La vacunación es la intervención en salud con mejor costo/beneficio, por lo que se proponen consolidarla en México como un derecho para garantizar que, año con año, se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema de Vacunación.
[/media-credit] Para ser exitosas, las estrategias de inmunización de la población contra enfermedades catastróficas, dependen de la implementación de medidas de carácter nacional, obligatorio, predominante e incontrovertible; y que incluso, ante una emergencia sanitaria, pudiesen requerir de medidas extraordinarias.
Los cambios a la Ley General de Salud, argumentaron, abonan al mejoramiento del esquema de vacunación y eliminan las barreras regulatorias, presupuestales, operativas y de producción de vacunas para colocar a México nuevamente como punta de lanza en la materia y asegurar que ningún mexicano muera por enfermedades prevenibles.
Por tal razón, es que en materia de vacunación se debe ser extremadamente cuidadosos y no sacrificar la calidad en aras del ahorro, aseguraron las senadoras
- Cristina Díaz Salazar
- Hilda Flores Escalera
- Claudia Pavlovich Arellano
- Itzel Sarahí Ríos de la Mora
- Diva Hadamira Gastélum Bajo
- Lilia Merodio Reza
- Leticia Herrera Ale
- María Elena Barrera Tapia
Se propone consolidar la vacunación como un derecho, otorgar a las vacunas el carácter de insumos de seguridad nacional, fortalecer el papel conductor del Consejo Nacional de Vacunación para garantizar la rectoría normativa del Poder Ejecutivo federal y reforzar la operación continua del Programa, incluyendo el establecimiento de mecanismos para la coordinación de compras en todas las instituciones de salud.
Además, se plantea consolidar los mecanismos de análisis y toma de decisiones para asegurar la oportuna incorporación de nuevas vacunas al esquema de inmunizaciones, garantizar que, año con año, se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema de Vacunación, de manera progresiva e irreversible, y asegurar la suficiencia presupuestal para la instrumentación de las acciones de vacunación.
En ese sentido, expusieron que la evidencia publicada ha demostrado que la vacunación es la intervención en salud más costo-efectiva y justo esa valoración, va a ser uno de los elementos de análisis para determinar los nuevos biológicos que vayan a incorporarse al esquema de vacunación como obligatorios.
Los riesgos derivados de una defectuosa inmunización de la población serían catastróficos para el país. Esto, añadieron, se demostró en la reciente pandemia de influenza AH1N1, cuando el surgimiento de una nueva cepa del virus significó la vida de centenares de personas tanto en México como en el mundo.
Es importante mencionar que en 2008, diversos senadores presentaron ante el Parlamento Latinoamericano una Ley Marco en materia de Vacunación para América Latina, cuyo objetivo es que los países miembro contaran con un modelo jurídico para homogeneizar sus ordenamientos jurídicos, ya que la transmisión de enfermedades prevenibles no respeta barreras geográficas ni fronteras políticas.
Al respecto, en 2009, el Parlamento Latinoamericano aprobó dicha Ley Marco, comunicada a los congresos integrantes del órgano regional, a efecto de que pudiera ser utilizado como referente en las reformas que se impulsen en el ámbito de las inmunizaciones.
En la exposición de motivos de la iniciativa propuesta, se da a conocer que para ser exitosas, las estrategias de inmunización de la población contra enfermedades catastróficas, dependen de la implementación de medidas de carácter nacional, obligatorio, predominante e incontrovertible; y que incluso, ante una emergencia sanitaria, pudiesen requerir de medidas extraordinarias.
Es por ello, que se necesita establecer con claridad en el ordenamiento correspondiente, que las disposiciones en materia de vacunación son adoptadas única y exclusivamente por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, única responsable de la determinación e instrumentación de las políticas de prevención, control y atención de riesgos sanitarios.
