Se presenta iniciativa para que deudores de pensión alimenticia pierdan derechos político-electorales

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propuso modificar el artículo 38 de la Constitución, con el objetivo de que pierdan el derecho a postularse a un cargo de elección popular u ocupar espacios de responsabilidad pública, aquellas personas deudoras alimentarias, que han sido declaradas judicialmente morosas.

Iniciativa para que deudores de pensión alimenticia pierdan derechos político-electorales

Mediante una iniciativa, que se encuentra en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora precisó que esta propuesta se fundamenta en el hecho de que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia tiene como efecto que se vulnere uno de los derechos humanos fundamentales: el interés superior de la niñez.

Consideró que, en todo momento, la ley debe prever que en el ejercicio de una responsabilidad pública no se dañen otros derechos o se vulnere, amparándose en el fuero que le otorga.

Pensión alimenticia es una obligación económica

La senadora recordó que la pensión alimenticia es una obligación económica, ordenada por un tribunal judicial. Esto para proporcionar manutención a las niñas, niños, las y los adolescentes en caso de separación o divorcios de madres y/o padres.

Dicho pago no sólo debe comprender el sustento básico, sino también otro tipo de necesidades como:

• educación
• recreación
• vestido
• salud

Datos del divorcio e incumplimiento

Pinedo Alonso refrió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía infirmó que hasta el pasado 11 de julio de 2020 se han registrado: 113 mil divorcios de matrimonios o uniones con hijos. De ellos, en más de 34 mil casos las hijas o hijos no reciben pensión alimenticia.

Asimismo, informó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en 2019 hubo poco más de 23 mil carpetas de investigación abiertas por falta de pago de la pensión alimenticia.

Conclusiones

Cora Cecilia Pinedo Alonso señaló que la falta en el cumplimiento de esta obligación se encuentra sancionado en el Código Penal Federal; y genera también la suspensión de los derechos políticos.

Dijo que los vicios del sistema y una cultura machista en el ejercicio de la procuración de justicia, lleva a que estas disposiciones rara vez se apliquen.