Los diputados ya lo aprobaron y ya sólo falta que el Senado le dé su venia final, pero tal como van las cosas en el Legislativo, parece ser un hecho que se están imponiendo por primera vez férreos candados a los recursos del Seguro Popular para mayor transparencia, supervisión, control y fiscalización, de modo que los gobernadores ya no tendrán mano suelta del presupuesto para salud y tendrán que rendir cuentas claras de cada peso que la Federación les envíe bajo este concepto.

Entre otros puntos, la reforma establece expresamente la obligación de informar a la autoridad competente cuando se tenga conocimiento de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos que aporta el gobierno federal para el Sistema de Protección Social en Salud (léase Seguro Popular) se destinaron para los fines para los que le fueron transferidos.

Y por si queda alguna duda, se imponen -ahora sí- sanciones con prisión de dos a siete años, multas desde 1,000 hasta 500,000 días de salario mínimo al funcionario que desvíe los recursos del Seguro Popular.

Para ello, los cambios se definieron dentro de una manera muy práctica. Se elimina el Consejo Nacional de Protección Social en Salud, creado con la reforma foxista como el organismo que regía el envío de recursos a los estados, y para estos fines se homologa la Ley General de Salud con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todos estos cambios están integrados dentro del paquete presupuestal enviado por el Ejecutivo y que aún se discute en el Legislativo. En la Cámara de Diputados, esta parte de la reforma ya fue dictaminada y aprobada. Lo curioso es que va integrada una profunda reforma a la Ley General de Salud donde se reafirma la rectoría de la Secretaría de Salud, hoy a cargo de la doctora Mercedes Juan, y donde se deja claro que es dicha Secretaría la articuladora del Seguro Popular.

Ya no se deja lugar a dudas de que el ejercicio de los recursos debe quedar a cargo de las secretarías estatales de salud (o instancias responsables de conducir la política en materia de salud en cada estado) y ya no se deja la puerta abierta para que sea la Secretaría de Finanzas la que controle dicho presupuesto, como ha sucedido en varios estados donde ha habido escándalos por acusaciones de desvío de recursos, léase Tabasco, Michoacán, Aguascalientes, Guerrero, Guanajuato…

En lo referente a la compra centralizada de medicamentos, se abre la opción para que el Seguro Popular pueda enviar los insumos que se requieran en cada entidad para el buen funcionamiento del sistema de salud y podrá hacerlo en efectivo o en especie. Con ello se entiende que desde la Federación se podrá subastar la compra no sólo de medicamentos sino de cualquier otro insumo o servicios de salud, lo que seguramente dará un cambio determinante en el mercado de la salud.

Por lo pronto, si todo se hace como se indica en la ley que se está aprobando, se vislumbra un importante avance en transparencia.

Lo que sí, es que como nos dice Carlos Baños, director general de la farmacéutica Eli Lilly y vicepresidente de AMIIF, hay que tener cuidado de evitar que por tener más control se regrese a un punto ya superado: esperemos no ver tráileres cargados de medicinas que van desde la capital hacia los rincones más apartados, pues sería muy ineficiente. Para ello, hay ya redes y distribuidores muy profesionales que cubren todo el país y operan muy bien con las más de 20,000 farmacias, que en todo caso bien podrían distribuir a cada centro de salud de la República.