Legisladores del continente americano compartieron experiencias sobre igualdad de la mujer y destacaron que, a pesar de los avances que se han logrado para garantizar la paridad de género, aún persisten desafíos para alcanzarla en la realidad.

El encuentro, inaugurado por el senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien subrayó que en la reciente reforma político-electoral, el Congreso de la Unión estableció en la Constitución que el 50% de las candidaturas sean para las mujeres.

Reconoció que estos logros no son suficientemente rápidos como se quisiera, por lo que la tarea de los congresos y las autoridades es generar marcos jurídicos y políticas públicas, que permitan solucionar los problemas que provocan vulnerabilidad en las mujeres.

Consideró fundamentales los trabajos entre parlamentos, ya que ayudarán a construir un mejor futuro para este sector en el continente americano.

La senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y organizadora del encuentro, expresó que a 11 años de la fundación del Grupo de Mujeres Parlamentarias, se han logrado importantes avances en distintos ámbitos de la vida pública y superado diversos desafíos que limitan sus posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Destacó que según la Unión Interparlamentaria, en las Américas las mujeres tienen más presencia en los parlamentos, con un promedio de casi 26%, con lo que superan el 25% de los países europeos.

Enfatizó: somos conscientes que el objetivo de lograr la igualdad efectiva de género excede el ámbito exclusivo de la participación política, pues busca la integración del pleno derecho de las mujeres a la vida social y económica de nuestras sociedades.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, advirtió que un factor esencial para alcanzar este objetivo es facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral y que sus ingresos sean iguales a los del género masculino.

Las actitudes y prácticas discriminatorias, las responsabilidades que se cargan con mayor énfasis en la mujer en la crianza de los hijos, el elevado costo que supone aspirar a cargos públicos y mantenerse en ellos, dijo, son factores que al final las disuaden de ocupar encargos políticos.

Maricela Velázquez Sánchez, legisladora y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, manifestó que las diferentes legislaturas deben ser un instrumento de movilidad que permita la construcción de un nuevo pacto social, donde las mujeres sean parte fundamental.

Lamentablemente –apuntó– la violencia hacia este sector de la población sigue presente en hogares, escuelas, centros de trabajo, calles e instituciones públicas y, por ello, se debe combatir la desigualdad, exclusión y discriminación que se reproduce en las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

En su oportunidad, Randy Hoback, miembro del Parlamento de Canadá y presidente de ParlAméricas, explicó que este encuentro permite compartir experiencias y puntos de vista sobre cómo impulsar la participación de las mujeres del hemisferio en cada uno de sus países.

Jennifer Simons, presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias, dijo que la igualdad formal es un concepto fundamental, ya que busca remediar algunas de las formas más explícitas de discriminación contra la mujer.

Logros en relación a la garantía de la igualdad: experiencias en la promoción de legislación y de programas que benefician a las mujeres

En esta mesa de trabajo se relataron las experiencias de sus países en materia de promoción de los derechos de la mujer la senadora de Uruguay, Constanza Moreira; la senadora de Jamaica, Imani Duncan-Price; la senadora de Canadá, Suzanne Fortin-Duplessis, y la diputada de El Salvador, Margarita Escobar.

En su participación, la senadora Luz María Beristain, destacó que la peor forma de violencia hacia las mujeres es la pobreza, que les impide el acceso a la educación y a los espacios públicos de poder donde se toman las decisiones que afectan su vida.

Las mujeres “tenemos que aspirar a tener el poder en nuestras manos, a gobernar para poder reencauzar y redirigir las políticas públicas de nuestros países hacia la igualdad de género, hacia el goce universal de todos esos derechos sociales y humanos”, manifestó.

La doctora en Ciencias Sociales, Teresa Incháustegui Romero, apuntó que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas, es el instrumento más importante en materia de derechos humanos de las mujeres, ya que ha permitido incorporar en las constituciones de los países signatarios el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

No obstante, dijo, existe una tarea para las legisladoras en términos de armonización de las constituciones con los códigos de familia, civiles, penales, laborales y comerciales. Instancias como ParlAmericas les permiten compartir experiencias, buenas prácticas y consolidar los derechos de las mujeres a través del anclaje legislativo.

Hay países que han firmado las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero no las han bajado a sus legislaciones ni a sus políticas públicas. De esta forma, afirmó que en la región existe una brecha de 25% entre el salario de mujeres y hombres por realizar el mismo tipo de trabajo, incluso teniendo la misma formación educativa.

En el caso de México, Incháustegui Romero señaló que las mujeres ocupan únicamente el 12.5% de las secretarías de Estado, el 16.6% de las subsecretarías y el 19% de puestos directivos. Mientras tanto, en el Instituto Nacional Electoral sólo el 25% de los consejeros son mujeres y en el Consejo de la Judicatura Federal no hay una sola mujer.

Recordó que recientemente se reformó el artículo 26 constitucional para obligar a que toda planeación nacional, estatal y municipal y todos los programas institucionales tengan perspectiva de género. Asimismo, se reformó el artículo 1º para reconocer el nivel constitucional de los derechos humanos previstos en tratados internacionales y convenciones, celebrados por el Estado mexicano.

El Plan Nacional de Desarrollo planteó la igualdad de género como un eje transversal para todos los sectores, con metas e indicadores de seguimiento. En este sexenio se ha observado un incremento de 50% en el gasto público dedicado a mujeres, alcanzando los 22 mil millones de pesos.