La Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, el dictamen que reforma las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con el objetivo de regular el trabajo doméstico remunerado, así como reconocer y garantizar los derechos de las personas que se dedican a esta labor.
[/media-credit] Se beneficia a más de 2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado.
Busca que este grupo, a menudo excluido de la legislación laboral nacional, goce de los derechos laborales básicos como tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de seguridad social, incluyendo la protección de maternidad.
Define a la persona trabajadora del hogar como aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra, inherente al hogar en el marco de una relación laboral, “que no importe para el empleador beneficio económico directo”, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.
Prohíbe la contratación de menores de 15 años. Asimismo, precisa que, tratándose de adolescentes mayores a esa edad, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan 6 horas diarias y 36 horas semanales.
También, evita la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido, cuando menos la educación secundaria.
Se destaca en el documento que en ningún caso se podrá contratar a adolescentes que presten sus servicios para una sola persona empleadora y residan en el domicilio donde realicen sus actividades.
La reforma señala que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito -de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos- que incluya como mínimo:
- el nombre y apellidos del empleador y de la persona trabajadora del hogar;
- dirección del lugar de trabajo habitual;
- fecha de inicio del contrato
- y el período específico de duración.
Del mismo modo, deberá indicar:
- el tipo de labor por realizar;
- remuneración, su método de cálculo y periodicidad de los pagos;
- horas de trabajo;
- vacaciones anuales pagadas y períodos de descanso diario y semanal;
- suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;
- condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, entre otros aspectos.
El empleador estará obligado a registrar ante la autoridad laboral competente, el contrato que se celebre. El documento se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de migrantes que se dediquen a este tipo de labor.
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no embarazo para la contratación. Se deja en claro que no podrá despedirse a una trabajadora del hogar embarazada, pues de ser el caso, el despido se presumirá como discriminación.
Las personas trabajadoras del hogar contarán con:
- vacaciones
- prima vacacional
- pago de días de descanso
- acceso obligatorio a la seguridad social
- aguinaldo,
- y cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes.
En tanto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los sueldos que deberán pagarse a este tipo de trabajadores que, en ningún caso, podrá ser menor a 2 salarios mínimos vigentes.
El dictamen también prohíbe la discriminación en todas las etapas de la relación de trabajo y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar.
Menciona que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se estima que hay más de 2.2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de la cuales 90% son mujeres.
Asimismo, señala que 1 de cada 3 trabajadoras no concluyó la primaria; 3 de cada 10 no finalizaron la secundaria y 1 de cada 3 son de origen indígena.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, felicitó a todas las personas trabajadoras del hogar y a las y los senadores “por esta histórica decisión”. Se trata, dijo, de modificaciones en materia de igualdad que forman parte de la reforma laboral, por lo que se enviará de forma inmediata a la Cámara de Diputados para que pueda ser aprobada antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.
Reconocer sus derechos, un acto de justicia
Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Napoleón Gómez Urrutia, dijo que con esta reforma el Senado impulsa instrumentos para garantizar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del hogar, “con el firme compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para reivindicar y dignificar esta actividad económica”.
Comentó que la falta de una legislación adecuada representaba un obstáculo para diseñar políticas públicas en esta materia, lo que favoreció la condición de informalidad de este tipo de empleo. Resulta impostergable hacer visible la problemática a la que se enfrentan las y los trabajadores domésticos y sumar esfuerzos para dignificar su labor, agregó.
Por la Comisión Para la Igualdad de Género, su presidenta, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que el 96 por ciento de las trabajadoras que se emplean en esta actividad lo hacen sin un contrato laboral. En tanto, sólo 2.4 por ciento tiene acceso a un servicio médico como prestación laboral.
A lo anterior, señaló, se suma la discriminación y violencia a la que se enfrentan. Refirió que una de cada siete de estas personas ha sufrido maltrato verbal o físico en su lugar de trabajo. Por ello, destacó, reconocer sus derechos es un acto de justicia que ayudará a eliminar la discriminación en su contra y que conlleva a hechos terribles.
Mayuli Latifa Martínez Simón, en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, dijo que la reforma plantea un rediseño jurídico para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, y terminar con los regímenes especiales y discriminatorios actuales.
Afirmó que es una reforma estructural en materia laboral y de seguridad social, que se ajusta a las recomendaciones internacionales y al Convenio 189 de la OIT. “Mejorará la calidad de vida a 2 millones 300 mil trabajadoras del hogar, de las que se tiene registro, y de sus familiares que dependen económicamente de ellas”.
En la ronda de posicionamientos, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, indicó que este dictamen significa una transformación radical en la vida cotidiana de cerca de 2 millones y medio de trabajadoras del hogar. Representará seguridad social y contratos claros que garantizarán sus derechos laborales.
Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez, reconoció el esfuerzo de las senadoras y senadores que contribuyeron en la construcción de los acuerdos para la elaboración de la iniciativa. Hoy se marca el inicio de un importante logro por la obtención de derechos laborales de más de 2 millones de trabajadores del hogar. Que se sepa que desde el Senado daremos seguimiento puntual al cumplimiento la ley, subrayó.
La senadora Nuvia Mayorga coincidió que las reformas legales son producto del trabajo político de todos los grupos parlamentarios para dar seguridad social a las trabajadoras del hogar porque garantiza sus derechos y es un tema de justicia social.
En su participación, la senadora Patricia Mercado Castro, señaló que el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas impactará directamente en los indicadores de desigualdad, pues este sector, integrado por cerca de 2 millones de personas, es de los menos favorecidos en el país.
Alejandra del Carmen León Gastélum, dijo que es urgente y necesaria la inclusión de las trabajadoras del hogar en los sistemas nacionales públicos de seguridad social. “Esta iniciativa empezará a pagar una deuda de justicia social que no podemos ni debemos seguir postergando”, agregó.
Miguel Ángel Mancera, reconoció las modificaciones que se hacen a las leyes para dotar de seguridad social y reconocimiento de derechos laborales a las trabajadoras de hogar. Es un avance sustancial para mejorar las condiciones de este grupo de mujeres y sus familias, destacó.
La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, refirió que según datos del INEGI 9 millones 400 mil personas se benefician directamente de los ingresos de trabajadoras del hogar, y con esta iniciativa, podría mejorar la vida a 11 millones de personas en el país.
A su vez, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, comentó que la problemática que enfrentan quienes se dedican a esta labor no se termina con la aprobación de la reforma. Faltará vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones y denunciar la negligencia de las autoridades y los patrones, cuando las haya.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria destacó que es un pequeño acto de justicia. México es un país profundamente discriminador, por eso hoy estamos haciendo un gesto de civilidad democrática[.]
