Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, así como activistas, se pronunciaron el 30 de mayo de 2019 a favor que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) garantice políticas públicas que permitan alcanzar una verdadera paridad, especialmente en el aspecto económico, político y de seguridad, porque pese a los avances legislativos, no se ha conseguido.
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Durante el “Parlamento Abierto: Opinión perspectiva de género acerca del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, las legisladoras advirtieron que en México las mujeres siguen recibiendo sueldos menores por el mismo trabajo que realizan los hombres.
La diputada Briceño Zuloaga resaltó la relevancia de tener una educación sexual adecuada para prevenir el embarazo adolescente, lo cual también se considera violencia.
Consideró que tener planes y programas educativos con perspectiva de género, permitirá atender los problemas de igualdad entre ambos sexos, así como combatir los diferentes tipos de violencia hacia la mujer.
Informó que todo lo que se ha señalado en este foro, será integrado en un documento que analizará y discutirá la comisión a su cargo, para posteriormente ser votado, la próxima semana. “Todas las miradas quedarán reflejadas en esa opinión”.
La secretaria de la Comisión, diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, dijo que este parlamento abierto que se realiza en la Cámara de Diputados, es un ejercicio plenamente democrático para discutir el rumbo de nuestro país. “Es un tema que las mujeres llevamos de la mano”.
“Analizamos a la luz de la transformación histórica que vive México, los hechos de transitar de la tecnocracia, a una verdadera ruta del desarrollo. Que nadie se quede atrás o fuera”.
Asimismo, lamentó los hechos ocurridos el día de ayer en la noche, debido a que explotó un libro bomba dirigido a la legisladora Citlalli Hernández, quien se encuentra bien. “Esperamos que la investigación iniciada llegue hasta las últimas consecuencias y se dé a la brevedad, con los responsables. Tenemos que poner un alto a la violencia”.
Durante la Mesa Autonomía Económica y Brecha Laboral, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez aseguró que el PND busca que todos los programas de las dependencias y de la administración pública federal se realicen con enfoque de género y sin discriminación; no obstante, señaló que el alcance es muy general, por lo que deben precisarse temas relevantes o que deben ser atendidos en primera instancia.
Puntualizó que la igualdad ha sido un tema relegado en sexenios, sin importar que la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres aumentaba o disminuía, en donde los partidos políticos presentaban poca o nula atención, y en donde las féminas palpan los efectos discriminatorios, agresivos y excluyentes de una política pensada desde una visión estrecha.
Subrayó que se necesita una política de salarios, que combata realmente la desigualdad de sueldos entre ambos géneros, pues la remuneración de las mujeres es de dos terceras partes, en comparación con su contraparte varón, con la misma experiencia y escolaridad.
Propuso emprender un programa de cuidados en el ámbito nacional, no sólo para la primera infancia, sino para las y los adultos mayores, así como personas con discapacidad. De igual forma impulsar acciones de inclusión financiera, pues son las mujeres quienes tienen menos acceso a programas, proyectos y oportunidades para alcanzar autonomía económica.
[/media-credit] Activistas lamentaron la falta de protocolos para casos de acoso y violencia en universidades
Indicó que el PND plantea la igualdad sustantiva 5 veces y reconoce que hay situaciones de desigualdad; sin embargo, falta precisión en las estrategias para ejecutar las acciones que permitan conocer cómo van actuar los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para lograr lo que se pretende.
Resaltó la necesidad de que se planteen los indicadores de desempeño y sus metas, a fin de medir los resultados y corregirlos, en caso de requerirse, además saber si está funcionando o no lo que se llevó a cabo y no sólo presentar estrategias y objetivos.
Además, aseguró que en el plan no se hace una sola mención de las conferencias internacionales relevantes de las mujeres ni de los compromisos que faltan por cumplir, tampoco se usa el lenguaje incluyente y no sexista, y en un documento como éste, es muy necesario.
En la mesa “Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez pidió discutir el PND en términos de mujeres indígenas, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia, migración, diversidad sexual, discapacidad, el impacto de los megaproyectos que de éste emanan en términos de la violencia causada por invasión y despojo a mujeres, violencia política y armada.
Señaló que en el reciente informe elaborado por Data Cívica y el área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre asesinatos de mujeres en México, se destaca que antes del 2009 la mayoría de los homicidios eran en el hogar, pero la tendencia es que ahora suceda en espacios públicos.
“Se ha disparado la violencia armada; es decir, ya no sólo nos matan en la calle o en la casa, sino que es más seguido el uso de armas de fuego, lo que es alarmante en el contexto de la reforma de la Guardia Nacional”.
El informe enfatiza que las mujeres entre 20 y 35 años son las principales víctimas de este nuevo tipo de violencia. Condenó el atentado en contra de la senadora, Citlalli Hernández.
La diputada Martha Tagle Martínez dijo que el Legislativo debe realizar acciones que ayuden a cumplir los objetivos del PND. Indicó que éste carece de la perspectiva transversal de género.
Enfatizó que esta Legislatura de la paridad, es la oportunidad para realmente cambiar la visión de género en las políticas de igualdad y de todos los programas, políticas y estrategias.
Puntualizó que la violencia hacia las mujeres no se resolverá con más violencia, sino con acciones en materia económica, social y de infraestructura.
Reconoció que no hay política sin presupuesto, dijo que es necesario organizar y dar seguimiento presupuestal al compromiso del Estado mexicano con la igualdad de género.
