Pasando este 18 de septiembre de 2014 al Senado para sus efectos constitucionales, el Pleno camaral acordó establecer que las instituciones de salud presten sus servicios de manera expedita a las mujeres que presenten urgencia obstétrica solicitada de manera directa o a través de la referencia de una unidad médica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
Con 381 votos se avalaron reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que las mujeres embarazadas que presenten una emergencia obstétrica sean atendidas de manera expedita por las instituciones de salud, a fin de reducir la tasa de mortalidad materna y la orfandad.
El dictamen, remitido al Senado de la República, precisa que la mortalidad materna es inaceptablemente alta, pues cada día mueren en todo el mundo mil mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, y la mayoría son evitables.
Argumenta que en México, la muerte materna es menos común en las localidades más desarrolladas; sin embargo, en las poblaciones más pobres y con alta proporción de comunidad indígena, sigue siendo un fenómeno frecuente.
De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), de agosto de 2011 a diciembre de 2012, menos de mil 600 mujeres fueron atendidas por alguna urgencia obstétrica a través de un acuerdo interinstitucional.
Además, de las 971 muertes maternas ocurridas en 2011, 48% de las mujeres estaba afiliadas al Seguro Popular; 21% al IMSS, ISSSTE, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y 20% no tenía ningún tipo de seguro médico, menciona el documento.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Mario Alberto Dávila Delgado, dijo que lo que se busca es que las mujeres embarazadas que presenten una emergencia obstétrica sean atendidas de manera expedita por las instituciones de salud, pues en México la mortalidad materna es alta, asociada también con la infantil.
Resaltó que en México al año hay dos millones de embarazos, de los cuales 30 mil se complican, ocasionando la muerte de mil mexicanas y afectaciones a la salud de sus bebés.
En los últimos meses, argumentó, en México se han presentado problemas en estados como Oaxaca y Chiapas, donde se han suscitado emergencias obstétricas y no han sido resueltas de la mejor manera.
“La reforma es muy importante porque podremos atender en las instituciones de salud a las personas que se presenten con estas emergencias, evitando muchas muertes y también secuelas físicas, médicas y sociales, ya que al fallecer las madres, los productos quedan en la orfandad”, afirmó.
La diputada Zuleyma Huidobro González resaltó que hoy se aprueba el derecho a la salud de mujeres embarazadas y que no sean discriminadas por no estar contempladas en un esquema de seguridad social. Comentó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen 57 millones de mujeres y niñas que tienen acceso a servicios de salud; sin embargo, la realidad es distinta.
Indicó que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica revela que en tan sólo en un estado del país, seis de cada 10 mujeres embarazadas no recibe atención médica; del total de defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 56 de cada 100 muertes fueron por hemorragias postparto; 12 por eclampsia, nueve por placenta previa y seis por otro trauma obstétrico.
La diputada Eva Diego Cruz, expresó que en México la muerte materna es menos común en las comunidades más desarrolladas, pero en los estados del sureste como son Oaxaca, Guerrero y Chiapas “todavía lo estamos padeciendo de manera muy frecuente”.
Argumentó que «la ausencia de atención obstétrica de urgencia es la razón fundamental por la cual muchas mujeres y recién nacidos siguen muriendo en cantidades alarmantes. Cada día, aproximadamente 800 mujeres en países en desarrollo pierden la vida durante el embarazo y el parto. “El objetivo, es reducir a tasa cero la mortalidad derivada de la maternidad”.
La legisladora Flor de María Pedraza Aguilera sostuvo que, en México, la reducción de la mortalidad materno-infantil sigue siendo un reto; por ello, dijo, es importante que las instituciones de seguridad social protejan y presten servicio a las mujeres embarazadas que forman parte de la población sin estos servicios.
Relató que dichas instituciones atienden a poco más del 50% de la población nacional, el Seguro Popular un 40% y el resto recurre a los servicios sociales y privados. “Es indispensable que toda mujer que decida procrear un hijo, tenga la certeza de que contará con medicamentos, así como la atención médica y hospitalaria que sean necesarias para llevar a buen término su embarazo”, afirmó.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez consideró que si bien estas reformas son trascendentales para otorgar mejores derechos a las mujeres, el reto está en otorgar los recursos suficientes para ayudar a las embarazadas de alto riesgo o a las que no tienen ningún seguro social, ni el Seguro Popular.
“En el sur-sureste del país, todavía nuestras mujeres indígenas cuando van al hospital, son discriminadas. Hago un exhorto para que hagamos nuestro trabajo en el presupuesto”, añadió.
