En las actividades de este 10 de septiembre de 2014, destaca que se incluirán las observaciones y recomendaciones de organismos pertenecientes a la ONU; recibir todas las participaciones de ONG’s, especialistas y organizaciones de la sociedad civil; una iniciativa para crear la Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos de la Infancia, la necesidad de planear el presupuesto necesario a las instituciones defensoras de niñas, niños y adolescentes y que senadores de los partidos PAN, PRD y PT anunciaron que presentarán una propuesta alternativa de Ley.
Propuesta alternativa
Con el fin de complementar el proyecto del Ejecutivo para garantizar la protección integral de los menores Senadores del PAN, PRD y PT anunciaron que presentarán una propuesta alternativa.
Los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y María del Pilar Ortega Martínez, de Acción Nacional; así como Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; y Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo, señalaron que el proyecto del Presidente es asistencialista y tiene insuficiencias que no garantizan la protección integral de los menores.
En conferencia de prensa, Gómez del Campo reconoció que este sector enfrenta vacíos legales e institucionales que los mantiene en la indefensión, pero la iniciativa presidencial contiene carencias de fondo que más que beneficiar a la niñez y a la adolescencia podrían perjudicarla.
Por eso, expuso, en la propuesta alternativa no sólo se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos sino que se impulsa su participación y se incorpora su voz en la toma de decisiones.
Además, se crea la defensoría para la protección y restitución de derechos, órgano desconcentrado que contará con presupuesto propio y con facultades para determinar el interés superior de la niñez, así como un consejo nacional de monitoreo y evaluación de la política en la materia.
El proyecto de los senadores, agregó, también atiende a las necesidades de los grupos de migrantes internos, desplazados, migrantes internacionales, refugiados, solicitantes de asilo, de protección complementaria, exiliados, así como víctimas de trata y tráfico de indocumentados.
Asimismo, dijo, se recuperan las propuestas presentadas en el Senado para la prevención, atención y seguimiento del acoso escolar y a favor de la convivencia libre de violencia en las escuelas.
Mariana Gómez del Campo confió en que este proyecto se discuta en las comisiones, a fin de que se pueda mejorar y perfeccionar la iniciativa preferente enviada por el Presidente de la República.
En tanto, el senador Mario Delgado Carrillo dijo que la iniciativa del Ejecutivo carece de un sistema de evaluación, “se recarga” demasiado en el DIF y parece que pretende resolver los problemas que enfrentan los infantes con las procuradurías que se plantean dentro de esta institución.
Consideró que es insuficiente la atención que se propone para los niños migrantes y ambiguas las atribuciones del Ejecutivo federal, estados y municipios.
Además, no plantea un verdadero sistema de garantías de derechos, sino que deja en manos de un órgano asistencial, el DIF, todas las funciones de diseño, implementación, evaluación y protección.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez celebró que el Ejecutivo se preocupe por el tema, pero en términos generales, su propuesta tiene un carácter asistencialista y lo que se requiere es un cuerpo normativo que realmente garantice la protección de niños y niñas.
En opinión de la senadora Layda Sansores San Román, abordar la iniciativa con trámite preferente apresura un debate que debe ser consensado con la sociedad, organizaciones y especialistas en la materia.
Por su parte, Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, advirtió que la falta de una legislación general en todo el país provoca la desarticulación en las acciones, planes, programas y mecanismos de defensa y esto genera problemáticas como la impunidad y el actuar discrecional por parte de las autoridades.
Karina Arias, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, señaló que en la propuesta presidencial sólo se incluye a los niños migrantes no acompañados y tampoco reconoce las diferentes facetas en las que un menor puede participar en la movilidad humana.
Observaciones de la ONU
En el dictamen de la Iniciativa Preferente de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se incluirán las observaciones y recomendaciones de organismos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas.
Así lo determinaron las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, de Educación, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, durante el segundo día de audiencias públicas sobre la iniciativa.
Participaron los representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Isabel Crowley; del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Alfonso Sandoval Arriaga; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Esteban Hernández Valencia; ONU-MUJERES, María de la Paz López Barajas, así como la especialista de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), Eva Reyes Ibáñez.
Los representantes de los organismos de la ONU expusieron ante los legisladores que integran dichas comisiones, la necesidad de clarificar aspectos trascendentes como la labor que realizará el DIF, el presupuesto que se le asignará para cumplir la doble función de atención a los menores y como protectora de sus derechos, para lo cual es necesario que posea facultades vinculantes con otras autoridades, como la Procuraduría de la Infancia propuesta en la misma iniciativa.
Coincidieron que se debe definir claramente la responsabilidad del Estado con los derechos de la infancia, para de esta forma eliminar el carácter asistencialista en la atención a menores.
