¿Yogures y probióticos, verdaderamente funcionales con propiedades saludables?, Senado solicita a Salud opinión de su consumo cotidiano en la salud infantil

Este 10 de junio del 2014, se aprobó en el Senado de la República un dictamen para solicitar a la Secretaría de Salud que emita una opinión sobre los efectos en la salud infantil que podría ocasionar el consumo cotidiano de yogures.

El dictamen de la Segunda Comisión solicita que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tome medidas necesarias para garantizar que la publicidad de dichos productos tenga sustento científico y corresponda a beneficios y propiedades reales.

Los legisladores expresaron que la publicidad y venta de yogurts, u otros productos elaborados con probióticos, correspondan a las necesidades alimentarias y requerimientos nutricionales de la población y se informe sobre sus verdaderas propiedades y efectos sobre la salud.

Explicaron que dada la creciente popularidad de los alimentos probióticos y la falta de consenso internacional sobre los métodos para evaluar su eficacia e inocuidad, la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) iniciaron trabajos para examinar la evidencia científica acerca de los aspectos funcionales y de inocuidad de los probióticos en los alimentos.

Refirieron que en Europa pruebas científicas revelaron que esos productos mejoraban la flora intestinal de manera “fragmentaria”, y se generó una controversia sobre la posibilidad de que se pudiera estar engañando sobre los verdaderos efectos en los consumidores.

De manera particular, agregaron, la preocupación se centró en alimentos que afirman ser funcionales y tener propiedades saludables sin aportar pruebas científicas de ello.

Otro asunto preocupante en el consumo de estos lácteos es la concentración de azúcar: generalmente contienen seis y media cucharadas de azúcar, lo que resulta contraindicado porque los niños estarían consumiendo casi el doble del azúcar máxima tolerada para su edad.

Ante este panorama, coincidieron en que se debe proteger la salud y alimentación de los mexicanos, particularmente de la infancia, por lo que el Estado debe asegurar el derecho de niñas y niños a consumir alimentos suficientes y de calidad, acordes a sus necesidades de desarrollo.