El Senado de la República avaló por 71 votos, el dictamen a una minuta que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a efecto de que la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento sean de carácter permanente.
Se deben instrumentar las normas necesarias que auxilien a la creación de políticas públicas que detecten, desde la infancia preferentemente, la presencia de alguna conducta mental atípica que pueda afectar en el desarrollo de las personas.
Lo anterior debido a que uno de los principales problemas, que actualmente aquejan a la salud mental de la población mexicana, tiene que ver con el incremento constante de la tasa de suicidios.
El documento precisa que en México, en las últimas tres décadas, la tasa de mortalidad por causa de suicidio ha aumentado de dos a ocho muertes por cada 100 mil habitantes, que lo ha llevado a ser el cuarto país con más alto índice de suicidios en América Latina, sólo superado por Argentina, Brasil y Colombia.
Se refiere que, de conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, hubo 5,012 suicidios, de los cuales 4,091 fueron hombres y 921 fueron mujeres.
Las entidades federativas con mayor índice de suicidios son el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán. Se sabe que el 80% de las personas que se suicidaron tuvieron acercamiento con algún médico, “pero la atención no fue la adecuada”.
Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, los trastornos mentales se presentan en las primeras décadas de la vida. El 50% de los adultos que informaron haber sufrido uno lo padecieron antes de los 21 años de edad. Del mismo modo, se estima que 7% de la población infantil, entre los 3 y los 12 años, está afectada por uno o más problemas de salud mental, entre los más frecuentes los de aprendizaje, retraso mental, angustia y los intentos de suicidio.
Por ello, se deben instrumentar las normas necesarias que auxilien a la creación de políticas públicas que detecten, desde la infancia preferentemente, la presencia de alguna conducta mental atípica que pueda afectar en el desarrollo de las personas, finaliza.
