Con la finalidad de crear políticas públicas que prevengan, atiendan y erradiquen de manera urgente este delito.

El documento señala que en 2013 se registraron 5,736 denuncias por violación infantil, y en el primer trimestre de 2014 se han presentado 2,216. Enfatiza que la agresión sexual no distingue sexo, edad, religión o niveles socioeconómicos, por lo que es necesario implementar más y mejores políticas públicas para la prevención y erradicación de este problema social.

Refiere que la mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades, así como la tolerancia social y la falta de conciencia.

Las investigaciones indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Por ello, la relevancia de crear conciencia en la sociedad y las autoridades para atacar este tipo de abuso en contra de los menores de edad.