El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel planteó exhortar a la Secretaría de Salud para que haga del conocimiento público los diagnósticos, estadísticas, estrategias y medidas realizadas sobre prevención de embarazos en adolescentes. Asimismo, establezca un plan emergente de salud con transversalidad institucional, visión integral, amplia e incluyente del problema.
[/media-credit] Las acciones para combatir este desafío son fallidas.
Este tema es asunto de Estado, minimizarlo es negar el derecho a los jóvenes de aspirar a un futuro y a un presente con dignidad y seguridad social.
Evaluaciones y datos recientes revelan el crecimiento de casos de embarazos no deseados en adolescentes; producto de la desinformación, pobreza, bajos niveles de educación y violencia sexual, que dibuja un diagnóstico desalentador para un sector que está bajo riesgos y amenazas latentes.
El documento agrega que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 2016 nacieron 399,140 niños de mujeres menores de 20 años, equivalente a 17.4% del total en el país. Asimismo, cifras del Consejo Nacional de Población indican que de una población de 124.7 millones de habitantes, cerca de 22.2 millones son adolescentes, de entre 10 y 19 años de edad. Advirtió que en los años recientes se observa una desaceleración de la cobertura y uso de métodos anticonceptivos.
México encabeza la lista de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en jóvenes. Que, de acuerdo a este organismo internacional en promedio se atienden 1,252 partos de este grupo de la población.
Ante los esfuerzos transversales y gubernamentales por inhibir los embarazos en el país, las cifras arrojan resultados que evidencian las fallidas estrategias o las medidas insuficientes para contener un fenómeno social, que modifica y altera los procesos biológicos, sociales, económicos, educativos y culturales de los jóvenes en México al asumir responsabilidades prematuras.
Recordó que en 2015 se estableció la estrategia nacional para la prevención, donde participaron alrededor de 10 instituciones como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres, Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Población, entre otras, para, de forma interinstitucional, paliar el grave problema público.
Sin embargo, añade el punto de acuerdo, los resultados no fueron los deseados porque las cifras se incrementaron.
Las acciones para combatir este desafío son fallidas. En tal sentido, urge que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, oriente sus esfuerzos de forma transversal para inhibir este fenómeno de salud pública[.]
