La Ley de Amnistía abre el camino a la reconsideración del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, incluido en el Artículo 19 de la Constitución, coincidieron las senadoras Patricia Mercado Castro, y Citlalli Hernández Mora, al participar en el Conversatorio virtual ¿Qué se aprobó con la Ley de Amnistía?, organizado por la Red Regulación por la Paz.

La senadora dijo que el reto es conectar la Ley de Amnistía a los nuevos delitos contenidos en dicho artículo constitucional. Explicó que no se realizaron cambios al dictamen ante la urgencia sanitaria por la pandemia provocada por el COVID-19, para la despresurización de las cárceles a fin de evitar focos de contagio, pues tendría que regresarse a la Cámara de Diputados.

Durante su participación, refirió que esta nueva norma también hace relevante la inminente regulación no punitiva del cannabis, apuntando hacia un cambio en la política de las drogas y, al mismo tiempo, reconoció que se pone en el centro de atención el hecho de que las cárceles no cumplen con su función social.

Mercado Castro cuestionó qué tipo de sociedad queremos ser, porque la búsqueda de paz y justicia no se resolverá mandando a la gente a prisión, pues se sabe que ese no es el camino. Ahora, puntualizó, el Congreso centra el foco en la despenalización del aborto y en el tema de la política de reinserción.

En este sentido, consideró que lo más importante es que las personas liberadas no reincidan, “es una falla de Estado no tener políticas de reinserción”, por lo que debe existir un programa de apoyo económico, de empleo y de reintegración con sus familias. Precisó que, de acuerdo con “Equis Justicia para mujeres”, saldrán de prisión más de 4 mil personas a nivel federal.

Por su parte, la senadora Citlalli Hernández indicó que en las siguientes semanas quedará ya instalada la Comisión que evaluará e integrará los casos que ameriten la amnistía.

Es importante, apuntó, que puedan llevar los asuntos no sólo la Comisión, sino también los familiares y las organizaciones de la sociedad civil, quienes ya tienen proyectos para presentarlos a la Secretaría de Gobernación para su desahogo.

Actualmente, dijo, por la pandemia de COVID-19, hay personas en situación de riesgo que se encuentran encarceladas y el Estado Mexicano reconoce esa vulnerabilidad y las injusticias que viven, por ello, se aprobó la Ley para liberarlas y darles nuevas oportunidades de vida.

En la plática virtual, la legisladora reconoció que después de este asentimiento tendría que aprobarse el aborto. “Ya no hay vuelta atrás, porque no podemos ser incongruentes como parte del Estado en liberar a personas que no tendrían que estar presas por abortar”, nunca más una mujer que decida sobre su cuerpo estará en prisión, subrayó.

Recordó que el Ejecutivo puso sobre la mesa una serie de injusticias que se viven en diversas prisiones del país. Y ese fue el punto de partida en el cual la sociedad mexicana, las organizaciones civiles y los actores políticos están apoyando. A nosotros, abundó, nos toca seguir uniendo esfuerzos para que la justicia social sea un hecho.

Hernández Mora señaló que el nuevo ordenamiento legal tiene 7 antecedentes históricos que van desde la “Guerra Sucia” al “Movimiento Zapatista”[.]