Especialistas advierten riesgos de fragilidad y retroceso en programa de aplicación de vacunas, por lo que en el Senado se presentará una iniciativa para elevar vacunación a derecho constitucional y factor de seguridad nacional.
Durante el foro “La Vacunación en México”, la presidenta de la Comisión de Gobernación apuntó que su propuesta busca garantizar el acceso a toda la población al esquema de vacunas, a partir de la etiquetación de recursos para su compra, lo que requiere fortalecer el papel del Consejo Nacional de Vacunación.
Para ello es necesario reforzar la coordinación de compras entre las instituciones del Sector Salud, así como consolidar mecanismos para la incorporación de nuevas vacunas.
Al referirse a la situación económica, la senadora apuntó: “En materia de vacunación se debe ser cuidadoso en no sacrificar la calidad por el ahorro. En el contexto de un recorte presupuestal de diez mil millones de pesos al Sector Salud, parecería inadecuada e incierta esta propuesta, pero hoy creo que más que nunca, es una iniciativa que busca una solución para el Sector Salud”.
La iniciativa busca propiciar un mejor futuro para el desarrollo económico de México, pues las sociedades con más alto nivel de salud son las más productivas, sostuvo. “Como país emergente consideramos que para llegar a contar con una economía fuerte, se debe evaluar el mayor costo beneficio e impulsar la investigación en la industria farmacéutica nacional” que genera rasgos positivos sociales y económicos, a corto y largo plazo.
Las vacunas, añadió, evitan cada año la muerte de tres millones de niños , además de adultos; aumentan la esperanza de vida más de 20 años, además de que se registra un alto potencial de inversión, que entre 2005 y 20012 fue de entre 12 y 18%.
Díaz Salazar apuntó que el antecedente de su iniciativa es la Ley Marco de Vacunación en América Latina, presentada en 2008 por senadores de México y aprobada en 25 Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano; a raíz de la cual varios países han reformado su marco jurídico, tarea en la que México está rezagado lo que obliga a trabajar en torno a la Ley General de Salud.
La presidenta de la Comisión de Salud, senadora Maki Ortiz Domínguez, hizo énfasis en que es urgente atender las deficiencias en el presupuesto sobre el programa de vacunación, que no sólo implica la compra de biológicos sino también su conservación, aplicación, uso de insumos y contar con personal médico capacitado.
En México existe una historia de éxito en las campañas de vacunación, expuso, por lo que se requiere actuar para continuar en la línea de una mejor y mayor prevención de enfermedades y muertes, factores importantes en el desarrollo de una nación.
El doctor Roberto Tapia Conyer, director de la Fundación Carlos Slim, advirtió que es necesario asegurar un andamiaje jurídico que impida dar marcha atrás en los logros en salud pública, pues ya se registran situaciones preocupantes debido a deficiencias en los sistemas de salud estatales y municipales.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelaron que en 2013 fallecieron en el mundo 21.8 millones de niños por enfermedades prevenibles, como difteria, tétanos y tosferina; 70% de estos menores se concentran en 10 países, uno de ellos es México, apuntó.
“No podemos dormir en nuestros laureles, necesitamos ser sensibles a la innovación. En este esquema –de vacunación– no hay posibilidad de mediocridades, porque impacta en la salud de las personas, que no son sólo niños, sino ya de distintas etapas de la vida”, acotó.
Consideró que la nueva ley debe obligar a que autoridades estatales y municipales cumplan con la responsabilidad de garantizar la vacunación. “Las políticas nacionales dan el gran marco, pero en lo cotidiano es la operación la que garantiza y, lamentablemente, la irresponsabilidad de los servicios estatales han llevado hoy en día a tener escenarios que nunca imaginaríamos en nuestro país”.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, destacó que México ha registrado importantes avances a nivel mundial, con una gran preocupación por parte del gobierno a nivel federal y estatal, así como de legislaturas, lo que se refleja con la inversión de seis mil millones de pesos en vacunación.
Sin embargo, reconoció, “si no está como una obligación aplicar el esquema de vacunación, siempre existe el riesgo de que llegue alguien y considere que no es una prioridad”.
Kuri Morales consideró que la propuesta de la senadora Díaz Salazar concederá un blindaje efectivo que permitirá zanjar debilidades del programa de vacunación; pero además, se incluirá el esquema de equidad inmunológica, pues al considerarse un derecho humano el Estado tendrá la obligación de garantizar la aplicación de inmunológicos a toda la población.
En paralelo, será posible alcanzar un financiamiento más oportuno para la disponibilidad de vacunas, especialmente en casos de emergencia como el brote de epidemias nuevas o provenientes de otros países; así como en la formación de recursos humanos capacitados, adquisición de insumos y el desarrollo de nuevos inmunológicos.
