El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Abel Cruz Hernández, propuso el pasado el pasado 12 de junio de 2018 exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que remita un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la instalación de bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo.
La disposición recaudatoria no cumplió totalmente con los fines para los que fue implementada.
Indicó que de 2014 a octubre de 2017 se recaudaron alrededor de 82,652 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas saborizadas, según datos de la SHCP. El primero de enero de 2018 el gravamen sufrió un ajuste al pasar de 10 al 17.29% para quedar en 1.17 pesos por litro.
En el punto de acuerdo que presentó en la Permanente y que analiza la Tercera Comisión, precisó que investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alertaron que la disposición recaudatoria no cumplió totalmente con los fines para los que fue implementada en 2014, pues de los 82 mil millones de pesos, menos del 10% se ha destinado a la instalación de bebederos en escuelas.
La Auditoría Superior de la Federación reveló que en 2015 se instaló ese tipo de abrevaderos en 5,964 escuelas del país. Hoy en día más de 150 mil instituciones públicas y privadas en México deberían contar con ellos para garantizar a los alumnos el acceso a agua limpia para su consumo, como se estableció hace 3 años en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Cruz Hernández argumentó que de acuerdo con la ley, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) procurará que todas las instalaciones cuenten con lugares para abastecerse de agua potable, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del decreto.
“Esto es contradictorio con el Sexto Transitorio que se incluyó en las leyes de Ingresos de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que señala que los recursos recaudados del impuesto se deberán destinar a programas de prevención y a bebederos en escuelas”.
Es fundamental que la SHCP sea transparente en la recaudación y uso de los recursos, pues “educar a los niños de México a consumir agua en lugar de bebidas con alto contenido calórico, ayudará a combatir la crisis de salud que enfrenta el país, debido al problema de obesidad y sobrepeso”.
El diputado recordó que el alto consumo de refresco se relaciona con el sobrepeso, obesidad y diabetes. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del INSP del 2017 señalan que el mexicano promedio bebe 163 litros de refresco al año. Esta cantidad es 45 litros mayor que el estadounidense promedio y 7.3 veces más que el promedio mundial, posicionándonos como campeones en ingesta de bebidas azucaradas.
Según especialistas, 163 litros equivalen a beber 446 mililitros diarios de gaseosas o 1.3 latas de 355 mililitros al día, y 459 al año. En azúcar, es igual a comerse 9 cucharadas, el doble del consumo diario recomendado por la OMS.
Por ello, se debe fomentar en las personas el consumo de agua, frutas, verduras, cereales de granos enteros y leguminosos además de realizar actividad física. Este factor juega un papel fundamental en la formación de las habilidades y resulta esencial para el desarrollo de las capacidades físicas, de razonamiento, funcionamiento cognitivo e interacción social, particularmente en la infancia.
El acceso garantizado al agua potable en las escuelas primarias es un factor fundamental para contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas, una de las causas de que México sea el país con mayor obesidad infantil en el mundo.
