La situación que viven las y los jefas/es de hogares monoparentales no es sencilla; la mayoría de las veces, el cuidado y atención del menor con discapacidad se convierte en su actividad principal en el día. Por ello, la legisladora Marisol González Martínez, subrayó, el Estado debe otorgar las herramientas necesarias para beneficio de esta población.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizará una iniciativa para que la Secretaría de Desarrollo Social brinde apoyo de alimentación, vestido y vivienda adecuados, a las madres, padres o tutores que cuiden a menores de edad con discapacidad y que se encuentren en situación de pobreza o marginación.
La reforma, promovida por la legisladora Marisol González Martínez, prevé modificar el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y con ello beneficiar a cerca del 7% de la población total de México, la cual presenta alguna limitante física.
La legisladora, secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, detalló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del total de casos registrados de personas con discapacidad, 7.6% corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años, mientras que 7.3% a niños de 0 a 14 años.
En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sostiene que “el peso que significa tener un hijo con discapacidad en el hogar hace que las familias se desintegren, ya que en ocasiones los padres no logran adaptarse a los cambios de vida y, en consecuencia, abandonan a la pareja”, comentó.
Apuntó que las casas de rehabilitación locales han encontrado que de cada 10 mujeres que acuden a dichas instituciones, 7 son madres solteras o abandonadas por sus parejas.
“El progenitor que no cuenta con el apoyo económico del cónyuge, debe atender las necesidades básicas y el tratamiento de su hijo, lo cual no le permite acceder a un trabajo con una remuneración que alcance a cubrir los gastos del menor con discapacidad”, argumentó González Martínez.
Ante este panorama, la diputada insistió en la importancia de instrumentar mecanismos legales que permitan proporcionar asistencia social a los padres o tutores de los menores de edad con discapacidad.
De esta forma, añadió, se crearían condiciones favorables para el desarrollo de los menores con discapacidad, toda vez que la búsqueda de un trabajo para los progenitores es complicada, debido a que necesitan tiempo para llevar al menor a las terapias, atender las necesidades afectivas y apoyarlos para que adquieran seguridad en sus primeros años[.]