En México se cometen siete feminicidios al día, representan un problema añejo que sigue lacerando a la sociedad lo que coloca al país como un lugar violento, señaló la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México.

Al aprobar su informe semestral, las legisladoras integrantes de la comisión coincidieron en se han emprendido acciones para combatir esa problemática; sin embargo, sigue presente en todas las entidades del país.

La comisión expuso el trabajo legislativo realizado, como el seguimiento de las políticas, programas y acciones que emprendan autoridades en la materia, así como el impulso de medidas preventivas dirigidas a mujeres.

Reconoció la gravedad de esta situación delictiva que transgrede el orden del país y descompone el tejido social, y resaltó la prioridad de seguir puntualmente las acciones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia de Género.

En ese sentido, la diputada Julisa Mejía Guardado resaltó la labor de la comisión, pues sus integrantes visitaron diferentes estados de la República para trabajar conjuntamente con gobiernos locales.

La situación es grave, indicó, pero gracias al trabajo realizado 31 estados del país han tipificado el feminicidio como delito, faltando únicamente Chihuahua.

Las integrantes de la comisión coincidieron en solicitar una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para plantear que, debido a que ese delito no cesa, la instancia legislativa tenga carácter de comisión ordinaria.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal expresó que los feminicidios siguen presentes, y respaldó el propósito de que la comisión se convierta en ordinaria, con el fin de continuar, de forma más enérgica, el combate a ese delito.

Por su parte, la diputada Leticia Calderón Ramírez resaltó que aún con los bajos recursos asignados, se nota el trabajo de la comisión, y coincidió en que se convierta en ordinaria, con el fin de aplicar políticas públicas vinculadas con diferentes órdenes de gobierno, en distintas entidades del país, para erradicar ese delito.