En la Mesa “Presupuesto con perspectiva de género”, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, aseguró que el PND no tiene una perspectiva de género ni los elementos para aprobar un presupuesto de esa índole. No presenta herramientas claves para las políticas públicas hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ni erradica la violencia contra las mujeres.
“Es un documento de buenos deseos y promesas de campaña pero que no garantiza el cumplimiento”. Reconoció la necesidad de la austeridad, pero no a costa de eliminar los programas de salud y empleo que las apoyen. Tampoco propone herramientas para que las mujeres logren la autosuficiencia económica y superen la pobreza en que se encuentran.
De los 12 principios rectores del PND, el relativo a “no dejar a nadie atrás y afuera”, plantea que el crecimiento ha sido excluyente, por lo que fomentarán y defenderán la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero “no señala cómo se hará, cuáles serán las estrategias, ni con qué indicadores cuenta”, explicó.
Carece de expresiones medibles para prevenir la violencia y delitos sexuales de género, tampoco define cómo se promoverá la libertad e igualdad. Los programas para apoyar a los jóvenes no garantizan la reducción de la discriminación de las mujeres en comunidades vulnerables del campo. “En materia de igualdad, no se podrán reducir las brechas solamente dando dinero, los cambios se logran creando condiciones”.
Llamó al gobierno federal a enriquecer y analizar el PND, que genere un instrumento que guíe las acciones en los próximos 5 años, donde las mujeres tengan un presupuesto transversal con perspectiva de género.
Por su parte, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz sostuvo que el PND es un documento rector que trae objetivos y estrategias nacionales como el diagnóstico sobre la situación actual; perspectiva a largo plazo; ejes generales para los temas prioritarios; los objetivos específicos; estrategias, indicadores de desempeño y metas de estos.
Aseguró que no se está considerando como un eje transversal que influya de manera significativa en el fundamento de los programas sociales, dijo la diputada Sosa Ruiz, que, además, “las mujeres deben ser consideradas en todos los ámbitos, en la economía, en el sector salud, turismo, educación, en todos, para partir de la transversalización del PND”.
Debe ser visto, dijo, desde el plano intercultural, generacional y de desarrollo territorial como una forma de poder llegar a todas y cada una de las mujeres.
Es necesario, subrayó, reconocer, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra las niñas y mujeres, incidencia que ha crecido en los últimos meses, por lo que es necesario brindar acceso a la justicia, eliminar la discriminación y eliminar la igualdad, por lo que no podemos prescindir de la perspectiva de género en el PND.
Beatriz Santamaría, titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, aseguró que es la oportunidad para que los integrantes de la Cámara de Diputados sienten las bases de un proceso sistemático de formulación, reedición, evaluación no sólo del presupuesto con perspectiva de género, sino de políticas públicas que fortalezcan las facultades de las legisladoras.
Propuso construir un diseño y formulación de políticas públicas en materia de igualdad, hacer la solicitud al Ejecutivo para asegurar la línea programática de la política pública en el PND.
Por su parte, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rebeca Florentina Pujol Rosas, lamentó que no haya ninguna política pública, ni presupuesto para ayudar a las niñas y adolescentes en situación de calle. “No hay una perspectiva de género, aportémosla, generemos y aportemos acciones”. Reconoció que aún existe violencia institucional que se debe atender.
Activistas, defensoras, e integrantes de movimientos como Colectiva de Constituyentes CDMX Feministas, la Marcha Mundial de las Mujeres, se pronunciaron en contra de la regularización del trabajo sexual, falta de derechos de tenencia en la propiedad ejidal, además que advirtieron la inexistencia de protocolos eficaces para atender y sancionar el tema de acosadores académicos, en especial maestros, pues son intocables, así como para garantizar que las universidades sean espacios seguros para las mujeres.
Pidieron crear una Ley de Seguro Integral contra la Violencia hacia las Mujeres por Razones de Género, que la acreditación de no ser deudor alimentario, acosador sexual o agresor por razones de género, sea obligatorio por ley para fines laborales, políticos, administrativos, judiciales y civiles.
Mujeres asistentes a la discusión, pidieron fomentar la prevención de la violencia hacia las mujeres desde el ámbito municipal y atacar las agresiones que provienen desde el ciberespacio y herramientas digitales, como el ciberacoso sexual o la divulgación de contenido íntimo. Aseveraron que la igualdad no es un tema de moda y cuestionaron la perspectiva de género en el PND, porque sólo tiene indicios, sin definir concretamente las acciones.
“Adolece de medidas especiales para lograr la igualdad sustantiva, porque el 79 por ciento de las mujeres, abandonan sus estudios por carecer de recursos”. Criticaron los recortes a programas vitales que las atendían.
Denunciaron el despido injustificado de trabajadoras bajo presión en dependencias públicas estatales, como en la Secretaría de Economía en Guerrero, sin revisar su situación. Alertaron del riesgo de subejercicio en el presupuesto destinado a apoyar a esta población, porque no se define cómo y cuánto dinero se va a destinar para la mujer en zonas rurales, víctima de pobreza económica y educativa.
Exigieron que “no desaparezca el Anexo 13 y se depure”; se incluya en el PND para privilegiar la igualdad entre hombres y mujeres. Además, frenar la violencia institucional en contra de las organizaciones de la sociedad civil que luchan en pro de las mujeres, a fin de que no sean denostadas.
Demandaron que el PND sea una política de Estado, que ponga en el centro de la atención a las mujeres que representan más del 50% de la población, porque aún no son prioridad en la agenda política[.]
