En la sesión del 13 de septiembre de 2018 la diputada Martha Elena García Gómez presentó dos iniciativas: en la primera se expone que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) observe el principio interés superior de la niñez; y considerar presupuestos suficientes para la atención de la niñez y adolescencia.

[/media-credit] Se plantea que PND observe principio interés superior de la niñez y Considerar presupuestos suficientes para su atención.

Asimismo, se propone que la incorporación de los principios de igualdad de género y del interés superior de la niñez como enfoques transversales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; la promoción de indicadores que faciliten diagnosticar el impacto de los programas y su evaluación, y facultar a la Secretaría de Hacienda para coordinar la inclusión de los enfoques transversales en el plan nacional.

La primera iniciativa, fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señala que la incorporación del principio del interés superior de la niñez como uno de los ejes rectores de la planeación democrática nacional permitirá salvaguardar los derechos de niñas, niños, las y los adolescentes.

Con respecto a la segunda propuesta de la diputada García Goméz en donde plantea cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que no se reduzcan a los programas presupuestarios ni las inversiones dirigidas a la atención integral de niñas, niños, las y los adolescentes.

Asimismo, que los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos, que deberán privilegiar a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La legisladora destacó la relevancia de que el gobierno entrante, en sus políticas públicas y acciones gubernamentales, considere prioritariamente presupuestos suficientes y adecuados en materia de niñez y de adolescencia, toda vez que el Estado mexicano está obligado a dar cabal cumplimiento a la Constitución General, la ley y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Se canalizó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública[.]