Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 12 de febrero del 2015 por 348 votos reformas al artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de armonizar este ordenamiento con el artículo 1 de la Constitución Política.
El cambio establece que «Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades«.
Al respecto, la diputada Elvia María Pérez Escalante, quien fundamentó la propuesta, expresó que el propósito es proteger los derechos humanos de las personas adultas mayores en lo relativo a su condición y circunstancias personales. Su edad es utilizada para darles un trato discriminatorio por parte de quienes forman parte de su entorno social.
“En México existían 10.1 millones de adultos mayores en el 2010, cifra que representa el 9.66% del total de la población; de ésta el 27.9%, como lo señala el Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, piensa que la edad ha sido motivo para que no se les respeten sus derechos”, refirió.
Agregó que este grupo poblacional enfrenta discriminación en lo laboral y en salud, e incluso por condiciones de incapacidad, por lo que es importante garantizar y protegerlos de todo aquello que atente contra su dignidad.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez señaló que 16 de cada 100 adultos mayores, es decir, cerca de 1.7 millones de ancianos son víctimas de violencia física y psicológica; el 40% de ellos la padece dentro de sus propios hogares.
“Una de las principales causas de esta situación es la intolerancia y la visión negativa que se tiene de la vejez, pues dentro de nuestra sociedad existe la falsa idea de que aquellos que llegan a la edad adulta se convierten en una de las cargas de familia”, lamentó.
Por su parte, el diputado José Angelino Caamal Mena, apuntó que prevalecen prácticas de discriminación de las personas de la tercera edad que los excluyen de las políticas y beneficios de la acción gubernamental, además de que se atenta contra sus derechos humanos.
“La exclusión que sufren las personas adultas, muestra la incongruencia entre lo que pensamos como sociedad y lo que se dice en los medios de comunicación, y al final lo que hacen las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán aseguró que es fundamental erradicar los tratos discriminatorios que sufre este grupo de la población, principalmente por parte de los servicios públicos e instituciones que “en teoría” deben procurar su seguridad y bienestar.
“Es necesario avanzar en la consolidación del marco institucional de protección a los adultos mayores, pues nuestro país camina rápidamente al envejecimiento de la población”, dijo.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal destacó que en México las personas de 60 años o más, representan el 9.7% del total de la población, o sea, 11.7 millones que conforman el 33.7% de la participación económica.
“Muchos terminan, lamentablemente y lo vemos a diario, viviendo en las calles, volviéndose vagabundos, juntando cartones, latas y diversos materiales que puedan vender para poder subsistir, sin contar con un servicio de salud y llevando una vida sumamente precaria”, reconoció la legisladora.
El diputado Federico González Luna Bueno afirmó que para 2028 tendremos alrededor de 20 millones de adultos mayores en nuestro país.
Indicó que datos del Coneval, de 2012, señalan que el 43% de los adultos mayores se encuentra en situación de pobreza; nueve de cada 10 consideran que es difícil conseguir algún empleo, en razón de su edad; seis de cada 10 los sostiene un familiar u otra persona; de los mismos, sólo 2.7 personas reciben pensión. De cada 100 hombres o mujeres adultos mayores, seis tienen una limitación para moverse, caminar o lo hacen con ayuda de algo.
La diputada Josefina Salinas Pérez, comentó que la discriminación a este sector se presenta en situaciones cotidianas, como son el maltrato, la violencia, el abandono, la exclusión. “Hay una pérdida de valores basada en estereotipos, donde los caracterizan por atributos negativos tales como la torpeza, la improductividad, la ineficiencia, la enfermedad y la decadencia general”, abundó.
“Es pertinente reiterar que en México está prohibida la discriminación motivada por la edad que, en ocasiones, es más alta la que se da por sexismo o racismo. Peor es el caso cuando además de ser adultos mayores son mujeres, indígenas o llegan a padecer alguna discapacidad, lo cual los expone en mayor grado a la marginación, exclusión, rechazo y hasta la violencia”, destacó.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas dijo que acuerdo con proyecciones con las que cuenta, para 2025 y 2050 la cifra de adultos mayores aumentará de 17.2 a 32.4 millones de personas.
“Los estereotipos equivocados los convierten en objeto permanente de abandono, de maltrato, de exclusión, de invisibilización y son víctimas permanentes de discriminación, y ello restringe el acceso a sus derechos”, comentó.
En su turno, la diputada Leticia Mejía García, declaró que a pesar de que se ha trabajado arduamente para erradicar la discriminación a través de diversas reformas, tanto a nivel constitucional como en una ley específica, esto no ha sido suficiente para evitarlo.
“Los adultos mayores no sólo son segregados por su edad, sino que pueden ser víctimas de una discriminación agravada, es decir, por factores como ser indígena o tener una discapacidad”, alertó.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, precisó que sólo el 26% de los 10 millones de adultos mayores del país cuenta con debida pensión o jubilación.
