Se modificaron los artículos 18 y 73 constitucionales para obligar a las entidades federativas a que inserten este modelo en cada uno de sus territorios. La reforma, que fue avalada por 20 estados, especifica que el proceso penal para este sector de la población será acusatorio y oral.
[/media-credit] La reforma, que fue avalada por 20 estados, especifica que el proceso penal para este sector de la población será acusatorio y oral.
- Aguascalientes
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Estado de México
- Michoacán
- Nayarit
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Veracruz
- Zacatecas
- Puebla
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El senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Comisión Permanente, dijo que la Presidencia de esta instancia legislativa seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este proyecto de decreto, que se integrarán al expediente.
En el artículo 18 se especifica que las entidades federativas deberán establecer un sistema integral de justicia para adolescentes, entre 12 y 18 años de edad, que hayan delinquido, para que éste garantice sus derechos mediante la asistencia social.
Especifica que el proceso de justicia para este sector de la población será acusatorio y oral, y las medidas impuestas deben tener como finalidad la reinserción social de los menores infractores.
La reforma al artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, a escala nacional en el orden federal y fuero común.
Entre los cambios se establece que este sistema será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Precisa que el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
Señala que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades, precisa.
Al respecto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, señaló que en el próximo periodo ordinario de sesiones, se deberá garantizar la creación de una ley nacional que unifique un sistema de justicia para menores, porque actualmente se encuentra disperso y, en algunos casos, hasta es contradictorio con el artículo 18 constitucional.
Subrayó que también se tendrán que unificar las sanciones de privación de libertad, las medidas alternativas a ésta, la responsabilidad de la asistencia social con los menores de 12 años, y cómo tiene que trabajar el Estado para resarcir los derechos de los adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
La diputada Lilia Aguilar Gil dijo que con esta reforma se propicia el fortalecimiento jurídico para que se respeten los derechos humanos de adolescentes y niños menores de edad en situaciones de conflicto; y reconoció que se abre la discusión y se avanza a la modernidad.
El senador Arturo Zamora Jiménez, destacó que el sistema penal entra a una etapa totalmente diferente, pues la Ley de justicia para adolescentes establece la prevención de la comisión de delitos por menores de edad, bajo una óptica de trabajo social y familiar.
En los siguientes 180 días, como lo establecen los artículos transitorios, acotó, las entidades federativas y el Distrito Federal deberán armonizar sus normas para garantizar los valores tutelados en la propia norma penal, como son la vida, la libertad y el patrimonio, que sean transgredidos por conductas imprudentes o intencionales de los menores, cuyos derechos humanos tendrán que ser protegidos.
