Durante la reunión “Pañuelazo y parlamento abierto por el aborto seguro, gratuito y legal”, se solicito al Estado que provea una educación sexual a toda la población de forma permanente y abierta que contribuya a abatir el aborto, y reconozca la deuda histórica que se tiene con esta población, porque el aborto no es un tema moral, sino de derechos humanos y salud pública.
[/media-credit] y parlamento abierto por el aborto seguro, gratuito y legal.
Se pronunció por acabar con visiones que criminalizan a las mujeres que abortan y demandó la separación del Estado de las iglesias en la discusión de este tema.
“No podemos permitir, por ninguna circunstancia, que siga pesando el argumento de carácter religioso sobre decisiones públicas. Tenemos un principio de laicidad establecido en la Constitución que debe respetarse en esta Legislatura de la Paridad de Género. Exigimos que se separe el poder público de las iglesias”, apuntó.
Propuso a organizaciones de la sociedad civil elaborar un punto de acuerdo que conjunte sus propuestas y se presente directamente en el Pleno, con el objetivo de vincularlo con los congresos de las entidades federativas para que reformen los códigos penales estatales, tras presentarles una propuesta de despenalización del aborto y amnistía, debido a que las mujeres juzgadas y encarceladas por este motivo fueron sentenciadas por jueces locales.
Asimismo, solicitarles a los estados informen cuántas mujeres están recluidas no sólo por aborto, sino delitos vinculados a esta conducta.
Sostuvo que “los derechos se vulneran cuando se penaliza el aborto”, porque se violentan los derechos humanos de las mujeres. “Tenemos la obligación de cumplir una serie de compromisos internacionales ratificados por México en apoyo a esta población”.
Calificó de acontecimiento histórico la decisión del Congreso de Oaxaca al aprobar modificaciones en el código penal estatal para despenalizarlo y establecerlo como un derecho humano fundamental de las mujeres.
La también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, consideró insuficiente la propuesta del Ejecutivo federal sobre la Ley de Amnistía contra la criminalización de los derechos reproductivos de las mujeres; sin embargo, propuso aprovecharla y no descalificarlo, porque en efecto, primero era necesario despenalizarlo como un delito y luego aplicar el recurso de amnistía.
La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que abortar en condiciones de insalubridad, sin atención médica adecuada y oportuna, es la cuarta causa de muerte materna en el país.
Agregó que 4 mil mujeres están presas en el país por este motivo, mientras que ningún hombre está encarcelado por haber obligado a abortar, ni personal médico sentenciado.
Señaló que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años, de éstas, poco más de un millón informó haber recurrido a la interrupción de la gestación.
Resaltó que el aborto es un asunto de salud pública, donde la mujer tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Se pronunció por construir un Código Penal Único para insertar la “no criminalización ni que sea punitiva la decisión de recurrir al aborto”. Demandó legislar con visión de género.
La también presidenta del Grupo de Amistad México-Argentina, consideró insuficiente la propuesta de amnistía, porque se podrá liberar de proceso o cárcel a las mujeres que voluntaria o involuntariamente practicaron el aborto; sin embargo, se va a seguir criminalizándolas.
Se sumó a no permitir que las iglesias intervengan en este tema, porque el aborto no es un asunto de cifras, sino de voluntad y eliminar prejuicios en los integrantes de los congresos estales para que legislen.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez, se pronunció por la despenalización del aborto. El reto es consolidar un esfuerzo conjunto para la construcción y aprobar leyes adecuadas que apoyen a las mujeres, porque no es fácil abordar el tema del aborto. “Todos debemos asumir nuestra responsabilidad”.
“No es un favor que nos den las autoridades; los derechos humanos no se regatean, se ejercen. El Estado tiene una compromiso y obligación por los tratados internacionales”. Para tener éxito se debe seguir luchando por las mujeres y que las autoridades actúen con perspectiva de género.
Comentó que la Ley de Amnistía propone terminar la investigación de un delito, un proceso comenzado en cualquiera de sus fases, un perdón a la persona investigada, procesada o encarcelada, implicando que si no está detenida tenga su libertad de inmediato y se borren sus antecedentes.
Afirmó que sí es un avance para delitos menores y para las personas que no tuvieron acceso a la justicia por ser pobres o mala asesoría jurídica; aunque sean 15 casos que serán resueltos. “Tenemos que luchar juntas para despenalizar el aborto, aquí está el complemento para solucionar el tema”.
Celebró esta propuesta por ser un avance en el reconocimiento de los derechos humanos. “No es la solución para el aborto porque no se necesita un perdón”, y preguntó cuántos hombres están detenidos por abortos, no he visto un solo caso de investigación o proceso, desde 1998 en que empecé a trabajar en el Poder Judicial en Tlaxcala, porque es cuestión de dos personas, no sólo de la mujer.
Participaron en la reunión de trabajo representantes de las organizaciones:
- #YaEsHora
- AsiLEGAL
- Balance Fondo de Aborto para la Justicia Social María
- Equis Justicia para las Mujeres
- Instituto de Liderazgo Simone de Beavoir
- Las Libres
- Marea Verde México
- REDefine México
Propusieron despenalizar el aborto en el ámbito nacional, por medio de un Código Penal Único y que 30 congresos locales reformen sus códigos penales y los armonicen para erradicar la estigmatización que sufren las mujeres que lo practican, y lo consideren como un derecho, porque es un privilegio reservado a un número mínimo que tienen las condiciones económicas de pagar.
Criticaron la Ley de Amnistía al considerarla insuficiente, porque no cambia la estructura punitiva, ya que no se requiere el perdón de la sociedad o del Estado, pues la mujer tiene la capacidad y derecho de decidir si recurre o no a esta práctica. Además, no toma en cuenta los delitos adyacentes[.]
