El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen de reforma a la fracción III, del Apartado A, del artículo 2 de la Constitución, con la finalidad de proteger los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y garantizar que no sean vetadas en una contienda electoral, alegando que no está permitido por los usos y costumbres de su comunidad.
El senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que la reforma es acorde con los principios de dignidad humana e igualdad esencial de todas las personas. Con ello se combate la discriminación por razón de género, apuntó.
Expuso que se trata de una cuestión de espectro amplio, porque no sólo se reduce a la participación política de las mujeres indígenas, sino que entraña la lucha histórica de la mujer por sus derechos político-electorales, y se refleja en el derecho al sufragio activo y pasivo, a acceder a cualquier cargo público, y a participar en todos los ámbitos políticos.
El senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, destacó que la reforma tiene gran importancia en estados como Oaxaca, entidad a la que representa, pues es común que se niegue a las mujeres participar en las elecciones locales; y puso como ejemplo los casos de Abigail Vasconcelos, en San Bartolo Coyotepec; y de Eufrosina Cruz, en Santa María Quiegolani; –en esa entidad– a quienes se les prohibió ser candidatas.
La senadora Claudia Pavlovich, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, explicó que la negativa a las mujeres indígenas, para que participen en un proceso electoral, vulnera lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, en lo referente a los derechos humanos; y en segundo lugar viola los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
En su intervención, el senador Manuel Bartlett consideró que los conceptos que plantea el dictamen están implícitos en la Constitución, por lo que se trata de una reforma inútil. Propuso, en cambio, hacer campañas para difundir los derechos de la mujer indígena, y no “agrandar” uno que ya está constituido en la Carta Magna.
Indicó que la pieza clave, en la que se deberían enfocar, es proporcionar educación a las mujeres de estas comunidades.
El senador Isidro Pedraza Chávez, resaltó que la reforma busca cerrar el paso a la injusticia. Agregó que, paso a paso, se logrará la igualdad de mujeres y hombres en las comunidades indígenas; y precisó que esta reforma tiene la finalidad de fortalecer los derechos políticos de los indígenas, con un sentido de igualdad ciudadana y equidad de género, agregó.
En tribuna, la senadora Luisa María Calderón afirmó que el Senado debe seguir impulsando acciones afirmativas en favor de la mujer, pues la finalidad es evitar la discriminación de género. Es un error pensar que para gobernar, las mujeres primero tienen que estudiar, enfatizó, ya que no tiene que ver con la igualdad política que defiende el dictamen.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que el dictamen corrige y sustituye el concepto de equidad por el de igualdad, lo que la convierte en una reforma trascedente y sustantiva. Además, da un periodo de 180 días a los congresos locales para que reformen sus respectivas leyes, para que los derechos políticos y civiles de las mujeres indígenas se hagan realidad.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo dijo no entender que se vote en contra de una reforma que busca garantizar un derecho de la mujer. Expresó que elimina la violencia política en los pueblos indígenas, donde se maltrata a las mujeres y las eliminan de los procesos electorales. Este dictamen es de mayor importancia por la cantidad de mujeres a las que representa y porque salvaguarda sus derechos humanos por encima de los llamados usos y costumbres, comentó.
El proyecto de decreto para reformar la fracción III, del Apartado A, del artículo 2 de la Constitución Política fue aprobada por el Pleno del Senado de la República en votación nominal, por 90 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. El documento fue remitido a los congresos estatales.
