La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena, planteó exhortar al gobierno de Chihuahua a que, de manera urgente, atienda las recomendaciones del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de incluir en sus códigos de procedimientos civiles y familiares la perspectiva de género.

La legisladora expuso que a un año de que el Congreso de Chihuahua -en un proceso sin la legitimación de la sociedad civil- aprobara el Código de Procedimientos Civil y Familiar, el órgano legislativo estatal no ha modificado este ordenamiento, para integrar la perspectiva de género, como ha denunciado el Movimiento de Mujeres.

La omisión genera un impacto negativo en el acceso a la justicia para las mujeres, ya que prioriza la conciliación, sin distinguir los casos de violencia familiar, lo cual es contrario a diversos estándares internacionales relacionados con los derechos humanos y se contraviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este ordenamiento incluye el desahogo de todas las pruebas sin protección; por ejemplo, la confesional para mujeres, niñas y niños en casos de violencia familiar.

Agregó que lo mismo ocurre con la temporalidad de los juicios: al igual que el Código de Procedimientos Civiles aprobado, la propuesta de duración de los juicios será de 10 a 40 días (Art. 220), lo cual no toma en cuenta el ciclo de la violencia que viven las mujeres.

Mientras, en materia pericial se tiene la posibilidad en las pruebas psicológicas de niñas y mujeres que han sufrido de violencia que se les victimice; esto contribuye a que el ordenamiento sea menos garantista.

Ante estas anomalías, Mícher Camarena solicitó enmendar los errores de ambos códigos con la participación del Movimiento de Mujeres y representantes del INMUJERES, la CONAVIM y atender las observaciones del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, respecto a incorporar la perspectiva de género.

Llevar a cabo estas recomendaciones permitirá terminar con una situación adversa en que se encuentran las mujeres en materia de acceso a la justicia, así como el estado de riesgo latente, pues dichos ordenamientos las colocan en mayor vulnerabilidad frente a las instituciones estatales responsables de la procuración, administración e impartición de justicia.

“El gobierno estatal debe dejar de ser omiso en cuanto a la aplicación e interpretación conforme al marco jurídico internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y atender con prontitud estas recomendaciones”, sostuvo la legisladora. El exhorto fue enviado a la Segunda Comisión de la Permanente.