La presidenta de la Comisión Especial de Prevención y Erradicación de la Pornografía y Abuso Sexual Infantil, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, afirmó que se impulsa una legislación para que los concesionarios de los servicios de Internet colaboren activamente en la identificación de estos delitos, sin afectar la privacidad de los usuarios, pero sirviendo de enlace con la policía cibernética, de manera correcta.

La prioridad de un marco jurídico de esta naturaleza, obedece a que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la emisión y producción de pornografía infantil, y las autoridades deben tomar en serio este tema, con la promoción de campañas que realmente incidan en combatirla, “porque no es sencillo seguirle la pista a una persona que genera pornografía infantil o abuso sexual a partir de la computadora”, abundó.

El objetivo de esta nueva legislación es tipificar los delitos de pornografía y abuso sexual, debido a que no todos los códigos penales estatales los identifican así. Es decir, apuntó, se dificulta la forma para comprobar el delito, diluyendo el impacto de las normas, ya que permite escapes y salidas para los delincuentes.

Con un nuevo marco jurídico, los estados deberán armonizar sus códigos penales para tener más herramientas para prevenir estos ilícitos, estimó.

Martínez Guzmán subrayó que cada vez son más las páginas de Internet que contienen material pornográfico que vincula la violencia con la sexualidad. Lo preocupante es la facilidad con la que pueden acceder a ellos los infantes por la falta de vigilancia de sus padres, quienes salen de los hogares para trabajar.

“Se calcula que el 65% de los niños menores de 12 años pueden acceder a Internet sin la supervisión de un adulto y más del 85% lo hace entre edades de 12 a 18 años, generando un grave riesgo”, destacó.

Consideró que existe mucha facilidad para ingresar a contenidos cibernéticos nocivos para el desarrollo de los menores por la inmadurez propia de su edad, generándoles una visión equivocada de la sexualidad y cómo puede ser vivida.

En esos contenidos, agresivos y promotores de conductas dañinas, se encuentra todo un sistema de corrupción bien instalado, manejado por personas que engañan y enganchan a los menores, convirtiéndolos en víctimas de esos ilícitos.

Los integrantes de la Comisión Especial presentaron esta iniciativa a finales de noviembre pasado y fue turnada a la Comisión de Comunicaciones.

Martínez Guzmán sostuvo que “estamos dialogando para que no se atrase el proceso legislativo de análisis y evaluación de esta propuesta, porque se trabajó en ella por más de un año, al recabarse propuestas de la sociedad civil, de proveedores de Internet y de la policía cibernética, para asegurarnos que realmente funcione esa ley y abone a combatir estas faltas”.

Además, se tuvieron reuniones con funcionarios de diferentes dependencias con injerencia en el tema; no es sencillo seguir la pista y comprobar estos delitos, además en los últimos 10 años las herramientas han mejorado mucho. “Eso es lo que queremos que ocurra a nivel federal, para que, en colaboración con la iniciativa privada y los padres de familia, los niños estén más seguros”.

Refirió que se solicitó apoyo a los concesionarios de Internet, quienes han desarrollado programas para identificar la incidencia de estos ilícitos en contra de la infancia, sin implicar un costo adicional a lo que realizan. “Se han comprometido y responsabilizado a ser coadyuvantes en la persecución de un posible delito, en estricto apego a lo que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.