La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández impulsa un punto de acuerdo para exhortar a las fiscalías generales estatales a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el uso del transporte público, a partir de fomentar la denuncia y garantizar procedimientos adecuados para castigar a quien cometa estas agresiones.
[/media-credit] La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández resaltó que detener la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia sexual en las calles y el transporte, “aún no es una prioridad gubernamental”.
De igual modo, planteó solicitar a las secretarías de Movilidad y Transporte y homólogas de las entidades federativas, diseñen e implementen programas que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las niñas y mujeres.
La también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), las manifestaciones de violencia de género más notorias son producidas en espacios públicos, entre ellas, la violación, abuso sexual, intimidación, trata de personas, prostitución forzada y acoso sexual en el trabajo.
Agregó que a nivel nacional el 31.8% de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de alguna violencia en el espacio público:
- 86.5% de ellas recibió desde insultos hasta violaciones
- 38.3% sufrió intimidación
- 38.3%, abuso sexual
- 8.7%, violencia física
Comentó que el transporte público es mayoritariamente utilizado por las mujeres que se desplazan con niños y niñas pequeños y personas adultas mayores y enfermas, debido a la necesidad de hacer compatible el trabajo remunerado y el doméstico.
Rodríguez Hernández subrayó que México se posiciona como uno de los países latinoamericanos con mayor índice de violencia contra las mujeres. Entre 2013 y 2014, se estima que 7 fueron asesinadas diariamente, la mayoría de ellas en espacios públicos o en el desarrollo de sus actividades diarias.
Comentó que la Convención Belem Do Pará establece que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito privado, como público. Es así, que el derecho a la libertad y a la seguridad personal, es fundamental para el acceso a la justicia.
La legisladora resaltó que detener la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia sexual en las calles y el transporte, “aún no es una prioridad gubernamental”.
Por ello, consideró que el Estado mexicano debe garantizar la seguridad, la integridad física, sexual y emocional de las mujeres para lograr el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, evitar las muertes violentas de las mujeres y prevenir la violencia feminicida en el transporte.
