En el Senado de la República este 28 de julio del 2014 se propuso la creación de un comité de inspección ambiental para supervisar el cumplimiento de la Ley General de Salud y para quienes incumplan con la norma del manejo de residuos hospitalarios y de laboratorio deberán enfrentar la inhabilitación, prisión y multa.
Registros oficiales indican que tan sólo en hospitales se generan a diario 191 mil 557.5 kilogramos de residuos peligrosos biológico-infecciosos, en su mayoría sin el control ordenado por la Ley General de Salud, esto deriva en un alto riesgo de contagio de enfermedades como hepatitis C y Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH/Sida), por lo que la senadora María Elena Barrera Tapia propuso modificaciones legales para que se sancione con inhabilitación, prisión y multa a quienes violen dicha norma.
En su iniciativa, la legisladora precisa multas de hasta cincuenta mil veces el salario mínimo vigente e inhabilitación de siete a diez años, así como cancelación de autorizaciones y certificados; esto sin afectar el derecho de denuncia por quienes pudieran resultar afectados por el mal manejo de residuos.
Plantea sanciones de uno a nueve años de prisión y multa por el equivalente de trescientos a tres mil días de salario mínimo a quien realice un manejo y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y de manejo especial, diferente al marcado por la Ley General de Salud.
Considera también la creación de un comité de inspección ambiental responsable de vigilar el cumplimiento de las acciones de identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y de manejo especial generados por el establecimiento para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud, Barrera Tapia indicó que acorde a las estadísticas del Sector Salud, la generación de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) por cama en un día es de 1.5 kilogramos, multiplicados por las 127 mil 795 camas censables, la suma total es de 191 mil 557.5 kilogramos de estos desechos.
Esto, sin considerar los centros de salud de consulta externa, laboratorios de muestra y análisis clínicos, consultorios particulares, ambulatorios y aquellos establecimientos rurales que ofrecen servicios de salud.
La legisladora refirió que el personal médico es el primero en enfrentar los riesgos contra su salud por el manejo de dichos desechos, pero también existen implicaciones de deterioro ambiental causadas por la incineración de los mismos y su negligente control.
Resaltó que existe evidencia epidémica en Canadá, Japón y Estados Unidos relacionada con la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y, con mayor frecuencia, de los virus de las hepatitis B y C, a través de lesiones causadas por agujas contaminadas con sangre humana por el deficiente manejo, tratamiento y disposición final de los RPBI en los hospitales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que 40% de los casos de hepatitis y el 12% de los casos de VIH en el mundo se deben a la exposición en el ámbito de trabajo.