Subrayaron la necesidad de que se atiendan las 117 recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho a México, especialmente en lo referente a los derechos de los infantes indígenas y migrantes, así como se revisen las dirigidas a países de Latinoamérica en materia de defensa de las garantías de la infancia.
Al incluirse estos aspectos, aseguraron, el Congreso mexicano dará una importante aportación para blindar la presencia de México en la tribuna del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Hilda Esthela Flores Escalera, destacó la importancia de las observaciones de los organismos de la ONU para lograr una ley que garantice, en los hechos, la protección de los derechos de la infancia y adolescencia y coloque a México a la vanguardia en la materia a nivel internacional.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, reconoció la necesidad de que en el dictamen se logre un diseño institucional transversal, que permita proporcionar al DIF los instrumentos técnicos, humanos y presupuestales para cumplir a cabalidad las nuevas facultades que se le asignarán, así como proveer de los recursos suficientes a la nueva procuraduría de atención a la infancia.
En lo anterior coincidió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez quien se pronunció también porque se elimine el matiz asistencialista en la nueva norma, pues sólo de esta manera se logrará que el Estado observe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y no como meros objetos de garantías. Se requiere igualmente, agregó, que se atiendan las recomendaciones de la Corte Interamericana, dada la magnitud del problema de la violación derechos en nuestro país.
El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, se pronunció porque se atiendan las recomendaciones para concretar instrumentos legislativos que permitan dar voz a los menores y se atiendan cabalmente sus necesidades de alimentación, educación, justicia y salud.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Educación, Martha Elena García Gómez, subrayó la necesidad de que la nueva legislación cambie el paradigma del asistencialismo, para de esta forma hacer visibles a los infantes, en especial a los que son altamente vulnerables como los indígenas y migrantes.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, el senador Daniel Amador Gaxiola, se pronunció porque se atiendan todas las observancias de los organismos de la ONU, para que no se quede corta la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El senador Raúl Morón Orozco, solicitó a los especialistas que respalden al Senado con estrategias que permitan hacer realidad la protección de los niños en la vida cotidiana, no sólo en la norma, al tiempo de considerar que se deben analizar casos exitosos de otros países.
Presupuesto e iniciativa para Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos de la Infancia
En la dictaminación de la Iniciativa Preferente de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se buscará dotar de presupuesto suficiente a las instituciones que serán responsables de la protección y defensa de los derechos de la infancia, así como incluir apartados de defensa de menores en situación de vulnerabilidad, como la pobreza y discapacidad.
Así lo establecieron las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, de Educación, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, durante las conclusiones de la cuarta audiencia pública con especialistas y representantes de organizaciones sociales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, apuntó que no existe riesgo de que no se concrete esta iniciativa, pues al ser preferente existe la obligación de dictaminarla en 30 días, o de lo contrario se aplica afirmativa ficta y se turna a la Cámara de Diputados para este efecto.
Empero, advirtió, el riesgo es que haya una ley insuficiente, por lo que los senadores tienen el compromiso de incluir todos los elementos necesarios para que sea una realidad en México la defensa de los menores de edad.
En lo anterior coincidió la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, senadora Martha Elena García Gómez, al recordar que el Pleno del Senado aprobó en marzo de 2013 la legislación integral de protección a la infancia y, desde entonces, se fijó la meta de establecer los pisos mínimos que requieren para cumplir este ordenamiento.
La legisladora consideró que es necesario contemplar en la nueva ley los perfiles de familia de acogida y de pre-adopción, para disminuir la institucionalización de los niños y hacer cumplir el derecho de que vivan en familia.
También se debe incluir aspectos como migración, acoso escolar, protección especial a menores en situación vulnerabilidad, a fin de que se legisle adecuadamente sobre todos los derechos de los infantes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, expresó su confianza de que prevalecerá la voluntad política para dictaminar correctamente la mencionada ley.
Subrayó que México no puede seguir como candil de la calle y oscuridad de su casa, en la víspera de las conmemoraciones de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.
En su turno, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, consideró que se deben definir los recursos necesarios para que la ley avance, pues de lo contrario pasará a formar parte del cúmulo de leyes que no operan por falta de presupuesto.
Comentó que no puede haber garantía de derechos humanos si no hay dinero para atender los asuntos relativos a la ley, por lo que los senadores deben de considerar el tema durante los trabajos parlamentarios.
En lo anterior coincidió la senadora Mariana Gómez del Campo, quien aclaró que los senadores no tienen la intención de pelear con la iniciativa presidencial, por el contrario, su interés es enriquecerla para que sea factible, y se requiere de un gran presupuesto para entrar a fondo en el tema y sacudir a las instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
Anunció que presentará ante el pleno la iniciativa para crear la Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos, como un órgano desconcentrado capaz de determinar el interés superior de cada niña, niño y adolescente.
