Ante el incremento de ambulancias que trabajan de manera ilegal en el país, el senador José Ramón Enríquez Herrera, hizo un llamado a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); para que refuerce las medidas de verificación a las unidades que se encuentran actualmente en operación.
Ambulancias «piratas«
Dijo que debido a que tras la llegada del virus SARS-CoV-2 al país, provocó la exigencia de una atención médica inmediata por parte de la población; y un traslado urgente de los pacientes a los hospitales.
Las ambulancias denominadas piratas aprovecharon el nicho de oportunidad, principalmente ante la necesidad de un traslado de pacientes contagiados por COVID-19, explicó el legislador.
Aseguró que este tipo de unidades no cuentan con los requerimientos necesarios; ni las licencias correspondientes y sólo perjudican la salud y economía de la población.
“Las familias, ante lo imperioso de la situación, acceden a las condiciones de los operadores, que tan sólo en un traslado de un domicilio particular a una institución de atención médica, pueden cobrar hasta 6 mil pesos como pago mínimo”, precisó.
Necesario denunciar estas unidades ilegales
Enríquez Herrera advirtió que los operadores de estas unidades móviles interceptan las señales o llamadas de emergencia y llegan al sitio donde se requiere de un servicio.
La situación se agrava, señaló, cuando no se tiene claro si cuentan con el equipo y los conocimientos necesarios para poder brindar la atención oportuna. En muchas ocasiones no tienen la capacitación requerida y manejan medicamentos con una vigencia que ya expiró.
Refirió que la Cofepris recomienda a la ciudadanía denunciar estas unidades ilegales, para retirarlas de circulación e iniciar los procesos correspondientes. Esto para reducir el riesgo de convertirse en las víctimas de estas ambulancias.
Es urgente alzar la voz para establecer las acciones que permitan desarticular su funcionamiento. Las ambulancias “piratas”, entorpecen toda la red de servicio y solo perjudican la salud y economía de las personas que tienen una emergencia, puntualizó. El punto de acuerdo se envió a la Comisión de Salud[.]