A fin de eliminar la brecha de exclusión educativa para personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes, el Senado de la República exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a reorientar la política dirigida a garantizar el derecho a la educación de este sector de la población.
[/media-credit] La integración de la discapacidad en la vida colectiva supone la implementación de un nuevo modelo que impida la exclusión y resalte que el derecho a la dignidad personal.
En este sentido, los legisladores también buscan impulsar el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación básica, media superior y superior que atienden a dichos grupos poblacionales.
Para este efecto, plantearon que la Cámara de Diputados amplíe los recursos financieros del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinados al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244), a fin de aumentar la cobertura, inclusión y equidad educativas para los grupos vulnerables.
Se precisa que a pesar los significativos avances en materia legal y de política pública, la brecha para la inclusión educativa de las personas con discapacidad aún es muy amplia.
Se resalta que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), apenas el 46.5% de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad acude a la escuela.
Es por ello, que la integración de la discapacidad en la vida colectiva supone la implementación de un nuevo modelo que impida la exclusión e impulse el derecho a la dignidad personal, a la no discriminación y a poder participar solidariamente en la construcción de derechos inalienables para cualquier persona.
La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad es una lucha en defensa de la diversidad humana, que está trazando un camino que habrán de recorrer todas aquellas sociedades que quieran combatir la exclusión, se expone.