Raúl Morón Orozco, se pronunció por dar un enfoque integral a los derechos plasmados en la Constitución, pues la iniciativa los contempla de forma superficial, ya que faltan elementos sustantivos como la división de atribuciones entre las instituciones y la asignación de presupuestos.
Refrendó que el objetivo es fortalecer la iniciativa preferente, pues los senadores son conscientes de las limitaciones en diversos aspectos en los que se debe trabajar y dar solución a los problemas de los infantes.
Las comisiones unidas escucharon la opinión de Alberto Barquera Medina, presidente de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (ODISEA); la activista social Katia D´Artigues y las investigadoras Minerva Gómez Plata, y Mónica González Contró, de la UAM y UNAM, respectivamente.
Los expertos coincidieron en que el Congreso tiene la oportunidad de elevar la iniciativa preferente a la altura de los preceptos de derechos humanos plasmados en el artículo 73 de la Constitución, por lo que debe prevalecer disposición al diálogo con todos los sectores involucrados.
Aporte de ONG´s
La iniciativa preferente de la Ley tomará en cuenta los criterios de especialistas y organizaciones de la sociedad civil para evitar que quede sólo en buenos deseos, acordaron los senadores que integran las comisiones dictaminadoras de Educación, de Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos, de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes y de Estudios Legislativos, Segunda.
En la tercera audiencia pública sobre el Análisis de la iniciativa preferente en esta materia, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, se comprometió a recibir todas las participaciones de las organizaciones a fin de desahogar la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Participaron Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México; Alfonso Poiré Castañeda, de Save The Children; Gabriela Escobar del Razo, de Alianza por la Infancia y sus familias; Nashieli Ramírez Hernández, del Colectivo contra la Trata de Personas en México, María Rocío Medrano, especialista en Derechos de la Niñez y Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la migración.
Los especialistas destacaron asuntos como el que la iniciativa deje de ser asistencialista y vea a los menores como sujetos de derechos, que el Estado asuma sus responsabilidades en el tema, detener prácticas intolerables, como trata de personas, albergues en buen estado, la violencia familiar.
Así como el de analizar las diferentes formas de familias establecidas en México, la calidad en la asistencia social, hacer una real separación de funciones entre las instituciones involucradas en este asunto, la migración y los derechos de la infancia, los protocolos de protección a los infantes, la educación y el retorno de niños migrantes no acompañados.
La senadora Marcela Torres Peimbert, enfatizó que toda la asesoría recibida por parte de las Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil, será tomada en cuenta a fin de evitar que la ley vuelva a ser solamente de membrete, como un buen intento o que sea utilizado el tema para favorecer una imagen.
Expresó que deben ser tomadas en cuenta todas las participaciones de las expertas y expertos y darle más sustancia a la iniciativa del Ejecutivo federal, además cuestionó que en la misma no esté contemplado ningún incentivo fiscal o bolsa económica para apoyar a las organizaciones ciudadanas abocadas a los asuntos de la niñez y la adolescencia en el país.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó que las expertas y expertos refieren la importancia que el DIF de una u otra manera se fortalezca, aunque expresó su extrañamiento de que no exista un señalamiento sobre la importancia que tiene la institución en la atención a la niñez en situación de vulnerabilidad.
La senadora Lisbeth Hernández Lecona, agradeció la participación de las organizaciones civiles en el ejercicio público que lleva a cabo el Senado de la República y destacó el punto relativo a que no debe ser motivo de separación familiar la falta de recursos y coincidió en que se debe de ir más allá de las múltiples causas que motivan la separación familiar.
Expuso que la iniciativa debe contemplar la parte preventiva para detener las altas cifras de desintegración familiar e indicó que como integrante de la Comisión de la Familia el tema del capítulo IV de la iniciativa, del derecho a vivir en familia, es de real importancia.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, destacó la importancia para el Senado de contar con las irreductibles de las organizaciones de la Sociedad Civil de la iniciativa, a fin de ir construyendo de cara a la dictaminación.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, solicitó que las contribuciones o ponencias de los especialistas estén disponibles en un micrositio, además de que se cuente con la versión estenográfica de sus participaciones.
La senadora Martha Elena García Gómez, resaltó la participación de la sociedad civil organizada y solicitó a ésta, hagan llegar los ejercicios de participación infantil que han realizado para de esta forma contar con un resolutivo sobre el tema.
La senadora Pilar Ortega Martínez, sostuvo que la participación de las organizaciones va a ser fundamental para que las comisiones dictaminadoras podamos sacar el mejor producto posible.
Externó su preocupación de que los niños migrantes puedan quedar en manos del Instituto Nacional de Migración y sea esta dependencia la que determine el interés superior de la niñez.
