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En el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, conmemorado cada 26 de septiembre, se llevó a cabo el foro “Educación y Acceso a la Información para una Autonomía Reproductiva como un Imperativo para el Bienestar”, con el objetivo de visibilizar la urgencia de una estrategia integral en salud sexual y reproductiva, especialmente para niñas y adolescentes.
Durante el evento, se destacó el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado “La crisis de la fecundidad”, que incluye la estrategia “Cero Embarazo Adolescente”, basada en un enfoque integral que contempla educación sexual, acceso a anticonceptivos, políticas públicas efectivas y empoderamiento de las adolescentes.
Las cifras actuales evidencian la necesidad de actuar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2023), la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años es de 45.2 nacimientos por cada mil mujeres. Además, se registraron más de 101 mil nacimientos en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, lo cual sigue siendo un reto de salud pública, enfatizó la diputada Amancay (Macky) González Franco, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Educación.
Por su parte, la Mtra. Paola Garabito González, coordinadora de la iniciativa “Voces por la Libertad a Elegir”, remarcó la importancia de crear alianzas estratégicas entre sectores para facilitar el acceso a información clara y científica sobre métodos anticonceptivos. “La autonomía reproductiva comienza con información oportuna y respetuosa desde las escuelas”, afirmó.
Garabito también señaló que existen barreras estructurales —sociales, económicas, emocionales y de salud— que impiden el acceso equitativo a anticonceptivos modernos, particularmente en contextos vulnerables. Sin embargo, destacó que las políticas públicas focalizadas muestran un camino viable para superar estos retos.
Uno de los datos más impactantes presentados en el foro fue que el costo económico del embarazo adolescente en México asciende a más de 14 mil millones de pesos al año, considerando atención prenatal, parto, puerperio, complicaciones, aborto y cesáreas de emergencia. Más del 70% de estos casos presentan complicaciones graves, como hemorragias, infecciones o preeclampsia.
El sector privado también asumió su compromiso. El Lic. Patrick Edward Devlyn Porras, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó: “Las empresas tenemos la responsabilidad de sumarnos a esta estrategia nacional para asegurar que nuestras colaboradoras y sus familias accedan gratuitamente a métodos anticonceptivos a través de centros de salud y programas aliados”.
El foro concluyó con un llamado claro: la vida sexual responsable debe sustentarse en tres pilares, como lo indica la UNFPA:
- Educación sexual integral desde la infancia, libre de prejuicios y científicamente fundamentada.
- Acceso equitativo a métodos anticonceptivos, garantizado por políticas públicas sostenibles y con financiamiento adecuado.
- Cambio cultural y de género, que reconozca a la sexualidad como un derecho humano, libre de estigmas y roles impuestos.
El evento, realizado en la Cámara de Diputados, reunió a un destacado panel de expertos nacionales e internacionales de organismos como UNFPA, Pro Mujer, AmCham México, CONAPO, Mexfam, y diversas instancias del sector salud y educativo. Todos coincidieron en que garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes no solo es un derecho, sino una estrategia crucial para romper ciclos de pobreza, desigualdad y violencia.
