Con 100 votos a favor y cero en contra, el Senado de la República aprobó este 29 de septiembre de 2014 en lo general el proyecto de decreto para expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
El dictamen a la iniciativa preferente que presentó el Ejecutivo federal sobre esta materia se avaló con 100 votos a favor y cero en contra, es decir por unanimidad.
El nuevo ordenamiento tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los menores de edad, conforme la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y dispone que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que los involucre.
Precisa que son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18.
La asamblea aprobó, en votación económica, incorporar al dictamen diversas modificaciones que presentaron las comisiones unidas, a fin de agregar la obligación de establecer acciones que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas en el sistema educativo nacional, facilitar su reingreso y promover su egreso.
También se acordó que las autoridades correspondientes deberán diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones.
Se añadió que niñas, niños y adolescentes tengan derecho a la libertad de convicciones éticas y no ser discriminados por ejercerlas.
Se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de establecer lineamientos para que los concesionarios de radiodifusión, incluyeran en su programación espacios de promoción de los derechos de los menores en los que puedan expresar libremente sus pensamientos, ideas, propuestas y críticas sobre aspectos relacionados con la niñez.
Los legisladores también acordaron que las autoridades deberán adoptar medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes.
En el artículo 148, que contempla infracciones a esta ley en el ámbito federal, se suprimió la palabra “y de quien dirija medios impresos”, para precisar que se considera como delito de los concesionarios de radio y televisión la difusión o transmisión de imágenes, voz o datos que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de menores o que hagan apología del delito.
Los senadores precisaron que cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de menores, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Aclararon que en los casos en que niñas, niños o adolescentes de origen extranjero cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario.
Con los cambios avalados por la asamblea, se estableció que las personas que ejerzan profesiones en trabajo social y psicología en instituciones públicas y privadas, que intervengan en procedimientos de adopción internacional, deberán estar registradas en el Sistema Nacional DIF.
Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Integral deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas en los casos en que menores sean víctimas de delitos y se les aplique los protocolos de atención de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.
Del mismo modo se validó un cambio al dictamen para que las autoridades federales, estatales municipales y de las demarcaciones del Distrito Federal se coordinen para combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulsa de programas de prevención e información sobre estos temas.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Martha Elena García Gómez, aseguró que el país está frente a una ley con el enfoque más alto de estándares internacionales, que cambia el paradigma asistencialista y reconoce a los infantes como tutelares de derecho.
Dijo que se modificaron 106 de los 141 artículos de la iniciativa presidencial y que ésta se enriqueció con 14 artículos nuevos, destacando el cambio de nombre de la Ley y las facultades al Ejecutivo federal para presidir un consejo nacional de protección de los derechos de los menores, donde concurrirán gobernadores y titulares de los DIF estatales y, como invitados, el Poder Legislativo y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables, la senadora Hilda Flores Escalera destacó que la infancia está expuesta a un sin número de factores que amenazan sus derechos, integridad y desarrollo, y que estás se fortalecen cuando la pobreza, violencia, condición de inmigrante, abandono, discriminación, enfermedades y discapacidades se hacen presentes.
Ante este escenario, dijo, el nuevo ordenamiento establece que los menores son sujetos de derechos y dota de mayores facultades a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Protección, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, además fortalece al DIF y a las procuradurías de protección estatal.
Precisa que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), será el encargado de evaluar las políticas públicas y operación del sistema. No es sólo una nueva ley, agregó, es un proceso en el que todos los actores unen esfuerzos para brindar un marco jurídico que responda a la realidad de niñas, niñas y adolescentes.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo aseguró que esta ley surge de un ejercicio democrático e incluyente entre dos poderes, que pone punto final a una marco legal asistencialista y coloca a la niñez como prioridad en la agenda nacional.
Subrayó que el dictamen se nutrió de las voces de legisladoras y legisladores, sociedad civil, órganos internacionales, especialistas, intelectuales, académicos y que se recibieron más de 44 opiniones en las audiencias públicas. Con ello, se elaboró una Ley para proteger a un tercio de la población, pues no podemos seguir tolerando la desigualdad y violencia en la que viven los infantes.
El senador Juan Carlos Romero Hicks dijo que el capítulo educativo se armoniza conforme a la Constitución, las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y General para el Servicio Profesional Docente.
El presidente de la Comisión de Educación expresó «Podemos tener la tranquilidad de que México tendrá una legislación de vanguardia, seguramente en el camino vamos a encontrar algunas imperfecciones, sin embargo, lo que hoy estamos haciendo es trazar caminos de desarrollo«.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, aseguró que con esta Ley General y la próxima Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores en ciernes, se sepultará el cadáver de la situación irregular y se tomarán las medidas legislativas relativas al cumplimiento de la Convención sobre derechos de la niñez.
La legisladora agregó que el decreto cuenta con principios pro persona, de igualdad y de no discriminación, con lo que se fortalecerá y fomentará la dignidad de este grupo vulnerable y se les coloca como sujetos de derecho, asegurando su protección.
Por la Comisión Estudios Legislativos, Segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez destacó que el Senado dio un paso legislativo importante, pero la tarea difícil ahora es que en el mundo inmediato se instrumente y aplique la ley en mención.
Destacó que 37% de la población la constituyen niñas, niños y adolescentes, es decir 40 millones de mexicanos de una generación muy distinta al vivir en un mundo globalizado, con mayor desarrollo tecnológico y de comunicación. 80% de ellos, advirtió, corre riesgos para poder desarrollar su vida con calidad a causa de la pobreza y desigualdad, por lo que el Estado debe atender el reto de garantizar sus derechos.
