La Comisión de Seguridad Social, que preside la diputada Araceli Damián González, reiteró su preocupación por “el agresivo” recorte presupuestario que han sufrido los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “en un contexto de incertidumbres y afectaciones añadidas a raíz de los sismos de septiembre”.

[media-credit name=»perig76″ align=»aligncenter» width=»562″][/media-credit]México ocupa un lugar rezagado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), e inferior al de varias naciones latinoamericanas, en el número de médicos y camas de hospital por habitante.

Por ello, “debe ser un objetivo prioritario garantizar el buen estado de las instalaciones hospitalarias del IMSS, lo que implica que la erogación financiera destinada a esta finalidad sea dotada con recursos suficientes; de otra forma, se pondrían en riesgo las condiciones de calidad y el entorno en el cual se prestan los servicios médicos en México”, abundó.

En su opinión sobre el Quinto Informe de Gobierno, publicada en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión precisó que los institutos de seguridad social enfrentan una compleja situación presupuestal marcada por la transición demográfica y epidemiológica, así como por la insuficiencia de las inversiones federales en materia de seguridad social, salud y pensiones.

Indicó que más de 90% de los ingresos de los institutos provienen de cuotas y aportaciones, lo que expresa que existe margen para reforzar los recursos fiscales que en México se destinan a la seguridad social. Además, el país se encuentra entre las naciones más rezagadas en términos de aportaciones a este rubro.

También, estimó que la asignación presupuestaria consagrada para la atención a la salud en las instituciones de seguridad social debe crecer nominalmente como mínimo al ritmo de la inflación real o proyectada por el Banco de México, criterio que no se ha cumplido en términos acumulados.

La Comisión de Seguridad Social consideró necesario exhortar a los directivos del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a que mejoren las prácticas de asignación de recursos destinados a la compra de medicamentos, vacunas y materiales de curación, a fin de evitar casos de corrupción y malas prácticas con los recursos públicos.

Precisó que es de vital importancia la atención de las necesidades de infraestructura que surgieron a partir de los sismos presentados en Chiapas y Puebla, con el fin de restablecer a la brevedad los servicios médicos y de guarderías, y dar certeza y seguridad al personal de salud y a la población derechohabiente de las estructuras en las que se realiza la atención.

La forma más fácil de acceder al sistema de seguridad social y protección a la salud, abundó, es mediante la incorporación del sistema patronal a las instituciones, pero “desafortunadamente, sólo quienes se encuentran en el sector formal de la economía acceden a los derechos y quienes se encuentran en el sector informal no tienen garantía de ellos”.

Ante ello, la Comisión reitera la importancia de ampliar la cobertura de los sistemas de protección, para garantizar el acceso a un sector más amplio de la población.

También, aboga por que el presupuesto en salud aumente en términos reales, de manera progresiva, hasta alcanzar el promedio de gasto en la materia observado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Refiere que el informe de gobierno señala que “en 2016 el IMSS generó y entregó 6.6 millones de Números de Seguridad Social únicos a los estudiantes de instituciones públicas, de los niveles medio superior y superior”. En este sentido, el propio instituto señaló en 2015 que los gastos derivados de los servicios otorgados a los estudiantes representan casi 3 veces la aportación que hace actualmente el gobierno federal.

“Este tipo de desequilibrios son los que a posteriori generan déficit e insuficiencia financiera en las instituciones de la seguridad social, por lo que el gobierno debería aumentar su aportación para poder enfrentar la mayor demanda de servicios”.

Respecto al ISSSTE, para 2018 se observa una disminución significativa en el ritmo de crecimiento de los recursos que erogará el instituto; en el proyecto de presupuesto de egresos para el curso fiscal entrante, se prevé un aumento de aproximadamente 4% en términos reales, mientras que el año anterior ese incremento fue de 11%.

Además, observa con preocupación el recorte de más de 11% real que se comete al programa de atención a la salud en el ISSSTE. Se trata de un ajuste de más de 2 mil millones de pesos que afecta a un rubro del que depende la calidad de la intención médica para millones de derechohabientes.

Por ello, urge a la Secretaría de Hacienda y al ISSSTE a reconsiderar el monto de los recursos asignados al programa de intención médica, de modo que se proteja el financiamiento de la atención sanitaria en el Instituto.

La instancia legislativa opina que deben fortalecerse las acciones encaminadas a garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social, ampliar el esquema de acceso a las instituciones y velar no sólo por la sostenibilidad financiera de los institutos, sino también por que los servicios y prestaciones se den de manera digna e integral.