De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tabasco, aún no cuentan con una ley contra la discriminación.
El Senado pide fortalecer estrategias e instrumentos jurídicos, para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación racial en el país
La Cámara de Senadores llamó este 4 de mayo del 2014 a las legislaturas de las entidades federativas que aún no cuentan con legislaciones para combatir la discriminación a cumplir lo antes posible con dicho deber. Conminó a las que aún no lo han hecho, a armonizar sus legislaciones en materia de combate a la discriminación, conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2014.
Lo anterior, debido a que la necesidad de fortalecer la prevención y eliminación de la discriminación en México es impostergable y, de acuerdo a las obligaciones internacionales, es necesario fortalecer la legislación aplicable en el ámbito estatal.
Según el Conapred, estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tabasco, aún no cuentan con una ley contra la discriminación.
De ahí la importancia del dictamen avalado durante la última sesión del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de ejercicio de la LXII Legislatura, en el que se señala que la discriminación es una práctica sistemática y cotidiana en el país, que encuentra sus expresiones más desfavorables donde la protección de la justicia no cuenta con herramientas para enfrentarle.
En otro dictamen, el Senado urgió al Conapred a que, en coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, fortalezcan las estrategias e instrumentos jurídicos, a fin de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de discriminación racial en el país.
El Consejo deberá actualizar las bases de datos sobre la presencia de la discriminación racial en México, a fin de contar con un diagnóstico preciso de los avances y rezagos en el combate de este fenómeno, agrega el acuerdo.
Asimismo, pidió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dependencias del Poder Ejecutivo, que forman parte de la Junta de Gobierno del Conapred, a que de manera coordinada, instrumenten permanentemente, campañas tendientes a combatir la discriminación racial en el país.
Dichas acciones, con el fin de homologar las condiciones sociales, laborales, educativas, tecnológicas, así como la implementación de programas para la promoción de los derechos de las personas que histórica y sistemáticamente han vivido discriminación racial.
En el contenido del dictamen, los legisladores exponen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección jurídica contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación.
La discriminación racial es la distinción, exclusión, restricción o preferencia que con base en motivos de raza, color, linaje y origen nacional o étnico tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier ámbito de la vida pública como en la política, económica, social y cultural.
Se señala que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la conmemoración del 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de 69 personas asesinadas por la policía cuando realizaban una manifestación pacífica en Sharpeville, Sudáfrica, contra las leyes del Apartheid.
Asimismo, se menciona que en 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo elaboró la Declaración y el Programa de Acción de Durban, uno de los instrumentos más amplios de la lucha contra el racismo, discriminación racial, xenofobia y la intolerancia conexa, con lo que se hizo posible que se reformara el artículo primero constitucional para prohibir toda forma de discriminación.
Así, se reconoció y estableció prohibición legal de la discriminación en el sistema jurídico, en 2011 se amplió el marco de protección con la reforma en materia de derechos humanos que, en su origen, pretendió dotar de rango constitucional a los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado en la materia.
