El Senado de la República incorporó en la Ley General de Salud a la optometría como una de las actividades profesionales que requieren, para su ejercicio, de títulos o certificados de especialización expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
En el dictamen aprobado se menciona que la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, dio a conocer que en el país 43.24% de la población requiere de servicios optométricos.
Se destaca que 20% de la población en edad escolar presenta problemas visuales, mientras que en los mayores de 45 años la cifra es de 100%.
Asimismo, se indica que en México existen 15 universidades que imparten la licenciatura en optometría y existen actualmente 4 mil licenciados en esta especialidad.
No obstante, los legisladores consideraron fundamental impulsar la preparación de optometristas, pues quienes ejercen dicha actividad deben tener la preparación profesional y ética, a fin de evitar que los pacientes se encuentren vulnerables, ante una posible mala atención que afecte el futuro de su visión.
Derivado de una mala atención, advierten, los pacientes pueden perder la visión porque fueron mal diagnosticados en enfermedades oculares o generales como el glaucoma, tumores, diabetes, cataratas, degeneraciones maculares, hipertensiones arteriales, entre otras.
Al presentar el dictamen, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud, comentó que en México se requieren aproximadamente de 12 mil optometristas para satisfacer las necesidades de la población.
La senadora Hilda Flores Escalera, refirió que en 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la segunda discapacidad más recurrente en Méxici era la visual, por lo que es urgente la necesidad de profesionalizar los servicios requeridos por la ciudadana en el área de salud visual.
En tanto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, expresó que esta profesión debe adecuarse a los nuevos desafíos del siglo y desempeñar sus capacidades con base en los estándares internacionales.
Su compañero de bancada, el senador Fernando Mayans Canabal mencionó que es fundamental exigir a quienes prestan servicios en salud que tengan certificados debidamente reglamentados, a fin de evitar casos de negligencia o fraudes.
El documento se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales