Se propone sancionar de manera severa, conductas ilegales que se realizan en el contexto de la pandemia de COVID-19

El senador Ricardo Monreal Ávila propone reformar diversos ordenamientos para sancionar, de manera severa, conductas ilegales que se realizan en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Mediante la iniciativa se plantea un incremento de penas para quienes cometan fraudes aprovechando la pandemia de COVID-19, como el ofrecimiento entre otros de:

• vacunas no autorizadas
• venta de falsos negativos para poder viajar
• falsificación de medicamentos

También plantea que en la Ley General de Salud se establezca una pena de hasta más de 22 años de prisión, a quien adultere o falsifique medicamentos destinados a la prevención o tratamiento de enfermedades trasmisibles con motivo de un brote o epidemia; y que no cumplan con los requisitos establecidos.

A quienes se debe sancionar

Precisa que esta sanción se impondrá a las personas que ofrezcan la aplicación de vacunas que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que, por ende, no cuentan con el registro correspondiente para ser comercializadas y, mucho menos, suministradas a la población.

Sugiere incluir en el Código Penal Federal castigar, hasta con 5 años de prisión, a las personas que, a sabiendas de ser portadora de enfermedad declarada epidemia por la autoridad sanitaria, haga uso de certificados médicos falsos y pongan en riesgo a otros en el transporte ferroviario; aeronáutico; naviero o cualquier otro medio de servicio público federal o local.

Se propone que las penas aumenten

En una iniciativa que enlista en la Gaceta Parlamentaria, el legislador también propone que las penas aumenten, hasta en una mitad, para aquellos que se aprovechen de las condiciones ocasionadas por una emergencia sanitaria para cometer el delito de fraude.

Lo anterior, explica, es conducente, toda vez que a esta conducta ilícita se agrega el agravante de aprovechar las condiciones de necesidad y urgencia provocadas por una contingencia, “aspecto que no puede ser ignorado por el legislador para disponer una sanción más severa”.

Nuevas obligaciones de los proveedores 

De la misma manera, Monreal Ávila plantea que en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se agregue la obligación de los proveedores de informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades y calidad de los productos de alto consumo en una pandemia.

Ávila sugiere otorgar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de verificar que los proveedores implementen los protocolos de seguridad sanitaria ordenados por la autoridad de salud.

Fraudes han dejado serias afectaciones

Ricardo Monreal explica que durante la pandemia este tipo de conductas han aumentado y afectan directamente la economía, salud e, incluso, la vida de la población mexicana. Subrayó que estos fraudes han dejado serias afectaciones, especialmente en grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

Además, estos ilícitos han llevado a familias enteras a padecer, no sólo la enfermedad, sino también el engaño y el fraude; pues en la búsqueda de insumos médicos indispensables para sobrellevar los contagios, han sido víctimas de quienes, inescrupulosamente, atentan contra su estabilidad.

“En otras palabras, el contexto derivado de la pandemia actual se ha convertido en un nicho de oportunidades para lucrar con insumos de alta necesidad y demanda, mediante transacciones con sobreprecio o fraudulentas”.

Certificados falsos

En febrero pasado, dice, el Instituto Nacional de Migración informó que diversos laboratorios acreditados alertaron sobre la importancia de evitar “un mercado negro de certificados”, con resultados de COVID-19 negativos para viajeros que desean ingresar a Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa.

El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico denunció que en redes sociales ofrecen certificados falsos que ponen en peligro de contagio a viajeros que salen desde las 2 terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Falsificación y aplicación ilegal de una vacuna apócrifa contra el COVID-19

Aunado a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación y aplicación ilegal de una vacuna apócrifa contra el COVID-19 de Pfizer/Biontech, lo que representa un peligro para la salud al ser de dudosa procedencia.

Asimismo, agrega, la Cofepris informó sobre la venta ilegal, a través de páginas web falsas, de vacunas apócrifas.