a la corrupción: acorde a un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante seis meses se contabilizaron 198 secuestros, en el 40% de estos participaron autoridades locales. Según este informe, en el mismo periodo se registraron un total de nueve mil 857 víctimas del crimen organizado.

Existe un marco legal internacional para combatir estas violaciones, reflexionó la activista, sin embargo se suscriben a la competencia de cada país, lo que no encaja con la emergencia humanitaria, por lo que urge emprender un trabajo internacional, a fin de coordinar acciones y evitar que se imponga la cultura de la impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres.

En lo anterior coincidieron Roberto de León Huerta, director general adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Marcela Esternod Aramburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes afirmaron que el gobierno federal ha emprendido una agenda de política internacional de protección de los derechos humanos en general y, en lo particular, de protección a las mujeres.

Luz Piedad Caiceco Delgado, del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas Colombia; Vilma Rojas Montejo del Ministerio Púbico de Guatemala; y Julissa Mantilla Falcón, consultora en Género y Justicia Transicional, refrendaron la necesidad de una legislación internacional para combatir la violación de los derechos de las mujeres e infantes.

Necesario implementar mecanismos nacionales para enfrentar agresiones a mujeres

En el segundo día de actividades, este 26 de junio se expresó que es necesario implementar un mecanismo nacional para enfrentar las agresiones a mujeres, a través de la puesta en marcha de la alerta de violencia de género, advirtió la subdirectora de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Nuriney Mendoza Aguilar.

Expuso que ello implica activar un banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra mujeres, con la participación de las entidades federativas, además de instrumentar mecanismos para supervisar la adecuada aplicación de las leyes por parte de servidores públicos, y aquellos que cometan actos de discriminación deberán ser sancionados.

Mendoza Aguilar propuso instrumentar una política integral de seguridad ciudadana en espacios públicos, pues las estadísticas revelan que una de cada cuatro mujeres es víctima de agresiones verbales, 14% al salir a la calle es víctima de tocamientos, y 1.3% ha sido violada, en tanto que 8% de ellas evitan acudir a lugares públicos, por miedo a ser sujetas de agresión.

Por otra parte, Loreto Vicente Perotti, directora general Adjunta de Políticas Públicas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dio a conocer que el gobierno federal realizó un diagnóstico acerca del problema de trata en el país.

Es una herramienta del Estado mexicano, subrayó, que contiene recomendaciones, políticas públicas y estrategias operativas para enfrentar este ilícito de manera efectiva.

Verónica Caporal, consultora en violencia y trata de personas, habló sobre los contextos en donde se da la trata de personas y la prostitución, tales como las cantinas, estéticas, las calles, un bar, espacios, dijo, en que se ha naturalizado y normalizado este tipo de ilícito.

Elsa Simón, directora general de la asociación Por la Superación de la Mujer A.C. alertó que en Tapachula, Chiapas, cada día crece más la prostitución y el problema de la trata, en especial de las niñas, adolescentes y niños provenientes de Centroamérica y parte de Sudamérica.

María Eugenia Villareal Chávez, directora de la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes, de Guatemala, aseveró que la única manera de que se tenga un impacto en contra de este delito, es a través de acciones regionales articuladas entre los gobiernos, organismos de la sociedad civil e internacionales.

En su intervención, María de la Luz Lima Malvido, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), solicitó al Senado que se presente una moción en tribuna para pedir una explicación al gobierno federal de por qué México no ha firmado el Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de civiles en conflictos armados.

Apuntó que si en la reforma penal no se considera incluir la protección de las garantías ya catalogadas a nivel internacional, “vamos a ser muy buenos en los litigios, pero vamos a violar derechos humanos todos los días”. Además, advirtió que México debe ratificar el tercer protocolo para la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Lima Malvido se pronunció porque el Congreso emprenda una legislación sobre la protección de derechos humanos, como parte de las acciones de protección civil, pues el abuso sexual aumenta en momentos de desastres, debido a que niñas y mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad.

Marco Antonio Vargas Urías, director de Gendes, A.C., resaltó la necesidad de trabajar estos problemas con los jóvenes y concientizarlos, a fin de prevenir que siga creciendo el delito.