El diputado Braulio Guerra Urbiola señaló que en México 7 de cada 10 menores de edad sufren algún tipo de agresión y únicamente el 2% de los casos se denuncia; por ello, impulsa una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de las niñas y los niños a un desarrollo integral libre de violencia y maltrato. La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que legislar en favor de la niñez no sólo cambia el futuro sino que traza un nuevo rumbo para todo un país.

Aseguró que de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indican que en 2017 México ocupó el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años, de entre todos los países que la conforman.

En México, explicó, “la violencia contra los menores es silenciosa, se invisiviliza y se ´normaliza´, desgraciadamente, el maltrato”. El abuso físico y el abandono constituyen en la actualidad los principales problemas de los menores en la sociedad, ya que se manifiestan en todos los estratos económicos y sectores sociales, enfatizó el diputado.

Es preocupante, continuó, que sea en el seno de la familia donde ocurren mayoritariamente estos actos, ya que entre el primer año de vida y los 14 años de edad, el 63% de infantes y adolescentes reclama haber experimentado castigo físico o psicológico por miembros de la familia.

Guerra Urbiola, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que los ataques contra los menores de edad dañan su salud física y mental, desestabiliza los entornos seguros de aprendizaje y hace estragos en la igualdad entre los géneros. “Los menores que son violentados serán adultos violentos y la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres nunca podrá cerrarse”, advirtió.

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” [1] y su impacto varía en función del sexo y edad de la víctima.

Comentó que hay 2 tipos de crueldad contra esa población:

1. Activa, que se presenta por medio de agresiones físicas y psicológicas y actos de abuso sexual, situaciones que provocan baja autoestima y merman el desarrollo personal, social, intelectual o moral.
2. Pasiva, que “se desencadena a través de actos recurrentes e intencionales de omisión, que también atentan contra la integridad física y emocional del menor”.

Mencionó que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece como principio rector el derecho a tener una vida libre de violencia; sin embargo, es necesario que el texto constitucional especifique en su artículo 4o. que los menores deberán tener un desarrollo integral libre de violencia y maltrato.