La Cámara de Diputados aprobó con 373 votos a favor, el dictamen que modifica los códigos Civil Federal y Penal Federal, así como la Ley General de Salud, para garantizar el derecho de identidad a un recién nacido.
Con reformas a los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud, se busca sancionar a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, públicos o privados, que impidan la expedición o entrega del Certificado de Nacimiento o de cualquier documento que permita el registro del recién nacido, aduciendo algún adeudo.
También, si no dan aviso del nacimiento al juez del Registro Civil o impidan la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier documento que permita su registro.
Antes de la votación, se aceptó una propuesta de modificación del diputado David Pérez Tejada Padilla, para eliminar la sanción penal y dejar únicamente la administrativa, ya que lejos de garantizar el derecho del menor y solucionar la problemática de manera pronta y expedita, se caería en la dilación y prolongación del registro del menor ante la autoridad civil correspondiente.
Con ello, se elimina la modificación al artículo 230 del Código Penal Federal para que únicamente quede plasmado –que éste señale– lo que dispone el artículo 417 de la Ley General de Salud que contempla multas, amonestación por apercibimiento, clausura temporal o definitiva de las clínicas y centros de salud, además del arresto por 36 horas.
El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca que es inadmisible retardar el derecho a la identidad a un menor, con la excusa de un adeudo, toda vez que se vulnera el acceso a las garantías fundamentales que son inherentes al ser humano.
Argumenta que en pleno siglo XXI este problema no ha sido del todo superado, dado que existen diversos factores que continúan poniendo en riesgo al menor, y afecta a las personas de escasos recursos, lo que coloca a ambos segmentos en situación de desventaja social por no contar con los medios económicos y de acceso a la justicia.
En la fundamentación, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado José Luis Márquez Martínez, indicó que todos los niños y niñas tienen derecho a una identidad oficial, registrada en un certificado de nacimiento. No obstante, siguen presentándose situaciones que ponen en riesgo al menor y que recrudecen la problemática de las personas de escasos recursos.
Mencionó que con la falta de emisión del certificado de nacimiento se vulneran los derechos fundamentales de los niños y se impide el correcto desarrollo del trámite ante la autoridad civil para tener un acta de nacimiento del menor.
Sin inscripción oficial al nacer o sin documentos de identificación, expresó, los niños y las niñas de México pueden quedarse excluidos del acceso a los servicios fundamentales, como la educación, la salud y la seguridad social. Por eso, “la importancia de privilegiar el interés público y el de la niñez sobre el económico”.
Agregó que como legisladores, es necesario definir las vías que impidan que “los recién nacidos caigan en un estado de indefensión por carecer de una identidad certificada y la inscripción al nacer”.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez manifestó que a pesar de los esfuerzos por parte del Estado para procurar una identidad a todas y a todos los mexicanos, este derecho está siendo vulnerado de forma cotidiana, ya que existen establecimientos hospitalarios que prestan servicios de maternidad que retienen dichos certificados de nacimiento, como forma de presionar a los padres para cubrir adeudos, utilizándolos como garantía de pago.
La diputada Lorena Gutiérrez Landavazo resaltó que el dictamen versa sobre la eliminación de una práctica que se ha vuelto común en clínicas y hospitales, públicos y privados, de condicionar la entrega de los documentos relativos a la identidad de los neonatos al pago de los servicios prestados en los mismos. “Es inconcebible que se siga condicionando el reconocimiento”, dijo.
A su vez, el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez anotó que con este dictamen se busca dar certeza jurídica al interés superior de la niñez e implica defender su derecho a la identidad. “Se trata de poner un hasta aquí a las prácticas que se llevan a cabo en algunas instituciones públicas o privadas en las que retienen documentos, a fin de que se dé cumplimiento al pago de la contraprestación económica”.
