Senadoras de la República y diputadas federales reconocieron los avances para alcanzar la igualdad entre los géneros, pero señalaron que persiste una violencia en contra de ellas que restringe sus derechos y su desarrollo político, económico y social.
En la mesa de análisis “El empoderamiento de las mujeres en México, en el marco de la Agenda 2030 de la ONU”, senadoras y diputadas urgieron a establecer una agenda común entre la sociedad civil y las instancias de gobierno, así como “aprovechar el bono legislativo” que representa el género femenino en el Congreso para aprobar las leyes y las reformas que hacen falta para lograr una igualdad sustantiva.
En la inauguración de encuentro, la senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, reconoció los avances en materia de paridad legal, “pero todavía tenemos el problema de la violencia política de género, que todavía no legislamos”.
La legisladora asentó que el empoderamiento para las mujeres ha sido un concepto a veces pensado solamente en el terreno político, no obstante, tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, habilidades, capacidades y derechos inherentes a toda persona en los ámbitos económico y social.
Consideró indispensable establecer una agenda común a través de la cual la sociedad civil y las instancias de gobierno actúen para alcanzar esa igualdad real, efectiva y sustantiva, que desde 1974 nuestro país inscribió en la Constitución.
“Es importante que como sociedad reconozcamos que hoy líderes diversos del mundo se han comprometido este año para cumplir estos objetivos de desarrollo en materia de igualdad. Y ha sido también el Presidente de México, quien se ha comprometido con estas metas”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, consideró que una condición necesaria para el empoderamiento de las mujeres es erradicar las distintas manifestaciones de la violencia que sufren las mujeres todos los días.
Dijo que la violencia física y moral que persiste en México les niega a ellas el reconocimiento de su dignidad, de ser sujetos de derechos y esto implica considerarlas sólo en función de un rol: la mujer como madre, esposa, hija, ama de casa, pareja sexual.
En México, agregó, se ha avanzado notablemente en el acceso y participación de las mujeres en el ámbito político, pero también “somos un caso de estudio en feminicidios” y de violencia política en su contra, por lo que es necesario romper tabúes, paradigmas y prejuicios para que desde el Senado de la República se pueda generar un precedente y dar una respuesta clara y contundente a casos como el de una magistrada de San Luis Potosí que se enfrentó a este tipo de problemas.
Se trata, dijo, de crear instituciones para defenderlas, protegerlas, garantizar sus derechos y corregir la situación que viven muchas mujeres de todas las edades en núcleos urbanos, campesinos y en distintas partes de México.
La igualdad entre los géneros no se puede medir de manera abstracta porque se refiere a temas concretos como oportunidades y derechos, no es simplemente compensar las diferencias sino asegurar que en cada espacio en el que una mujer interactúe se le trate de la misma manera, se le abran los espacios, se le compensen las desigualdades históricas que han persistido en la interacción social.
Para la senadora Martha Tagle Martínez las acciones de violencia política en contra de las mujeres son cada vez más evidentes y se expresan amenazas, chantajes e intimidaciones para que no participen en el ámbito político.
Señaló que el acceso de las mujeres a los cargos de decisión a nivel municipal es uno de los grandes retos para avanzar en la igualdad entre los géneros, pues en este nivel de gobierno existen “muchas presidentas municipales que están siendo obligadas a renunciar para que sean hombres” los que desempeñen esa función.
Dijo que los partidos políticos es otro de los espacios en el que existen resistencias porque la gran mayoría de los puestos de dirección en estos institutos están ocupados por personas del género masculino y son ellos quienes deciden las candidaturas y los cargos.
En este sentido, agregó, se requiere impulsar una democracia paritaria al interior de los partidos políticos con el propósito de combatir una visión patrimonialista del poder público. En este contexto, asentó, la solución es aprovechar “el bono legislativo que representan las mujeres” para impulsar las leyes y las reformas que hacen falta.
La diputada Carolina Monroy del Mazo, expresó que las mujeres deben participar en el Congreso, ser parte de los gabinetes de gobierno y de las administraciones locales, pero únicamente 9.2% de los municipios de México son encabezados por una de ellas.
Comentó que es necesario avanzar en el desmantelamiento de la infraestructura de la violencia de género, así como impulsar el acceso de las mujeres a los gobiernos locales y el combate de la estructura cultural que genera este fenómeno.
Artemisa Montes Sylvan, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, destacó que aún existen barreras estructurales que impiden que las mujeres participen en la vida política y pública del país, y que mantienen fenómenos como la discriminación.
María de la Paz López Barajas, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que el andamiaje normativo que se ha construido en esta materia es la ruta correcta para sustentar una política pública a favor de las mujeres, pero el gran desafío es su implementación.
Guadalupe Gómez Maganda, titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, insistió en legislar en torno a la violencia de género en la política, porque los partidos políticos tienen que ampliar las oportunidades para las mujeres.
